Con molestia reaccionaron en la oposición luego de que el Gobierno ingresara al Congreso el veto presidencial aditivo y supresivo por el proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos durante la pandemia, aprobado y despachado por el Parlamento.
Los legisladores de centroizquierda anunciaron desde ya su rechazo y acusaron al Presidente Sebastián Piñera de “abusar” de esta potestad legislativa. Asimismo aseguraron que con esta acción se le da “la espalda a la ciudadanía”.
La autora de la iniciativa, diputada
Joanna Pérez (DC) aseguró que con esto, La Moneda intenta “empatar” tras el revés que sufrió con el proyecto que permite el retiro parcial de los fondos de pensiones y “la pérdida de control político”.
“Y este veto que afecta a la ley que despachamos transversalmente en materia de servicios básicos, viene a ser supresivo y modificatorio. Modifica algunos artículos relacionados al consumo de las familias en materia del agua, traspasando el costo a las familias y su consumo de agua, que es algo tan importante hoy en lo sanitario”, indicó.
La vicepresidenta de la falange indicó que el veto “elimina todo el plan de conectividad que se trabajó con la ministra de Transportes Gloria Hutt y también elimina el artículo que prohibía traspasar el costo de toda esta ley a los clientes, a los usuarios, a las personas. ¿Por qué hace esto? Porque sigue defendiendo a las empresas. No sólo a las sanitarias, eléctricas, a las telefónicas, sino además y por cierto, a las AFP. Esto es lamentable, bajo. Especialmente en esta pandemia”.
Es por eso que anunció el rechazo a las observaciones del Mandatario y aseguró que insistirán con la propuesta ya respaldada por ambas cámaras, algo que fue respaldadado por el timonel de la DC, Fuad Chahín.
“El Gobierno de Sebastián Piñera definitivamente perdió el rumbo, está desesperado y hoy con el veto lo que ha hecho es sacarse la careta completamente. El Gobierno está incluso en tiempos de pandemia del lado de las empresas en vez de estar del lado de las personas”, dijo agregando que a su juicio “esto ya no es un problema político sino derechamente ético. Este Gobierno es francamente amoral”.
En la misma línea reaccionaron en la bancada del PPD y el jefe de este grupo de diputados, Raúl Soto (ind.) dijo “lamentar” que a su parecer el Presidente “no aprenda la lección”
“Después de la derrota que sufrió ayer con el proyecto de retiro de fondos de las AFP, y entre gallos y medianoche haya ingresado dos vetos (también se hizo a la ley de protección a la niñez), uno de ellos un proyecto muy ciudadano y necesario que prohíbe el corte de servicios básicos para ir en ayuda y entregar alivio económico a las familias chilenas, a las pymes, a los sectores medios y vulnerables durante esta pandemia”, afirmó.
El parlamentario agregó que “lo que hace este veto es limitar su alcance y, por lo tanto, que sus efectos sean más restringidos de cómo quedaron estipulados en el proyecto de ley. Lamentamos que este gobierno le dé una vez más la espalda a la ciudadanía y se ponga del lado de las grandes empresas de servicios básicos”.
Proyecto para modificar quórum veto
En tanto el diputado frenteamplista, Diego Ibáñez (CS), aseguró que con esto el Gobierno se preocupa más de las empresas que de la ciudadanía y fue más allá anunciando la presentación de un proyecto para modificar el sistema de los vetos.
“Es lamentable que el Gobierno se ponga del lado de las grandes empresas, y no del lado de la gente. El veto suprime el artículo que establecía un sistema solidario de acceso a internet y telefonía con gratuidad durante 3 meses para las comunidades más pobres. La brecha digital es parte de la desigualdad en el acceso al bienestar. El espacio digital es urgente de cubrir para que la gente pueda estudiar y trabajar. Esto perjudica a los más pobres. El Gobierno le hace un favor a las compañías de telefonía e internet”, sostuvo.
El legislador de Convergencia Social indicó que el quórum requerido para la aprobación del veto (?) es “poco democrático”, por lo que “con 53 diputados, el Gobierno gana en su cometido. Esto es un quórum establecido en una Constitución hiperpresidencialista, muy autoritaria, y que no podemos permitir que siga ocurriendo”.
“Por eso presentamos este proyecto de reforma constitucional para acotar el plazo que tiene el Presidente para presentar un veto, y reducirlo de 30 a 10 días, y además para modificar el quórum de insistencia, pasando este de 2/3 a 4/7. Pasar de 103 diputados a 89 diputados. Hoy, con las actuales reglas, 53 diputados valen más que 103", indicó.
"Abuso"
El presidente del Partido Socialista, senador Álvaro Elizalde, también anunció el rechazo de la colectividad a la acción presidencial y calificó como “impresentable” que la presentación se haga casi un mes después de la aprobación de la norma original. -
Según él se está “dilatando su entrada en vigencia” y cuestionó también que “además en este veto se incorpore una norma que pretende suprimir el corazón del proyecto, precisamente la disposición que impide que las empresas puedan subir las tarifas con motivo de esta suspensión de pagos”.
El vicepresidente del Senado y militante del PS, Rabindranath Quinteros, aseguró que el Ejecutivo “abusa con la facultad de veto que tiene a los proyectos”.
“Está bien, es una facultad privativa del Presidente de la República, pero evidentemente proyectos que han sido aprobados por ambas cámaras del Congreso, es bastante improcedente o inconducente vetarlas. Espero que el Gobierno cambie esa actitud porque de esta forma no se gobierna. Hay que respetar las potestades de los poderes del Estado”, sentenció.
