TORONTO.- El Tribunal Supremo de Canadá decidió este viernes legalizar que los médicos puedan ayudar a morir a pacientes en estado terminal y dio un plazo de un año a las autoridades para enmendar la normativa.
La decisión supone un giro de 180 grados frente a la que la misma corte tomó en 1993, cuando rechazó la demanda de Sue Rodríguez, una mujer que se encontraba en estado terminal y que reclamaba que se le permitiera el suicidio asistido.
Los nueve jueces del Tribunal Supremo, máxima autoridad judicial de Canadá, han votado a favor de revertir la decisión de 1993 y han firmado de forma conjunta el fallo, lo que los expertos legales afirman que es inusual y tiene la intención de reforzar el consenso.
El ministro de Justicia del gobierno conservador, Peter MacKay, dijo que "este es un tema delicado para muchos canadienses, con creencias muy arraigadas en ambos lados", a través de un comunicado.
La decisión
Los jueces explican en su dictamen que no están de acuerdo en que "la formulación existencial del derecho a la vida requiere una absoluta prohibición a la muerte asistida o que los individuos no pueden 'renunciar' a su derecho a la vida".
"Esto crearía un 'deber a vivir' en vez de un 'derecho a la vida' y cuestionaría la legalidad de cualquier consentimiento a la retirada o negativa de tratamientos para salvar vidas o mantener la vida", añade el Tribunal Supremo.
La revisión de la prohibición al suicidio asistido médico es consecuencia de las demandas presentadas por dos mujeres, Kathleen Carty y Gloria Taylor, que sufrían enfermedades crónicas degenerativas.
Carter murió en 2010 en una clínica suiza que practica suicidios asistidos, mientras que Taylor falleció en 2012 a causa de una infección. Pero antes de morir ambas recurrieron a los tribunales, lo que inició el proceso judicial que terminó este viernes.
Rechazo del gobierno
El diputado conservador Steven Fletcher, que es tetrapléjico desde 1996 y ha roto la disciplina de su partido al declararse a favor de la legalización del suicidio asistido, recordó hoy que las encuestas señalan que el 85% de la población apoya el fin de la prohibición.
Fletcher también expresó su temor a que el gobierno del primer ministro Stephen Harper decida utilizar la decisión del Supremo canadiense con fines electorales y no actúe para cambiar las leyes hasta la disolución del Parlamento.
En el pasado, Harper utilizó cuestiones conflictivas, como la obligatoriedad de un registro de las armas largas, a la que se oponían los grupos conservadores, para recaudar millones de dólares entre sus partidarios, algo que los que respaldan la eutanasia temen que se podría repetir.
Está previsto que Canadá celebre elecciones generales en octubre de este año y algunos analistas han señalado que un sector del gobernante Partido Conservador quiere que Harper utilice el poder de veto que la Constitución canadiense otorga al primer ministro para rechazar la decisión del Tribunal Supremo.
