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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 14:29
LIMA.- Miles de personas, con fotos de víctimas de una guerra entre fuerzas de seguridad y rebeldes en Perú, marcharon el viernes por Lima en apoyo a la pena de muerte por terrorismo, planteada por el Presidente Alan García.
Los manifestantes llegaron al Palacio de Justicia, al Congreso y hasta el Palacio de Gobierno, donde entregaron una carta a García, quien promueve la pena de muerte pese al rechazo de la oposición y de algunos ministros de su gobierno.
García, quien se define como un socialdemócrata y que gobierna por segunda vez el país, planteó el último fin de semana modificar la Constitución de Perú para aplicar la pena de muerte para quienes comentan el delito de terrorismo o violen y maten a niños, lo que encendió una polémica en el país.
El Congreso rechazó a inicios de enero una primera iniciativa para aplicar la pena de muerte.
"Somos 5.000 personas que estamos marchando en respaldo a la pena de muerte para los terroristas", dijo Mercedes Carrasco, presidenta de la asociación de familiares de víctimas del terrorismo, antes de ingresar al Palacio de Gobierno.
La pena de muerte para casos de terrorismo y violación de niños fue promesa de campaña de García y, según un sondeo de la firma Apoyo realizado el año pasado, un 72 por ciento respalda la medida.
Perú sufrió desde 1980 los ataques de la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso, en una guerra interna que junto a las acciones del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y de las fuerzas del orden dejó alrededor de 69.000 muertos y desaparecidos.
La guerrilla disminuyó su violencia tras la captura de su líder Abimael Guzmán en 1992, pero actúa esporádicamente, sobre todo en la selva peruana.
En la manifestación, los familiares de las víctimas del terrorismo mostraron también su rechazo a la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de un grupo de rebeldes peruanos muertos durante un motín en 1992.
La CIDH ordenó al estado peruano indemnizar y ofrecer disculpas públicas por la muerte de 41 rebeldes tras una incursión militar que sofocó el motín en una prisión, lo que fue rechazado por el gobierno de García.
