CCS plantea reparos a proyecto de ley que regula el cobro en estacionamientos de centros comerciales

SANTIAGO.- La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) planteó ante la Comisión de Economía del Senado sus reparos sobre el proyecto de Ley que Regula el Cobro de Estacionamientos en centros comerciales y otros establecimientos.

La institución gremial planteó siete puntos, entre los que se cuenta la preocupación ante el precedente jurídico y político que este proyecto podría generar ya que, según la CCS, el proyecto “obliga a que personas y empresas privadas que confiaron en la estabilidad de las reglas del juego del país e invirtieron ingentes recursos en una actividad lícita, deberán ahora soportar una obligación de gratuidad” dictada con posterioridad.

La Cámara también afirma que no es efectivo que el proyecto favorezca a los consumidores clientes de centros comerciales, porque la gratuidad generará un uso intensivo de los estacionamientos como uso general a un precio más bajo y cuando concurran los verdaderos clientes de los establecimientos comerciales no habrá plazas disponibles.

En ese sentido, la CCS señala que los centros comerciales se verán forzados a transmitir ese mayor costo a sus clientes y que los consumidores peatones subsidiarán el estacionamiento de los automovilistas.

Además, considera que habrá discriminación al sector privado, ya que no se aplican las mismas reglas a los estacionamientos públicos o de propiedad fiscal, y que el proyecto apunta en un sentido exactamente contrario a lo que aconsejó la Comisión Asesora Presidencial sobre Movilidad Urbana, que recomienda restringir el uso del automóvil y privilegiar el transporte público.

Para el gremio, el proyecto representará un grave daño para la estabilidad económica, la confianza y la imagen de país serio que ostenta Chile, que respeta a las reglas del juego;  y también propone una política pública que no mide los efectos que ésta generará, similar a lo que ocurrió con el Transantiago.

Finalmente, la CCS afirmó ante la comisión que la opinión unánime y transversal de los especialistas más reputados del país es que este proyecto es negativo y afecta garantías constitucionales.