SANTIAGO.- El diputado de la DC Zarko Luksic denunció que actualmente existen contratos entre municipalidades y empresas concesionarias de fotorradades "para cancelar determinados montos por parte sacado" vía este sistema.
Puntualizó que la Municipalidad de Talagante estaría por firmar un contrato de estas características con un pago de 5 mil pesos y que ya otras comunas, como Independencia y Nogales, también habrían caído en la misma situación.
Asimismo, afirmó que, a poco tiempo de entrar en vigencia, los fotorradares "están en una situación crítica" debido a que "son utilizados para financiar los municipios" y aseguró que en el funcionamiento de éstos se cometen "graves faltas" al debido proceso en la sanción de infracciones al tránsito.
En ese sentido, llamó al Ministerio de Transportes a "que establezca el imperio del derecho y que se cumpla las normas legales", además, de elaborar una mejor reglamentación del uso de los fotorradares debido a que se está cayendo en "una fragante ilegalidad" y se está atentando contra el espíritu de la Ley, que es evitar los accidentes de tránsito.
Por ello, informó que pidió a la Contraloría General de la República una investigación de todos los contratos entre municipios del país y empresas concesionarias.
El parlamentario también dijo que en la aplicación de partes vía fotorradar se comente una serie de irregularidades y acotó, a modo de ejemplo, que en las intersecciones de Balmaceda-Ricardo Cumming, Nataniel-Avenida Matta y Curicó-Carmen ha comprobado, personalmente, la falta de un inspector municipal como "ministro de fe que acredite en el acto la infracción".
"Aquí mucha gente está interesada. Los municipios están interesados porque necesitan plata y las concesionarias ganan mucho dinero", aseguró.
En ese sentido, el presidente de la Agrupación de Automovilistas de Chile (Adach), Cristián Araya, afirmó que existe una "especie de negocio" en la implementación del sistema de fotorradares.
Agregó que "no puede ser que exista un incentivo por parte de la Municipalidad para poder captar recursos".
Señaló que la Adiach está elaborando un informe para establecer las razones de la instalación de este sistema, en la que no se descartaría el interés económico de las empresas y los municipios.
En tanto, los magistrados del Tercer y Cuarto Juzgado de Policía Local, Miguel González y Héctor Jerez, señalaron a ORBE que existe una serie de vacíos legales en la aplicación de las nuevas normativas que amparan este nuevo sistema de control de infracciones.
Explicaron que muchas veces se cae en la impunidad del infractor y en la falta del debido proceso debido a que el "fotorradar no identifica personas, sólo los registros de los automóviles".
Precisaron que por ello se inician procesos en contra de los dueños de los vehículos y no con el verdadero infractor.
