Corte justifica toma de colegio y rechaza petición de sostenedor por desalojo

SANTIAGO.- Un enérgico debate se ha dado en estos días respecto a la idea del Gobierno de tipificar como un acto delictual las tomas en los colegios y establecimientos públicos a través de un proyecto de ley que fue enviado al Congreso.

Si bien esa situación tendrá que ser zanjada por los parlamentarios, lo cierto es que en la actualidad esa irrupción no es un ilícito y así quedó establecido en un fallo emanado desde la Corte de Apelaciones de Arica al cual tuvo acceso Emol.

En el dictamen los jueces acogen los alegatos de los secundarios del colegio Cardenal Antonio Samoré quienes se defendieron frente al recurso de protección presentado por el sostenedor de ese establecimiento, Carlos López, quien pedía el desalojo alegando que los menores estaban vulnerando el derecho a enseñanza encomendado a la institución de la cual él es representante.

Para desechar la acción cautelar, los sentenciadores -en voto de mayoría- expresaron que la conducta de los secundarios no es ilegal ni vulneran los derechos consagrados a los ciudadanos por la Constitución e incluso justificaron la toma tomando en cuenta el contexto que vive el país.

"Las conductas aludidas son el reflejo, a nivel de un ámbito estudiantil determinado el cual es el Colegio Cardenal Antonio Samoré, de lo que ha sucedido con el movimiento estudiantil nacional secundario y la programación de los llamados "Paros" o "Protesta"", dice el fallo.

Asimismo, los jueces aseguran que "en efecto es un hecho público y notorio que las tomas de los establecimientos educacionales se han mantenido en el tiempo, como una forma de presionar al Gobierno en el marco de una movilización nacional".

Los jóvenes recurridos, por su parte, expusieron ante la Corte de Arica que ellos intentaron hacer una entrega pacífica del sector en que están emplazadas las salas de Educación Básica, pero que cada vez que lo intentaron fueron amedrentados e incluso agredidos por el sostenedor y apoderados que no los apoyan.

Asimismo, alegaron que actualmente en Chile "la toma no es un delito, no configurándose el artículo 457 del Código Penal, puesto que no existe un ánimo de apropiarse de un inmueble" afirmando que en estos casos "la toma de un establecimiento educacional los estudiantes no actúan con ánimo de apropiación y que además se trata de una conducta esencialmente transitoria y circunstancial".

Finalmente, los estudiantes defendieron ante la justicia su derecho a manifestarse el cual, sostuvieron, "tiene un enorme valor para la democracia y los cambios sociales" y citaron jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago.

El fallo contó con los votos (que rechazaron el recurso) del ministro Eduardo Camus, presidente de la sala, y el abogado integrante Carlos Ruiz. Mientras que el juez Christián Le-Cerf estuvo por acoger la acción y dar la opción al sostenedor de desalojar, si fuera necesario, con ayuda de la fuerza pública.