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Santiago: Sábado 23 de noviembre del 2024 | Actualizado 07:18
SANTIAGO.- La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) ofició el miércoles a la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), exigiéndole que entregue información respecto de infracciones que habría cometido en el contrato de arrendamiento que mantiene con Corfo en el Salar de Atacama.
La SVS le fijó un plazo máximo de 5 días hábiles, por lo que la compañía tendrá hasta el próximo miércoles 25 de junio para dar respuesta a lo solicitado.
De este modo, el organismo regulador acogió el reclamo realizado el 16 de mayo pasado por Renta Nacional Compañía de Seguros de Vida, controlada por el empresario Francisco Javier Errázuriz, que acusó a SQM que en los estados financieros del primer trimestre de 2014 solo hizo referencia al pago de US$ 4,8 millones exigido por Corfo y a la solicitud de constituir un arbitraje para establecer eventuales pagos adicionales, omitiendo las circunstancias que motivaron la denuncia de la entidad estatal.
"En consecuencia, se le solicita que se pronuncie sobre el tema de eventuales infracciones al contrato de arrendamiento por superposición de pertenencias a las ya arrendadas y que aporte antecedentes, si correspondiere, en relación a la investigación que sobre el particular habría realizado la Contraloría General de la República", dice el oficio, firmado por el intendente de Valores, Hernán López.
Renta Nacional, que es accionista minoritario de SQM con menos del 1% de participación, afirmó que la compañía controlada por Julio Ponce Lerou no informó de "graves infracciones" que habría cometido al referido contrato de arrendamiento, resaltando que constituyó "13 pertenencias mineras superpuestas a las arrendadas a Corfo, infrigiendo con ello un deber de cuidado pactado en el contrato".
En ese sentido, subrayó que "las pertenencias OMA significan para SQM más de 1/3 de sus utilidades, por lo que tener información transparente sobre la situación que afecta al contrato es de vital importancia; y el desconocimiento por parte de los inversores, de esta situación, constituye una seria violación de las reglas del juego".
También remarcó que la empresa controlada por Julio Ponce ha omitido "de manera preocupante, que la comunicación que le envió Corfo fue por disposición de la Contraloría General de la República", organismo que ordenó a la entidad estatal que investigara los contratos entre las partes.
En esa línea, sostuvo que "a tal punto llega la gravedad de la situación, que la misma Contraloría ha dispuesto, como se expresó, que se le informe detalladamente del resultado de esta investigación".
