Frente al rechazo que ha generado tanto en la oposición como en parte del oficialismo el ingreso del veto del Gobierno al proyecto de ley para suspender los cortes de servicios básicos en contexto de pandemia, la Secretaría General de la Presidencia (Segegob) divulgó una minuta en la que explica los motivos del Ejecutivo para tomar la determinación.
En el escrito, la cartera recalca que "si bien se trata de una materia que concuerda plenamente con la visión del Gobierno", la iniciativa "cuenta con ciertas falencias que deben ser mejoradas para conciliar el necesario apoyo a las familias con el resguardo del Estado de Derecho".
"Suspender el cobro de cuentas por vía legal es complejo porque se corre el riesgo de que las compañías reclamen que hay una carga pública establecida por ley y limitaciones al derecho de propiedad, lo que podría traer como consecuencia acciones legales que busquen la indemnización por parte del Estado", agrega el documento.
Asimismo, la Segegob sostiene que "el proyecto contiene disposiciones inconstitucionales, que afectarían los derechos de propiedad de las empresas que prestan los servicios", pero descarta que el veto tenga la intención de eliminarlo.
"Es prioridad del Gobierno apoyar a las personas que más lo necesitan durante la crisis sanitaria, pero sin problemas con la constitucionalidad vigente. Cualquier veto a la iniciativa no afectaría los beneficios de las personas, sino que pretende encontrar soluciones para todos los chilenos, pero con apego a las leyes para impedir cualquier acción posterior que pueda perjudicar al Estado", puntualiza.
Y agrega: "El ingreso de un veto a las leyes aprobadas por el Congreso no significa que la Ley vaya a ser suprimida, al contrario, significa que la Ley va a ser mejorada. De este modo, las observaciones ingresadas por el Ejecutivo no vienen a alterar las normas que aseguren el suministro de servicios sanitarios, de electricidad y de gas de red, por el contrario, las hacen compatibles con el ordenamiento institucional".
Por último, el comunicado recuerda que "el Ejecutivo puede resolver estos problemas vía administrativa", y que ya "estableció la postergación de los pagos de servicios básicos" tras llegar a un acuerdo con las empresas, los que "fueron renovados por 90 días a partir del 1 de julio y ampliados en cobertura del 40% al 60% más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares".
