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Caso Cóndor: Juez Guzmán procesa a Pinochet

El ministro en visita tomó la decisión a pesar de los exámenes médicos tomados al general (r) que sostenían que no estaba en condiciones de enfrentar un proceso.

13 de Diciembre de 2004 | 13:25 | Carolina Valenzuela, El Mercurio en Internet
Lea la resolución completa | Festejos en AFDD | Defensa: es ilegal

El procesamiento por Caravana
El 29 de enero de 2001, el ministro de fuero Juan Guzmán desechó los motivos de salud invocados por la defensa del entonces senador vitalicio Augusto Pinochet y lo procesó como autor de los 57 homicidios y 18 secuestros que estableció en la causa por las acciones de la delegación militar denominada "Caravana de la Muerte" que recorrió diversas ciudades del país en octubre de 1973.

En su resolución, el magistrado dispuso además la detención preventiva del ex Jefe del Estado en su domicilio de La Dehesa.

En aquella oportunidad Guzmán estimó que existían presunciones fundadas de que el ex Comandante en Jefe del Ejército sería autor de los delitos, al estar acreditado en la causa que envió como su delegado al general (r) Sergio Arellano Stark, y que la comitiva que éste encabezaba aparecía como responsable de 13 homicidios y 13 secuestros en Calama; 14 homicidios en Antofagasta; 13 homicidios y tres secuestros en Copiapó; 15 homicidios en La Serena, y dos secuestros y dos homicidios en Cauquenes.

En una parte importante del texto legal de 18 carillas de extensión, Guzmán se dedicó a fundamentar la convicción que adquirió en ese entonces acerca de la salud de Pinochet, fruto de los exámenes mentales y neurológicos que se le practicaron y de su propia observación al tomarle declaración.

En ese entonces el magistrado estimó que el cuadro de demencia vascular subcortical que presentaba el ex gobernante –diagnóstico bastante similar al actual- no constituía una causal de extinción de su responsabilidad penal, sino que un factor que disminuía la imputabilidad sin anularla.
SANTIAGO.- Tras más de dos meses de reflexión y estudio, y pese a que los resultados médicos sostenían que el general (r) Augusto Pinochet Ugarte no está en condiciones de enfrentar un debido proceso, el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia resolvió hoy encausarlo en el marco del caso Operación Cóndor.

El ministro explicó que Pinochet fue procesado como autor de nueve secuestros permanentes y del homicidio calificado del militante comunista Ruiter Correa Arce.

Además, el juez ordenó su detención inmediata la que se efectuará en su domicilio de La Dehesa, y afirmó que el retirado militar será notificado a la brevedad.


No obstante, el recurso de amparo que presentó la defensa del ex gobernante paralizó minutos después de que se conociera el procesamiento impidió que se materialice la detención, hasta que un tribunal se pronuncie al respecto.

La noticia fue dada a conocer poco antes de las 13:30 horas luego que la secretaria del tribunal firmara la resolución y quedara a disposición del público.

En ese momento el propio ministro Guzmán sostuvo que "se declaró apto mentalmente al general Pinochet para estar sujeto a un juicio criminal en Chile con todas sus etapas, declaraciones indagatorias, careos etcétera, y esta resolución tiene una segunda parte: se le somete a proceso como autor de nueve secuestros permanentes y un homicidio calificado".

La noticia fue conocida con revuelo por familiares de detenidos desaparecidos que habían llegado hasta el Palacio de los Tribunales para esperar la resolución.

Una vez conocida, el abogado querellante Eduardo Contreras sostuvo que esto "significa la culminación de un trabajo de muchos años, porque Operación Cóndor es sin duda el caso más emblemático por los alcances internacionales que tiene, por la clara impronta del dictador en todos los crímenes, porque como ha dicho Manuel Contreras, él estuvo presente desde el comienzo hasta dando luz verde a la reunión convocatoria para que se generara este pacto operativo".

El profesional agregó que "nos parece que esta larga espera se ha justificado y nosotros esperamos que esto dé lugar ahora a los pasos siguientes en el sentido que sea procesado también por el caso Prats, por el caso Riggs y por los tantos episodios que faltan. Además esperamos que se embarguen los bienes para que responda ante los perjudicados por sus delitos, y que permanezca largo tiempo en detención".


Guzmán había anunciado el 26 de noviembre pasado, día en que se reunió con el jefe de los peritos que examinaron al ex gobernante, que tomaría una resolución después del 8 de diciembre.

El último encuentro con los expertos tuvo por objeto reunir más antecedentes sobre el estado de salud del retirado militar, tema esencial para mejor resolver, "para no incurrir en errores en una resolución tan importante", como él mismo aseveró en la oportunidad.

A Pinochet se le atribuye responsabilidad en la desaparición de 19 opositores al régimen militar que encabezó, en el marco del mencionado operativo, que coordinó a las policías secretas del Cono Sur.

Guzmán estaba en condiciones de resolver sobre la situación procesal de Pinochet desde que el sábado 25 de septiembre pasado lo interrogó en su domicilio de La Dehesa.

Dicha diligencia pudo efectuarse luego de que el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago lo desaforara por segunda vez el 28 de mayo pasado, por 14 votos contra 9; decisión que fue ratificada por la Corte Suprema en julio por 9 votos contra 8.

Operación Cóndor

Como "Operación Cóndor" se denomina a la coordinación de los servicios de información de los regímenes militares del Cono Sur en la década de 1970, instancia en la que la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) tuvo un rol protagónico.

Según consigna el Informe Rettig, los países concertados en este sistema fueron Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. También se ha sumado a Bolivia, por datos posteriores.

Si bien en un primer momento la cooperación entre estos países para neutralizar a los opositores de las dictaduras de la época fue espontánea, en 1975 adquirió cierta formalidad con la convocatoria del entonces director de la DINA, general (r) Manuel Contreras, a sus pares en la región.

Contreras invitó a una reunión "estrictamente secreta", en Santiago, a sus pares de los servicios de inteligencia de Paraguay, Argentina, Bolivia y Brasil. Se denominó "Primer Encuentro de Trabajo de Inteligencia Nacional" y se realizó entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975.

La existencia de la Operación Cóndor fue detectada casualmente en una oficina policial del Palacio de Tribunales de Paraguay, en diversos documentos que se conocen como los "archivos del terror".

La iniciativa es investigada también por el juez español Baltazar Garzón y el magistrado argentino Rodolfo Canicoba.

En Chile, el juez Juan Guzmán encabeza la investigación desde 1998 cuando un grupo de abogados se querelló por la desaparición de 19 chilenos que fueron arrestados en los países vecinos desde 1973 en adelante.

Los otros conflictos judiciales de Pinochet

Actualmente el ex Comandante en Jefe del Ejército enfrenta diversos procesos judiciales.

Uno de ellos lo encabeza el ministro de fuero Sergio Muñoz, quien investiga el origen del patrimonio que Pinochet y su familia mantenían desde hace décadas en el Banco Riggs de Estados Unidos, y los delitos que pudieran estar relacionados con ese dinero.

La causa sigue en etapa indagatoria, y aún los querellantes no han solicitado el desafuero del ex gobernante.

Recientemente el retirado militar fue desaforado por 14 votos contra 9 por su presunta responsabilidad en la muerte del general (r) Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, ocurrida en Argentina el 30 de septiembre de 1974.

La solicitud de desafuero fue hecha por el ministro Alejandro Solís, quien debe esperar lo que resuelva la Corte Suprema para fijar un interrogatorio al ex gobernante u otras diligencias.

También a la espera de los resultados sobre la salud del ex gobernante está el ministro Raúl Rocha, quien instruye una millonaria demanda presentada contra Pinochet, por la familia de una víctima de su régimen.

El ex uniformado no se presentó a una audiencia fijada por Rocha aduciendo razones de salud. El magistrado debe decidir si lo cita o no nuevamente, antes de tomar una determinación.
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