SANTIAGO.- Ayer entró en vigencia la Ley de Inclusión Laboral, que tiene como objetivo generar más oportunidades de empleo y prohibir toda discriminación a personas que tengan una discapacidad.
La nueva normativa contempla que las empresas y organismos con 100 o más trabajadores tengan una cuota de al menos 1% de personas con discapacidad. Sin embargo, en una primera etapa considera sólo a las entidades con al menos 200 empleados y desde el 1 de abril de 2019 comenzará a regir como lo indica la Ley.
Para acceder a estos cupos, las personas deben estar inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad o tener pensión de invalidez.
Son las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de Salud, quienes están encargadas de calificar y certificar la discapacidad de una persona.
Además, con la nueva legislación se deroga el artículo 16 de la Ley 18.600, que permitía pagarle menos del sueldo mínimo a una persona con alguna discapacidad mental o intelectual.
La Dirección del Trabajo será la encargada de fiscalizar que las empresas privadas suban a una plataforma web las contrataciones, mientras que los organismos públicos deberán informarlas al Servicio Civil y Senadis. En caso de incumplimientos, pueden ser sancionados por la Contraloría.
También se dan excepciones, como en el caso de que falten postulantes y la naturaleza de las funciones, las que pueden ser causales de eximición para empresas y organismos públicos.
Para los privados que no puedan cumplir con la ley existen medidas alternativas, como donar dinero a fundaciones que trabajen en la capacitación e inserción laboral de personas con discapacidad. Además, podrán contratar servicios de otras empresas, que sí tengan empleadas a personas con alguna discapacidad.
