La decisión del Gobierno de Alberto Fernández de rescatar Vicentin, una de las mayores empresas agroexportadoras de Argentina, ha despertado dudas sobre el impacto que tendrá la medida en un sector clave del país y desatado fuertes polémicas sobre la eventual estatización de la compañía.
Ahogada por las deudas, en cese de pagos y concurso de acreedores, Vicentin es una de las piezas clave del potente sector agropecuario de Argentina, principal fuente de ingresos de divisas para un país que atraviesa una dura crisis pero que, aún así, se mantiene como uno de los principales productores y exportadores mundiales de granos y derivados.
Aunque se sabía que la compañía atravesaba serios problemas, Fernández sorprendió el lunes al anunciar su decisión de intervenir la firma y enviar al Parlamento un proyecto de ley para expropiarla y que sus activos conformen un fondo fiduciario administrado por YPF Agro, la división de negocios agropecuarios de YPF, la mayor productora de hidrocarburos del país y controlada por el Estado argentino tras ser expropiada a la española Repsol en 2012.
Fernández alegó que adoptaba esta medida por el rol estratégico de la empresa para la "soberanía alimentaria" del país, para defender los puestos de trabajo de la firma, dar una solución a los 2.600 productores agropecuarios a los que Vicentin dejó de pagarles a finales de 2019, y por la importancia de que el Estado cuente con una empresa "testigo" en el mercado de granos.
Impacto incierto
Fundada en 1929 en la central provincia de Santa Fe por la familia Vicentin -cuyos descendientes controlan actualmente la firma-, la empresa era hasta 2019 uno de los grandes jugadores del sector.
Según datos de la consultora IES, tuvo el año pasado una participación del 10% en las exportaciones agroindustriales argentinas, con colocaciones por 10.045,6 millones de dólares, solo por detrás de la estadounidense Cargill, la china Cofco y la también estadounidense ADM Agro, pero liderando el ránking si solo se toman en cuenta los envíos de derivados (harina y aceites).
Las operaciones de procesamiento y comercialización de granos y derivados de Vicentin están paralizadas desde el cese de pagos de finales de 2019 y fueron absorbidas por sus competidores.
Para Alejandro Ovando, director de IES Consultores, es "incierto el alcance" de la medida anunciada, "siendo solo certero por el momento la decisión intervenir la empresa mediante un decreto, que obedeció al elevado endeudamiento de la empresa, de cerca de US$1.400 millones".
"En particular, la medida implica un avance estatal sobre el negocio agrícola, generando dudas acerca del nivel de intervención que buscará el Gobierno en la comercialización y molienda de granos", comentó Ovando a Efe.
Sin embargo, observó el experto, más allá del control estatal, Vicentin, con un décimo del mercado, será un jugador más de un mercado competitivo.
"No obstante, es probable que, por el tamaño que reviste la empresa en la compra y procesamiento de granos, intente tener cierto grado de intervención de mercado, mediante los precios pagados al productor, estableciendo precios internos para la industria alimenticia local", advirtió.
También, apuntó Ovando, bajo control estatal, Vicentin podría "actuar como empresa testigo en la liquidación de divisas".
Éste último punto también es clave dado que el inestable mercado cambiario doméstico se mueve muchas veces al compás de los tiempos que las grandes exportadoras marcan a la hora de acelerar o retrasar el ingreso al país de los dólares provenientes de sus ventas.
El rescate divide aguas en el campo y la política
El rescate de Vicentin ha dividido las aguas entre los pequeños y medianos agricultores, que, aún con reservas sobre el rol de Estado, se esperanzan con cobrar lo que les debe la empresa, y los grandes productores que, representados por la Sociedad Rural Argentina, mostraron su preocupación y advirtieron que las intervenciones del Estado en el comercio de granos han generado "siempre severas distorsiones".
Para el economista Salvador Di Stefano, experto en negocios agropecuarios, la intervención del Estado es objetable, pero la medida abre la posibilidad de que los agricultores cobren sin quita alguna en un momento crítico para la economía del país, tras dos años en recesión y un presente de hundimiento por los efectos del covid-19.
"La intervención del Estado en la economía no es buena, pero un productor que pueda cobrar sus acreencias es un productor que sobrevivirá en un escenario económico muy difícil", dijo el analista a Efe.
En la política la polémica tampoco es menor.
Juntos por el Cambio, la mayor coalición opositora, tachó de "ilegal" e "inconstitucional" la expropiación que pretende el Ejecutivo y advirtió de los costes para el Estado de asumir una deuda millonaria en vez de haber impulsado el saneamiento de la empresa y su venta a otras manos privadas.
Desde el Gobierno insisten en que se trata de un rescate "excepcional" y no de un avance sobre la economía privada.
