Como en otros años, el Día Internacional de la Mujer es el momento adecuado para reflexionar acerca de los desafíos que enfrentamos, como personas y como país en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Creo que éste es el sentido más profundo. En efecto, no conmemoramos el 8 de marzo para hacer una alegoría vacía respecto a “la mujer” como un ente abstracto o como una esencia que flota en algún lugar desconocido. Lo hacemos para evaluar nuestros avances, retrocesos y desafíos en el terreno concreto de la forma en que la sociedad integra a sus mujeres en tanto tales, a los distintos procesos de la vida productiva, política, social, cultural y familiar. Es el momento en que Chile se pregunta cómo abre espacios para ese poco más de 7 millones y medio de personas que constituimos más de la mitad de su población.

Este 8 de marzo nos encuentra en una coyuntura especial. Hoy, podemos apreciar vivir en un país que ha experimentado enormes cambios en beneficio de las mujeres. Un país donde el acceso a la educación, al trabajo y, crecientemente, a los espacios de participación y decisión nos ponen en un contexto distinto.

Tras décadas de luchas sociales, Chile parece haberse encontrado con sus mujeres. La carga simbólica de ocupar cargos de alta responsabilidad en los poderes públicos o de acceder a funciones antes reservadas para hombres, han puesto la mirada de la sociedad sobre un proceso de conquista de mayores derechos y de mayores libertades que hunde sus raíces en la historia de Chile en el siglo XX y que se ha potenciado con una política pública comprometida con la igualdad, a partir de la creación del Servicio Nacional de la Mujer, durante el Gobierno del Presidente Aylwin. La posibilidad cierta de que una mujer pueda ser electa el próximo 11 de diciembre como Presidenta de la República aparece como el corolario lógico de esta transformación sin precedentes.

Sin embargo, esta nueva realidad no se construye en el aire, ni es fruto del azar. Detrás de ella están los esfuerzos personales de miles de mujeres que se han atrevido a tomar nuevos caminos y a superar las barreras que su entorno, muchas veces más cercano, les imponen, bajo la forma del prejuicio, la discriminación, la postergación o directamente, la violencia. Como todos los procesos sociales, la creciente igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres tiene una expresión personal y concreta en la experiencia de cada una de sus protagonistas.

Por otro lado, e invirtiendo la relación, los procesos personales a los que hacemos mención tienen un correlato público y social evidente. El esfuerzo sostenido durante los gobiernos democráticos por eliminar discriminaciones y ampliar las oportunidades para las mujeres es evidente e incontrarrestable.

El nombramiento de mujeres en altos cargos públicos y la apertura de nuevos espacios en las instituciones del Estado; la eliminación de las normativas que impedían a las mujeres ejercer tareas consideradas peligrosas o pesadas; la eliminación de los test de embarazo para postular a un empleo; la extensión de los derechos laborales a las trabajadoras de casa particular y de salud a las temporeras son sólo algunas de las medidas que hablan de un incentivo por la incorporación de las mujeres al empleo remunerado y por el mejoramiento de las condiciones en que dicho empleo se ejerce.

En otro ámbito, la ley que sanciona la violencia intrafamiliar, la generación de una normativa más eficiente para desarrollar las demandas de paternidad y la igualación de derechos de los niños y niñas nacidos fuera o dentro del matrimonio, junto a la nueva ley de matrimonio civil y la creación de los tribunales de familia, hablan de la preocupación de un gobierno por fortalecer las familias en Chile, en un contexto de respeto a los derechos de todas las personas que las integran y reconociendo en ellas la madurez y capacidad de tomar sus propias decisiones.

Podríamos mencionar otras medidas, como el desarrollo de contenidos no sexistas en la educación o la enorme tarea de transversalizar la perspectiva de género al interior del aparato del Estado y sus políticas, que, en definitiva nos hablan de un gobierno y una coalición que se ha comprometido con el cambio cultural y con la igualdad de derechos para todos y todas. No es un misterio para nadie que la mayoría de estas medidas han sido desarrolladas bajo la indiferencia o decidido rechazo de una oposición conservadora que reacciona con temor frente a la igualdad de oportunidades y de derechos.

Evidentemente, quedan muchos desafíos por delante. Algunos que arrastramos desde el pasado y otros que nacen de las nuevas realidades. Lo importante es tener la capacidad de enfrentarlos como sociedad con la convicción de que estamos avanzando en la línea correcta.

Cecilia Pérez Díaz
Ministra del Sernam