El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó una demanda colectiva en contra de la empresa de créditos automotrices Global Soluciones Financieras S.A., tras detectar irregularidades en sus acciones de cobranzas extrajudiciales.
De acuerdo al organismo, los hallazgos detectados fueron realizados en el marco de un proceso de fiscalización a la industria financiera, cuyo objetivo fue detectar prácticas de hostigamiento, cobros injustificados y otras infracciones a la normativa de protección del consumidor.
En el caso de la empresa Global Soluciones Financieras, el Servicio detectó una serie de infracciones, entre ellas, hostigamiento al contactar a los consumidores morosos o informar de la deuda a terceras personas; y cobros por concepto de gastos de cobranzas extrajudiciales, sin acreditar gestiones efectivas.
Según el organismo fiscalizador, las cobranzas extrajudiciales son uno de los motivos más reclamados ante el Sernac. Desde enero a septiembre de este año, se recibieron 16.550 reclamos, y de este total, el mercado financiero concentró un 63,4% de los casos; seguido de los servicios básicos (16%); y el transporte (10,8%).
El director del organismo, Lucas Del Villar, explicó que el objetivo de esta acción es que la justicia establezca indemnizaciones para los consumidores que han sido afectados por estas infracciones, ordene el fin de las malas prácticas y aplique las más altas multas que establece la Ley del Consumidor (LPC).
"El hostigamiento y malas prácticas en las cobranzas afectan la tranquilidad y dignidad de los consumidores, afectando a familias completas que ya viven la angustia de no poder pagar sus deudas, porque nadie deja de pagar por gusto, mucho menos en la situación de pandemia que estamos viviendo", enfatizó la autoridad.
Acción prejudicial
El Sernac también interpuso ante los tribunales de justicia una medida prejudicial en contra de la empresa Chevrolet Servicios Financieros, para que se entregue al organismo antecedentes que permitan analizar su comportamiento en esta materia, luego que dicha empresa se negara a ser fiscalizada por el organismo.
Con esta acción, que actualmente se encuentra en tramitación, la empresa arriesga una multa de hasta 750 UTM (alrededor de $38 millones).
