LIMA.- El ex alcalde de Lima Alberto Andrade rechazó hoy la decisión de un tribunal peruano de declarar prescrito el proceso por presunto tráfico de influencias contra la empresa chilena Lucchetti, y anticipó que el Perú puede enfrentar una demanda millonaria por parte de la firma beneficiada con ese fallo.
"Esto nos va a traer una indemnización de 200 millones de dólares que vamos a tener que enfrentar en los tribunales internacionales a través del Estado peruano. Vamos debilitados con esta sentencia que no debió producirse porque la Corte Suprema no era competente para ver este caso, puesto que ya se había votado el trámite de la doble instancia", afirmó Andrade.
La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, presidida por el cuestionado magistrado Robinson González, anunció el sábado la prescrición del proceso, por considerar que en marzo pasado se cumplieron seis años de que los empresarios chilenos Andrónico Luksic, Gonzalo Meléndez y Luis Pacheco cometieran el supuesto delito.
El caso, que tensionó en su momento las relaciones chileno-peruanas y tuvo implicaciones en la política interna del Perú, se dio en la década pasada, cuando Lucchetti, fábrica de fideos de propiedad del conglomerado financiero chileno Luksic, contruyó una planta en una zona ecológica vedada de Lima, por lo que la alcaldía, entonces a cargo de Andrade, inició acciones en contra.
Lucchetti, para enfrentar el proceso, buscó al entonces poderoso asesor presidencial peruano Vladimiro Montesinos, que se comprometió a ayudarlos con base en el control que tenía el régimen fujimorista sobre el aparato judicial, lo que según la acusación configuraba el delito de tráfico de influencias.
Las tratativas de los ejecutivos chilenos quedaron plasmadas en videos grabados por el propio Montesinos, en los que se escucha como éste interviene en el problema porque así perjudicaba a Andrade, en ese momento el más duro opositor al presidente Alberto Fujimori.
Los procesos fueron entonces favorables a Luccetti, pero todo cambió con la caída del régimen fujimorista, tras lo cual se le dio la razón a la alcaldía y se procedió al cierre de la planta.
"Es una lástima que existan tantos filipillos (traidores) aquí, que están siempre en contra de todos los peruanos", afirmó Andrade en referencia al fallo de la Sala presidida por González, a quien medios periodísticos acusan de ser un juez al servicio de la "mafia" que operó en la década pasada en el Perú.
