Son
66.573 las empresas en el país que hasta el pasado 23 de abril solicitaron acogerse a la ley de protección de empleo, lo que, según cifras entregadas este lunes por la ministra del Trabajo,
María José Zaldívar, involucra a un total de
516.826 trabajadores.
El 96% de las firmas que pidieron suspender los contratos de algunos de sus trabajadores y así estos últimos puedan echar mano del seguro de cesantía para percibir ingresos son micro, pequeñas o medianas empresas. Y en cuanto a los trabajadores, casi el 30% pertenece a grandes empresas -de más de 200 trabajadores- y el resto micropymes.
Junto con eso, Zaldívar informó que las solicitudes del seguro de cesantía durante el mes de abril se dispararon un 20,60% respecto al mismo mes del año pasado, registrando un número de 118.506.
Números que luego la secretaria de Estado calificó de "preocupantes, porque son número absolutos que son altos", y respecto a cómo proyectan las cifras durante las próximas semanas o meses, indicó que "va a depender mucho de cómo siga la evolución de esta vuelta o reintegro seguro a los distintos lugares de trabajo, así como a determinadas actividades productivas o regiones".
"Creemos que conforme vaya avanzando el desarrollo de la pandemia vamos a poder ir viendo determinados efectos que pueden ser distintos. Ojalá que estas cifras se tiendan a estabilizar producto de un retorno a las actividades productivas de manera segura", recalcó.
Tras ello, la ministra se refirió nuevamente a las críticas producto de grandes empresas que han hecho uso de la ley, sumándose ahora la Red de Salud UC Christus. "Todas las empresas que se encuentran afectadas tienen la posibilidad de acogerse. Aquí lo importante es que no hay una distinción ni por tamaño de empresa, ni por actividad productiva, ni por regiones", dijo.
En esa línea, y sobre las voces que piden poner requisitos especiales para que las grandes empresas se acojan, Zaldívar expuso que "creemos que en la práctica, con los datos que he mostrado, se ha demostrado que no es efectivo que esta ley está siendo usada de manera intensa por grandes empresas".
"Mayoritariamente la están usando pequeñas y medianas empresas. Aquí mayoritariamente no vemos un abuso de la ley", afirmó la titular de Trabajo. Y en caso de que hubiese abuso, sostuvo que las empresas que incurran en aquello arriesgan sanciones que van desde los 3 a 5 años de cárcel y la obligación de devolver el doble de la totalidad de los recursos "indebidamente percibidos".
