"La única solución es que el director del Servicio de Impuestos Internos renuncie", decía ayer el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Daniel Núñez (PC), luego de que una investigación de Ciper diera a conocer que Empresas Penta obtuvo una devolución de $1.400 millones que gastó en abogados durante los casos de financiamiento irregular de la política y delitos tributarios.
En la misma instancia, el director del servicio, Fernando Barraza, insistió en que por tratarse de temas resguardados por ley, que tienen que ver con el secreto tributario de los contribuyentes, no podía dar a conocer antecedentes específicos del caso en una sesión pública, por lo que la única forma de ahondar en el tema era citando a una sesión secreta. Dicha opción se aprobó por 11 votos a favor y 1 en contra.
De acuerdo a Ciper, el SII aceptó una solicitud de Penta para que sus pagos a tres oficinas de abogados que la asesoraron durante juicios penales fueran calificados como "gastos necesarios" para producir la renta de la firma. Y al ser considerados como tales, dichos montos se descuentan del valor total sobre el que se calculan los impuestos a pagar.
Barraza, de todas formas, hizo énfasis en que "no hemos hecho más que cumplir fielmente con lo que la ley establece. La ley es clara respecto a que el derecho a defensa jurídica de cualquier contribuyente está absolutamente garantizado". Asimismo, increpó que el artículo periodístico "no tiene ningún asidero técnico ni jurídico (...), es importante aclarar que aquí no hay una situación de privilegio, no hay una excepción, no hay una situación de ningún tipo extraordinaria más allá de lo que establece la ley".
Acto seguido, el director manifestó que para descartar cualquier situación anómala del caso instruyó una auditoría al procedimiento para confirmar que se han respetaron todos los procesos. También dijo que se hará un sumario interno para poder determinar la fuente de la filtración, "no porque se trate de este contribuyente, sino porque se dio a conocer públicamente un proceso de fiscalización que está amparado por el secreto tributario".
"El servicio reconoce expresamente que toda defensa de un contribuyente asumido por un abogado que se relacione con materias propias del giro de la empresa constituye el ejercicio a derecho a defensa. En este caso operó la fiscalización, se detectaron gastos que fueron cuestionados, la empresa en su derecho como cualquier contribuyente solicitó una revisión y operó el procedimiento establecido en las normas. Por tanto, desde esa perspectiva, es importante precisar que aquí se han cumplido todas las etapas que establece la ley"
Fernando Barraza en la Comisión de Hacienda de la Cámara
Pero los cuestionamientos no terminaron allí. Dos agrupaciones del SII -la Asociación Nacional de Funcionarios del SII y la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos-, publicaron un comunicado en el que acusaron a Barraza, al director de Grandes Contribuyentes, Harry Ibaceta, y al subdirector jurídico, Miguel Zamora, de haber otorgado un "perdonazo" a Penta y calificaron el hecho como "una vergüenza" y de un "abierto carácter ilegal".
En su crítica de fondo, expusieron que los gastos que fueron considerados como "necesarios" para generar renta, en ningún caso estaban destinados para eso, "sino que corresponden a la defensa judicial frente a acciones dolosas por parte de los representantes de una empresa que cometió actos constitutivos de delito en forma reiterada".
En entrevista con 24 Horas, el presidente de la Asociación de Fiscalizadores, Juan Apablaza, insistió en que la interpretación del SII fue "antojadiza y no guarda ninguna relación con la norma y lo que dijo ayer el director en el Congreso tampoco se apega a ella. Lo que queremos efectivamente es que esto se investigue más a fondo y vamos a ir a la Contraloría para que determine si actuaron correctamente o no, ya sabemos que no".
"Queremos un director que dure más, que sea independiente en las decisiones, que no esté forzado por ningún gobierno de turno, eso es lo más importante, que tome decisiones autónomas, porque al final del día la gente se vuelca contra el servicio por determinaciones que toman dos o tres personas"
Juan Apablaza, presidente Asociación de Fiscalizadores del SII
Por otro lado, dijo que si el criterio aplicado a Penta se replicara con las isapres, estas "podrían pasar como gasto todos los honorarios pagados por las denuncias y demandas que hacen los usuarios cuando estas unilateralmente suben los planes de salud". Con todo, Apablaza agregó: "Hay que revisar los procesos de quién llega como director, pero también nosotros reclamamos autonomía, y dentro de un par de meses vamos a presentar una propuesta de reforma al sistema tributario, que incluye más que una reforma tributaria".
El debate: ¿Mayor autonomía al SII?
Antes de entrar al debate en torno a la autonomía del servicio, el abogado y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Álvaro Moraga, explica que lo primero que hay que despejar para abordar este caso es que "esto no tiene nada que ver con lo que se haya gastado los dueños de la empresa en abogados, eso es otra cosa".
"El impuesto de renta, que es el impuesto a las ganancias de las empresas, funciona sobre una ecuación muy simple: los ingresos o venta de un año, menos todos los costos y gastos necesarios para producir esos ingresos. Eso va a determinar un número y sobre ese número se aplica la tasa del impuesto que es del 25 o 27%", dice. "Yo siempre doy el mismo ejemplo en la universidad: si la panadería vendió $100 de pan y gastó $60 en harina, su utilidad o ganancia fue de $40 y sobre esos $40 la panadería pagará impuestos".
"Es un absurdo pensar que un gasto en abogado es un gasto rechazado, por lo tanto esto tiene una connotación absolutamente política que, por lo demás, es bastante comprensible porque sabemos muy bien lo que significó el caso Penta, pero hay que abstraerse de este tema y entender que esto es una cuestión técnica e impuestos internos actuó técnicamente. Obviamente es un gasto aceptado, cuestionarlo es una mezcla de desconocimiento y mala fe"
Álvaro Moraga
Y considerando su ejemplo anterior afirma que "genéricamente una empresa es una persona jurídicamente y tiene la capacidad de demandar y ser demandado, por lo tanto tiene el derecho intrínseco y la obligación de tener que contratar abogados. Cuestionar el gasto en abogados no solamente es absurdo desde ese punto de vista, sino que además se genera el contrasentido de que si no es un gasto aceptado, es un gasto rechazado, por lo tanto significaría que el contratar abogados para las empresas generaría una multa del 40% que es la multa que se da por los gastos rechazados".
Consultado por las palabras de Apablaza, quien dijo que la circular número 53 dice que no van a ser aceptados como gastos necesarios los actos que tengan culpa leve o grave, Moraga replica que "la culpa tiene que acreditarse y en este caso todavía no hay sentencia.Cuando haya una sentencia de término, sí podría ser así, porque obvio que si se cometió un delito no puede ser un gasto aceptado el defenderme de un delito del que fui declarado culpable. Pero en este caso, en el ejercicio que se hicieron esos gastos, no había culpabilidad y por lo tanto rige el principio constitucional de inocencia".
De todas formas, el experto tributario coincide en algo con el representante de los fiscalizadores: "Impuestos internos necesita mayor autonomía", y suma "y su director mayor protección en cuanto a los ciclos políticos", dice. "Esto no solamente vale ahora, sino que para siempre el proteger la institucionalidad, pero proteger la institucionalidad respecto a la autonomía del SII también requiere una mayor protección respecto de la planilla interna, porque hay que considerar como una falta grave las declaraciones de las agrupaciones en contra del director".
"Yo estoy convencido en que no ha habido ningún director nacional de impuestos internos en nuestra historia reciente que no merezca el más grande de los respetos. Tenemos una institucionalidad tributaria de lujo y estas son las cosas que la pueden mermar, porque menoscaban una institución que realmente nos prestigia a nivel mundial"
Álvaro Moraga
"La autonomía de impuestos internos no puede pensarse como una autonomía absoluta toda vez que es el órgano que fiscaliza y recauda impuestos, por lo tanto va de la mano del Ministerio de Hacienda", opina el abogado. Cabe recordar que Fernando Barraza fue elegido en 2015 por un concurso público realizado a través del Sistema de Alta Dirección Pública. En 2018 el Presidente Sebastián Piñera lo renovó en su cargo por tres años más.
El experto tributario y socio de Puente Sur, Ignacio Gepp, comenta que "hay que buscar la forma en cómo se evita que las decisiones técnicas del SII se contaminen de política. Hoy, en todo lo que pasó con Penta, hay presión política y pública sobre un tema que es técnico y la pregunta es cómo hago para que esa presión no le afecte a Barraza o a cualquier otro director".
Gepp considera que "las causales para remover a los directores deberían ser más estrictas, así como también los criterios para contratarlos. Si el mundo político no va a ser capaz de que el servicio se mantenga como un órgano técnico y alejado de las consideraciones políticas del gobierno de turno, quizás deberíamos considerar un proceso más como el de denominación del fiscal nacional o el del contralor general de la República, donde al final en ambos casos puede ser removido, pero no es sólo por decisión del Presidente".
"Prefiero y confío mucho más en la objetividad de impuestos internos para resolver un conflicto, que en la de tribunales. Así de categórico. En mi opinión es de las mejores instituciones a nivel técnico y profesional que tenemos, pero hay que buscar formas de proteger a la institución de la presión pública y política del momento"
Ignacio Gepp
Igualmente, el experto comenta que no es una idea que le guste particularmente, "porque creo que hacer esto también genera otro tipo de inconvenientes, pero si la política no cuida la independencia técnica y profesional de impuestos internos, estas opciones vienen a ser las alternativas menos malas a mi modo de ver".
Por último, Gepp enfatiza que para opinar sobre el caso puntual de lo sucedido con Penta necesitaría ver el expediente y la declaración de impuestos de la empresa para opinar, pero que claramente eso no es posible. "Pero lo que sí se, es que no puedo mover al director ni afectar la política tributaria de todo un país porque Twitter me dice que tengo que hacerlo. Uno hoy tiene que proteger la imagen del servicio, pero eso se hace con actuaciones técnicas, con pronunciamientos técnicos y con estabilidad en el tiempo".
