Al mismo tiempo en que se acentúan los efectos económicos de la pandemia, surgen ideas para aliviar la situación financiera de las familias del país. Una de ellas es hacer uso de los ahorros previsionales para que las personas puedan echar mano de esos fondos y así enfrentar estos complejos días.
Si bien en diferentes momentos desde la llegada del covid-19 al país parlamentarios -de oposición y algunos del oficialismo- han expresado peticiones en línea con que las familias puedan usar parte de sus fondos de pensiones con el objetivo de hacer frente a la emergencia -lo que ha generado apoyos, pero también detractores-, en estas última semanas la idea pareciera que ha cobrado más fuerza.
De hecho, desde la vereda política, impulsores de estas medidas han comenzado a ejercer una mayor presión frente a un Gobierno que no ve aquello con buenos ojos, argumentando que ese tipo de iniciativas terminarán empeorando las ya bajas pensiones en Chile, y que son los recursos del Seguro de Cesantía los que deben usarse para este tipo de situaciones.
Los proyectos que se discuten en el Senado y la Cámara
Ayer, el Senado inició la discusión sobre un proyecto presentado por la senadora Yasna Provoste (DC), junto a sus pares independientes Pedro Araya y Carlos Bianchi. Esto, con el objetivo de concretar una reforma constitucional sobre derecho de propiedad de los fondos previsionales y agregarle la posibilidad que los afiliados puedan hacer retiro de ellos.
"En materia previsional, el afiliado podrá disponer de todo o parte de sus fondos previsionales, en la forma que establezca la ley, incluso antes de llegar a su edad de jubilación", señala la iniciativa, la cual además propone que en el caso de que se haya decretado un estado constitucional de catástrofe -como el que hoy opera en el territorio nacional debido al covid-19-, "los afiliados puedan retirar hasta un 10% de sus fondos previsionales, debiendo reintegrarlos posteriormente".
"La ley establecerá el mecanismo a través del cual los afiliados o el Estado deberán reintegrar esos fondos, una vez cesado el estado constitucional de catástrofe", plantea el texto.
Iniciativa que se suma a la empujada por los senadores Ximena Rincón (DC), Alfonso de Urresti (PS) y David Sandoval (UDI), quienes hace algunas semanas pidieron al Presidente, Sebastián Piñera, enviar un proyecto de ley, con discusión inmediata, que permita el retiro del 10% de los fondos de AFP, planteando dos modalidades a través de las cuales se podrían restituir los montos retirados.
"Por un lado, y para la población más vulnerable, proponemos la creación de un 'bono de reconocimiento', el que no exceda los $2 millones y que se devuelva en el momento en que la persona decida pensionarse", expusieron los parlamentarios. Dicho bono solo aplicaría para casos excepcionales y de mayor necesidad, donde los respectivos saldos de las cuentas de capitalización individual no superan los $20 millones.
Mientras que para los demás afiliados se propone la creación de un "autopréstamo", el cual sería financiado "durante el periodo restante para el cumplimiento de la edad legal (de jubilación) y tendrá una tasa de UF+4%". Además, la iniciativa propone un incentivo para postergar la edad de jubilación: "año prorrogado, punto de interés descontado". Con esto, por ejemplo, si un trabajador postergara su retiro cuatro años, el "autopréstamo" tendría una tasa de interés del 0%, y estaría "solo sujeto a la variación de la UF".
En tanto, en la Cámara de Diputados, se encuentran haciendo lo propio, y ayer la bancada de PPD presentó una propuesta que fusiona otras dos ya presentadas, las que consisten en una reforma constitucional y un proyecto de ley que tienen como objetivo permitir a los afiliados el retiro de sus fondos de AFP mientras dure el estado de emergencia.
Ambas iniciativas autorizan el retiro de hasta un 10% de los fondos contenidos en la cuenta de capitalización individual, con un tope máximo de $3 millones, además establece que el monto mínimo autorizado a retirar será de $650 mil, equivalentes a dos ingresos mínimos mensuales.
De acuerdo a la idea, el retiro de fondos no estaría sujeto a cobros adicionales por parte de las AFP, ni se considerará renta o estará afecto a tributos de ninguna índole. Además, considera la creación de un fondo de reintegro, el cual financiera la devolución de los montos retirados.
Las propuestas de los economistas para no incurrir en gasto fiscal
Pero no solo desde el mundo político se han deslizado ideas que contemplan el uso de fondos de pensiones para ir en ayuda de las familias. Y es que el rechazo de algunos economistas a la posibilidad de que se permita el retiro de hasta un 10% de pensiones ha decantado en otro tipo de fórmulas.
El objetivo de algunos economistas que entraron al debate es aterrizar diseños que naveguen dentro del marco de US$12 mil millones del acuerdo covid, ya que no involucran gasto fiscal, al contrario de las mociones parlamentarias que plantean que los retiros sean cubiertos por el Estado.
Según consignó El Mercurio, el experto en pensiones de Clapes UC, Salvador Valdés, presentó una propuesta que consiste en un autopréstamo "regulado en una ley de seguridad social" y que sea de vuelto con intereses "desde el futuro ingreso laboral formal". Con esto, agregó, "se obligaría a los empleadores a descontar por planilla las devoluciones y no habría nuevo crédito mientras no termine el anterior", mientras que a los trabajadores con boleta, el descuento se les aplicaría en base a lo recaudado por el SII.
En caso de subsistir alguna morosidad en la cercanía de la vejez, el economista apuntó "postergar el inicio de la pensión contributiva y reducir el monto, en hasta 20% por 36 meses. Si un moroso tuviera un beneficio fiscal para la tercera edad, los primeros beneficios irían a cubrir la mora". Esto, afirmó, "protege la pensión posterior y respeta el acuerdo fiscal".
Sobre los resguardos a los potenciales usuarios de este autopréstamo, Valdés sostuvo que a los deudores se les limitaría el descuento a 6% del ingreso y "se les fijaría un plazo máximo, por ejemplo, de 38 meses más 4 de gracia". Mientras que en situaciones de emergencia nacional el plazo aumentaría para quien agote su seguro de cesantía.
El monto autoprestado, acotó, se fijaría a partir del promedio de ingresos cotizados en los 24 meses previos, y el interés cobrado sería el retorno del Fondo D, más el costo administrativo por peso prestado que causen los deudores en promedio. Y para su implementación, señaló que sería necesario fortalecer la red legal de descuentos por planilla, junto con ampliar el giro de las AFP a atender autocréditos.
Anterior a la propuesta de Valdés, el decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la U. de Chile, José de Gregorio, también abordó la idea de un autopréstamo que funcione como crédito social con cargo al fondo que tiene acumulado cada persona mientras se extienda la crisis.
Por ejemplo, De Gregorio sugiere que se puedan hacer retiros mensuales que tomen en cuenta los ingresos que recibía el afiliado y demostrando que ya no los recibe, con pagos posteriores donde los montos no sean superiores a un 10% de los ingresos de los próximos 3 años, a una baja tasa de interés.
Retiro condicionado a posponer jubilación y fondo de inversión
Por su parte, Joseph Ramos, economista y académico de la U. de Chile, planteó permitir el retiro de hasta $1 millón por persona de su fondo de pensión durante la crisis, a cambio de posponer la edad de jubilación en un año, "o lo suficiente para que la pensión que se reciba no merme, sino que siga igual a lo que habría sido sin el retiro de fondos".
"De este modo lo que podría ser una mala idea -el retiro puro y simple- pasa a ser una buena idea al tener el costo de posponer la jubilación. Se frena así la miopía temida al mismo tiempo que se ayuda a solventar la crisis".
Joseph Ramos
"De este modo lo que podría ser una mala idea -el retiro puro y simple- pasa a ser una buena idea al tener el costo de posponer la jubilación.
Se frena así la miopía temida al mismo tiempo que se ayuda a solventar la crisis", dijo.
Otro de las fórmulas es el del economista Jorge Quiroz, quien propuso diseñar un fondo de inversiones desde los mismos fondos de AFP, que diera por una sola vez el derecho al afiliado de mandatar a su AFP que compre un determinado número de cuotas de ese fondo, con cargo a su saldo acumulado, donde el valor máximo a invertir sería en función del último sueldo imponible registrado.
Así, de ser necesario, el fondo prestaría al afiliado el valor exacto de lo que invirtió, con un periodo de gracia y amortizaciones inferiores a 2% del sueldo imponible, descontando por planilla una tasa de interés similar a la rentabilidad del Fondo E de las últimas dos décadas. Con esto no se afectarían las pensiones, ni tampoco habría mayor costo fiscal.
