A las 10.00 horas de este jueves comenzó el movimiento al interior del Tribunal Constitucional (TC). Y es que durante esta jornada
la instancia dará a conocer su resolución respecto a los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de algunos artículos del decreto de ley 3.500 -que regula a las AFP-, emanados por las cortes de apelaciones de Antofagasta y Punta Arenas.
Ambos tribunales de alzada recurrieron al TC para que este se pronuncie sobre si dicho decreto se impone o no al derecho a la propiedad establecido en la Constitución, luego de que una profesora y una técnico en enfermería jubiladas recurrieran a la justicia a través de respectivos recursos de protección para poder sacar de una sola vez el total de sus fondos de pensiones.
Se espera que el fallo del TC se de a conocer a eso de las 14.00 horas de este jueves, una vez finalicen los alegatos contemplados para ambos requerimientos, los cuales el tribunal decidió revisar en forma conjunta, lo que no significa que la decisión tenga que ser la misma en los dos casos.
El pleno del TC está compuesto por los ministros María Luisa Brahm (presidenta), Gonzalo García, Cristián Letelier, Nelson Pozo y Miguel Ángel Fernández, quienes luego de que el relator, José Francisco Leyton, culmine con sus exposición sobre los conflictos en cuestión, darán paso a que inicien los alegatos, los que tendrán una extensión de media hora cada uno.
Los abogados que expondrán
Así, el primero en alegar será el abogado Jorge Correa Sutil, representante de AFP Cuprum, quien defenderá el rechazo a que el TC declare la inaplicabilidad del decreto. Dicha administradora negó a la profesora de Antofagasta, María Angélica Ojeda, la entrega de los $46,5 millones correspondientes a la totalidad de sus ahorros previsionales.
Por eso razón, la educadora decidió llegar hasta instancias judiciales argumentando no poder costear los $220 mil de dividendo de su hogar con los $185 mil que recibe mes a mes por concepto de jubilación, en comparación a los $1,2 millones que recibía antes de retirarse.
Tras Correa, será el turno del representante de AFP Habitat, el abogado Rodrigo Díaz de Valdés, que buscará que se desestime el requerimiento de la corte de Punta Arenas.
Esto, luego de que dicha corte declarara admisible el recurso de protección interpuesto por la jubilada técnico en enfermería Beatriz Valenzuela, quien aseguró mantener deudas que superan los $400 mil, por lo que su jubilación de $208 mil al mes no es suficientes para costear aquello. Por eso, pretende que se le entreguen los pocos más de $51 millones que mantiene en su fondo de pensión.
Luego vendrá el turno de los abogados de las jubiladas. Javiera Aravena y José Luis Ugarte expondrán para defender la posición de Ojeda, y se declare la inaplicabilidad del decreto de ley 3.500 con el fin de que la profesora se libre de retirar su dinero de Cuprum y utilizarlo como estime conveniente.
Lo mismo buscará Javiera Aravena, esta vez acompañada por el abogado Fernando Atria, por el caso de Valenzuela y Habitat.
Y el quinto y último alegato será de parte del abogado Alejandro Charme, que representa al Presidente de la República, Sebastián Piñera en ambas causas ¿Su posición? Que el TC rechace ambos requerimientos para impedir la opción de entregar los fondos.
Como los alegatos son respecto al decreto de ley 3.500, sobre el cual el Ejecutivo actúo como colegislador en su momento, se le tuvo que dar aviso de los casos para que envíen un informe y permitir que se haga parte de las causas, si lo estimaba conveniente. Y así lo hizo.
"No resulta razonable concebir la propiedad que sobre los fondos de pensiones tenga un afiliado al sistema de pensiones -la cual es verdadera propiedad- de manera aislada e independiente de la naturaleza del bien sobre el que recae dicha propiedad. En efecto, en la especie, la naturaleza del bien -fondos de pensiones- tiene un fin predeterminado por el derecho de la seguridad social", expuso el Gobierno en noviembre, a través de un informe enviado al TC y firmado por el Presidente Piñera, el ministro Segpres, Felipe Ward, y la titular del Trabajo, María José Zaldívar.
