"En los últimos tiempos hemos conocido casos muy sensibles de colusión y carteles en bienes tan importantes como los medicamentos, los pollos, el papel higiénico y otros más, que han perjudicado a una inmensa mayoría de chilenos", dijo ayer el Presidente Sebastián Piñera al presentar una serie de proyectos de ley que se enmarcan dentro de la agenda antiabusos del Gobierno. Iniciativas que fueron valoradas desde la academia y distintos sectores económicos, los que apuntaron que la agenda "va en la dirección correcta".
Así, a tres meses de la cadena nacional donde anunció y comprometió las medidas, el Mandatario recalcó que con las iniciativas "queremos construir un Chile más justo, más equitativo, sin abusos, sin privilegios y con iguales oportunidades y dignidad para todos. Ese es el potente mensaje de la voz de la gente que hemos escuchado".
En el área económica de la agenda, destaca el proyecto de ley anticolusión y de fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica, que apuntan a hacer frente a los "delitos de cuello y corbata". La medida busca aumentar las penas por colusión en bienes y servicios de primera necesidad. Así, si actualmente la condena para este tipo de delitos va desde los 3 años y un día a los 10 años, se propone que parta en 5 años y un día, manteniéndose el máximo de 10 años.
Respecto a la FNE, se propone darle a la entidad la facultad del alzamiento del secreto y de la reserva bancaria; nuevos medios técnicos de investigación como fotografías, filmaciones o grabaciones, y medidas para resguardar la evidencia.
Asimismo, dicho proyecto de ley pretende crear la figura del denunciante anónimo en el contexto de la libre competencia, con el cual se obliga a la FNE a mantener la reserva de la identidad del denunciante y se incluyen sanciones graves para quienes utilizan maliciosamente este instrumento.
Se busca modificar la Ley de Valores para subir la pena actual de distintas conductas de abuso de mercado. Información privilegiada, fraudes y alteración de documentos, aumentan su pena desde presidio menor en cualquier de sus grados (61 días a 5 años y un día) a presidio menor en su grado medio hasta presidio mayor en su grado mínimo (541 días a 10 años y un día)
Por otro lado, la agenda contiene el proyecto de ley antiabusos en el mercado financiero, el cual busca aumentar significativamente las penas y multas por uso de información privilegiada, fraudes o alteración de documentos. Por ejemplo, aumenta la multa máxima para estos casos desde 15.000 a 100.000 UF, y establece restricciones y requisitos de información a los dueños y ejecutivos para transar acciones de sus empresas.
Además, crea la figura del denunciante anónimo ante la CMF para promover que se destapen irregularidades. De hecho, el proyecto entrega protección al denunciante y le entrega una recompensa entre un 10% y 30% de la multa aplicada, con un máximo de unos $700 millones aproximadamente.
Lo que gustó y lo que se echó de menos
Tras la presentación del Gobierno, el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), José Manuel Mena, sostuvo que "nosotros (como banca) estamos completamente de acuerdo con iniciativas en donde se fortalezca la mejor competencia".
Así, en el marco de una firma de convenio con la FEN, el líder gremial indicó que "si eso implica que las penas vayan a 'personas de cuello y corbata' (como indicó el Presidente), donde en realidad hablamos de delitos con malas prácticas en información privilegiada o de uso de información, estamos completamente de acuerdo".
Por su parte, el economista y ex subsecretario de Economía, Tomás Flores, afirmó a Emol que la agenda "va en la dirección correcta, sobre todo en el área de las mayores facultades de investigación para la Fiscalía Nacional Económica, porque en la medida que tengas más herramientas para recopilar información, efectivamente mayor probabilidad hay de atrapar a los involucrados (...), creo que este este es uno de los cambios más importantes".
Sin embargo, apuntó, que "le echó de menos" a que se tocara el tema de considerar una mayor penalidad para las estafas piramidales. "En su momento tuvimos varios de estos casos, unas pequeñas como la de Rafael Garay y otras a gran escala como la de Alberto Chang, y efectivamente la penalidad para ese tipo de estafas son relativamente bajas".
"Si mal no recuerdo es a Garay a quien se le ha dado la pena más alta, 7 años, pero hay otros que finalmente terminaron sólo firmando y no pasaron ni un día en la cárcel y esta agenda no toca este punto", advirtió.
El aumento en las penas de cárcel
El presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, Juan Andrés Camus, se centró en analizar especialmente la propuesta que endurece la sanción al uso y abuso de información privilegiada en el mercado financiero -desde 61 días a 5 años y un día, hasta 541 días a 10 años y un día-.
En entrevista con El Mercurio, Camus señaló: "Me parece conveniente, creo que es algo muy necesario porque el uso de información privilegiada es un abuso enorme porque es un privilegio de algunas personas respecto de todo el mercado financiero. Es importante que estas penas se endurezcan".
Yo vi de cerca estos temas y vi que a lo que más le temía este tipo de personas era a la cárcel. No les importaba mucho pagar la multa, ni firmar, pero para ese tipo de criminal ir a la cárcel efectivamente tiene una carga social muy superior a la que pueda tener un tipo que se dedica a robar autos. Para un ejecutivo o un gerente de marketing, ir a la cárcel tiene un efecto devastador y por eso le temen tanto y están dispuestos a colaborar cuando son sorprendidos"
Tomás Flores
Respecto de si la regulación financiera estaba al debe en el castigo de estos ilícitos, el presidente de la bolsa enfatizó: "Más que actualizarse, creo que las penas deben ser más severas y tienen que ser proporcionales al beneficio obtenido por el uso de información privilegiada". De todas formas recalcó creer que "estamos avanzando en la dirección correcta, por eso es que es muy bueno que se haya dado este paso".
Ante los aumentos en las penas que proponen los proyectos, Flores opina que no deberían subirse los años de pena más allá de los que plantea la propuesta, ya que "hay que guardar una correspondencia con otros delitos, o sea no puede terminar siendo la pena por atentar contra la libre competencia más alta que un homicidio, tiene que haber una proporcionalidad".
Además, apuntó, "con subirla ya a 10 años -como plantea el proyecto- probablemente aumenta la posibilidad de que las personas cumplan algo de esa condena en la cárcel". Lo anterior, según explica el economista, porque es muy posible que los condenados tengan irreprochable conducta anterior y/o tengan atenuantes, lo que ha generado en la actualidad que muchos condenados terminen sólo firmando.
