SANTIAGO.- Una serie de dificultades e incumplimientos -luego de 15 meses de la privatización de Esval-, que van desde alzas tarifarias desmedidas hasta la exoneración de casi un 50 por ciento de trabajadores, denunció el presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Carlos Ominami (PS).
El parlamentario exigió que a la brevedad el Gobierno evalúe esta situación para que tome conocimiento de este tipo de procesos en las empresas sanitarias, "ya que deben ser objeto de muchos resguardos previos", demandó.
Aunque no quiso referirse a posibles paralizaciones de los actuales procesos de privatización, Ominami insistió en que el Gobierno debe realizar una evaluación rigurosa y profunda de lo ocurrido en 15 meses, tanto en lo tarifario como el cumplimiento de programas de inversión, entre otros aspectos.
El parlamentario explicó que esta situación confirma sus aprensiones en cuanto a las dificultades que se iban a manifestar con la privatización de Esval.
Sostuvo que en promedio se han registrado alzas tarifarias de un 22 por ciento, "donde en varias localidades de la Quinta región el incremento superó este procentaje", dijo.
Además, sostuvo, existen denuncias sobre el deterioro de la calidad del servicio, y que consiste en la atención del personal, calidad del agua y regularidad del suministro, entre otros factores.
Aseguró que antes de la privatización la empresa tenía 884 trabajados, "luego de concluído el proceso con la venta de la sanitaria, actualmente la dotación sólo alcanza a 465 empleados". Hizo ver que este hecho ha provocado un debilitamiento importante de la organización sindical.
RESPONDE CORFO
El representante del Sistema de Administración de Empresas del Estado (SAE), dependiente de la Corfo, Felipe Sandoval, rechazó las críticas del senador Ominami en cuanto a dificultades con la privatización de Esval, para lo que valoró el proceso de enajenación de activos por parte del Gobierno.
El personero argumentó que las declaraciones del parlamentario no se condicen, si se toma en cuenta que el proceso de venta se ejecutó a través de una licitación a la cual llegaron cuatro postulantes, "entregándose la compañía a la mejor oferta existente, y muy superior al valor libro y al precio mínimo fijado en su momento", afirmó.
Aseguró que de acuerdo a sus cálculos, el retorno que le entregaría al Fisco las sanitarias -si sigueran en manos del Gobierno- sería mucho menor a los flujos que obtendrán gracias a los dividendos por el porcentaje actual que poseen sumado al precio que recibió el Estado al vender el control.
No obstante, Sandoval reconoció que "obviamente el precio de transacción es un valor que nos hubiera gustado tener", indicó.
