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Santiago: Jueves 26 de diciembre del 2024 | Actualizado 21:26
El monto de la deuda bajo ley extranjera que Argentina está renegociando es de US$66.238 millones. El gobierno del peronista Alberto Fernández, quien asumió a fines de 2019, presentó formalmente en abril a los acreedores su propuesta con una quita en el pago de intereses de 62% -equivalente a US$37.900 millones- y de capital de 5,4% por US$3.600 millones, así como un periodo de gracia hasta 2023 con una tasa de interés de 0,5% que irá aumentando.
El país sudamericano indicó que su oferta es la única viable debido a que arrastra más de dos años de recesión y que busca un perfil de deuda "compatible con un sendero de crecimiento sustentable".
En un principio, el gobierno argentino había dado tiempo a los bonistas hasta el 8 de mayo para aceptar su ofrecimiento pero luego lo extendió hasta el 22 del mismo mes debido a que la oferta no logró el 70% de adhesión de los bonistas. Durante la primera extensión del tiempo de negociación, tres grupos de acreedores han presentado sus contraofertas, lo que ha acercado las posiciones entre las dos partes.
Esta nueva extensión del plazo hasta 2 de junio se interpreta como una señal de que las negociaciones están abiertas y que las partes buscan ganar más tiempo para llegar a un acuerdo.
"La República continúa recibiendo opiniones y sugerencias de inversores acerca de diferentes caminos para mejorar el valor de recupero. La República se encuentra analizando estas sugerencias para maximizar el apoyo de los inversores", explicó el Ministerio de Economía.
Ahora bien, Argentina debe afrontar este viernes el pago de US$503 millones en intereses del bono Global -que debían haber sido abonados el 22 de abril-y su falta de pago determinaría una situación de "default técnico o selectivo", instancia previa a una cesación de pagos formal. En el caso de Argentina sería el noveno de su historia.
Varios analistas económicos señalan que de ocurrir eso, Argentina no estará en una situación tan adversa porque únicamente dejará de honrar sus obligaciones con ese título en el marco del total de su deuda externa y tiene por delante todavía un cronograma de vencimientos que no son inmediatos y seguirían negociándose.
Y mientras algunos expertos señalan que al extenderse las negociaciones los acreedores no demandarían de inmediato ante los tribunales el pago de sus préstamos, otros consideran que entrar en un cese de pagos abriría la puerta a potenciales fondos "buitres" que activarían procesos de "aceleración de la deuda" para reclamar ante tribunales estadounidenses el total del capital más intereses de títulos sin vencimiento a corto y mediano plazo.
Por otro lado, llevaría a las calificadoras de riesgo a bajar la nota de la deuda soberana y acentuaría las ya escasas posibilidades del país de acceder a crédito.
Ante la perspectiva de que Argentina caiga en un "default selectivo", los bonos argentinos en dólares cayeron el martes tras la fuerte suba de anteriores días.
Según contraofertas reproducidas por medios de prensa, los acreedores -entre los que hay grandes fondos de inversión-, exigen un período de gracia más corto para los pagos y tasas de interés en promedio más altas.
Versiones periodísticas indicaron que la oferta de reestructuración del gobierno representa alrededor de 40 centavos por dólar y las contraofertas fueron de poco menos de 60 centavos por dólar y que en los últimos días esa diferencia se ha achicado.
El Fondo Monetario Internacional -con el que Argentina también afronta obligaciones por US$44.000 millones- le dio su apoyo en febrero, cuando consideró que sería necesaria una "quita apreciable" de la deuda, a la que consideró "no sostenible".
El jueves señaló que espera un acuerdo entre Argentina y sus acreedores que ayude a colocar a la economía en un "sendero sostenible".
Varios sectores empresariales del país también respaldaron la estrategia del gobierno.
La deuda que se busca reestructurar por US$66.238 millones es solo a una parte del stock de la deuda del gobierno nacional que al 31 de diciembre de 2019 ascendía a US$323.065 millones, de los cuales 129.078 millones son deuda con el sector público, 73.399 con organismos internacionales y 120.588 con el sector privado. De ese último total se plantea reestructurar por el momento obligaciones bajo legislación extranjera.
