"Frente a la fuerte caída del PIB, los ingresos y las remesas, y al aumento de la pobreza extrema, el hambre y los precios de los alimentos", la Cepal y la FAO propusieron un decálogo de medidas para impedir que la crisis sanitaria generada por el coronavirus se convierta en una crisis alimentaria en América Latina y el Caribe.
Así, considerando que la pandemia provocaría que la población en condiciones de pobreza extrema subiría en 16 millones, llegando a los 83,4 millones en 2020 en la región, las entidades anticiparon que dicho escenario "implicaría un alza significativa en los niveles de hambre, debido a la dificultad que enfrentarán dichas personas para acceder a los alimentos".
De esta forma, de manera conjunta propusieron una serie de acciones que tildaron de "urgentes" para sostener la demanda y administrar el comercio de alimentos durante la emergencia y para evitar que su prolongación conduzca a una crisis alimentaria regional.
Según el informe, tras siete años de lento crecimiento, América Latina y el Caribe podría ver la mayor caída del PIB regional en un siglo (-5,3%), repercutiendo en un impacto sobre el hambre "muy significativo", tomando en cuenta que en 2016-2018 ya había 53,7 millones de personas en inseguridad alimentaria severa en América Latina.
De acuerdo a la Cepal y la FAO, "los efectos de la crisis ya son visibles en los sistemas alimentarios: la vulnerabilidad de los trabajadores ha crecido y los precios internos de los alimentos están subiendo más que el precio de otros productos de la canasta básica, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por el aumento del desempleo y la caída en los ingresos, millones de personas no están pudiendo adquirir suficientes alimentos, y muchas otras están teniendo que optar por alimentos más baratos y de menor calidad nutricional".
Bono contra el hambre y créditos para productores
Sobre la base del decálogo propuesto por las entidades internacionales, se seleccionaron dos áreas en las que se proponen medidas urgentes: un bono contra el hambre en apoyo a la población en situación de extrema pobreza y acciones de apoyo financiero a productores agrícolas (líneas de créditos blandos y bono de inversión productiva).
Respecto a lo primero, "proponemos complementar el Ingreso Básico de Emergencia (IBE) con la entrega de un Bono Contra el Hambre (BCH)", indicó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Cepal.
"En América Latina podemos tener un retroceso histórico en la lucha contra el hambre. Podemos perder lo que hemos logrado en quince años en tan sólo un par de meses. Millones de personas pueden caer en el hambre. Esa es la gravedad del problema actual"
Julio Berdegué, representante Regional de la FAO
Según el informe, el Bono Contra el Hambre podría materializarse en la forma de transferencias monetarias, canastas o cupones de alimentos a toda la población en situación de pobreza extrema por un período de seis meses, equivalente en monto al 70% de la línea de pobreza extrema regional (US$67 dólares de 2010).
Su costo equivaldría al 0,06% del PIB regional, si se entrega únicamente a la población en pobreza extrema mayor de 65 años, o al 0,45% del PIB si se da cobertura a toda la población en pobreza extrema. La Cepal y la FAO recomiendan la segunda opción, lo que tendría un costo estimado de US$23.500 millones.
En cuanto a los productores del sistema alimentario se plantea un incremento de al menos un 20% de la cartera promedio de créditos de los últimos tres años, que sumaría alrededor de US$5.500 millones, para créditos en condiciones favorables que sean financiados por una línea especial de la banca. Lo anterior, bajo la premisa de que "para evitar fallas en cascada y mantener funcionando la cadena de pagos es clave proteger a las empresas y sus trabajadores".
Adicionalmente, para las unidades agrícolas familiares más rezagadas, se propone un kit básico de inversión (US$250) con un costo de US$1.700 millones en la escala regional. Asimismo, se hace un llamado a la cooperación internacional para apoyar a los países en mayor situación de vulnerabilidad.
Las otras medidas del decálogo para evitar la crisis alimentaria
Tres de las medidas fueron cuantificadas (expuestas anteriormente) y el resto deberán ser abordadas de acuerdo con las especificidades nacionales, establece el documento. Entre estas iniciativas figuran:
• Reforzar los programas de alimentación escolar para garantizar la alimentación de niños, niñas y adolescentes. "Los programas de alimentación escolar, que antes de la pandemia llegaban a más de 80 millones de niñas y niños, deben seguir funcionando, reforzados con alimentos ricos en nutrientes, en barrios urbanos y territorios rurales con altas tasas de incidencia de pobreza extrema".
• Continuar con las políticas que han mantenido abierto el comercio mundial de alimentos, en particular evitando medidas proteccionistas que aumenten el precio de los alimentos. "Es esencial que el comercio mundial de alimentos se mantenga funcionando con normalidad, pues de lo contrario el mundo entraría rápidamente en una espiral de inflación de precios y escasez, con profundas consecuencias en la seguridad alimentaria y en los niveles de pobreza".
• Apoyar las iniciativas de asistencia alimentaria de las organizaciones de la sociedad civil.
"Las ONG, las iglesias, las organizaciones de las comunidades indígenas, las cooperativas y sindicatos y los bancos de alimentos, que muchas veces llegan con eficiencia y agilidad a los sectores más aislados, deben ser socios plenos en la tarea de evitar que la crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria".
• Impedir que los mercados mayoristas y minoristas y las agroindustrias se cierren o disminuyan sus operaciones. "Estos parecen ser los eslabones más vulnerables de la cadena de abastecimiento. El cierre de un solo mercado mayorista impacta en el abastecimiento y los precios a los consumidores, especialmente de sectores de menores ingresos".
• Apoyo financiero (crédito y subsidios productivos) para las empresas agropecuarias, orientado principalmente a la agricultura familiar.
• Ajustar los protocolos de sanidad y salud en la producción y el transporte de alimentos y en los mercados mayoristas y minoristas.
• Expandir y garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo a la producción de autoconsumo. "Esto es crucial para los hogares de los agricultores familiares de subsistencia ante la disminución de sus ingresos no-agrícolas. Apoyar la producción para el autoconsumo es más barato que subsidiar el consumo de alimentos para suplir aquellos que no se llagaron a producir por falta de respaldos".
• Asegurar el financiamiento, la asistencia técnica y el acceso a insumos y mano de obra a los agricultores y pescadores artesanales.
• Establecer mecanismos ágiles de consulta y coordinación público-privada entre todos los actores del sistema alimentario.
