La Asociación Gremial de Consumidores y Usuarios de Chile (Agrecu), demandó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a las cadenas de supermercados Cencosud, SMU y Walmart con el objeto de que indemnicen a los consumidores afectados por pactar acuerdos en cuotas de venta de pollos con $50.000 para cada persona mayor de 18 años y una multa grupal que asciende a $68.741,46 millones.
De acuerdo al escrito, la agrupación presentó la demanda de indemnización de perjuicios "por afectación al interés colectivo y difuso de los consumidores". Ante ellos, "solicitamos que se la declare admisible, la acoja en todas sus partes y conceda en favor de los consumidores afectados las indemnizaciones de perjuicios que resulten procedentes, todo conforme a los antecedentes de hecho y consideraciones de derecho".
"Esta acción de indemnización de perjuicios tiene por finalidad la reparación íntegra de todos los daños que los consumidores del país sufrieron a causa de los actos que han atentado contra las normas de la libre competencia, en los que incurrieron las empresas demandadas, al pactar un acuerdo entre competidores consistente en establecer cuotas en la venta de pollos, con la consiguiente alteración de precios que debieron soportar los consumidores afectados", indicó Agrecu en la demanda.
Cabe señalar que esta demanda nace "producto de la investigación reservada del año 2010 en contra de Agrícola Agrosuper, Empresas Ariztía, Agrícola Don Pollo Limitada y la Asociación de Productores Avícolas, donde la Fiscalía Nacional Económica tomó conocimiento de posibles conductas anticompetitivas en la venta minorista de carne de pollo".
Durante el proceso, "se incautaron antecedentes que revelaban una coordinación funcional, entre las empresas mencionadas, por medio de sus proveedores comunes para la aplicación de una regla de comportamiento que habría consistido en el establecimiento de un precio mínimo para el pollo fresco siendo dicho precio no inferior 'a cierta medida común a todas las cadenas, medida que era fijada por
los proveedores a través de la aplicación de una restricción vertical por separado a cada una de ellas'".
La investigación determinó que el mercado geográfico involucrado se extiende a todo el territorio nacional, esto "porque las significativas transformaciones sufridas por la industria supermercadista desde el año 2000 hacia adelante, sumado a las modificaciones de las conductas de los consumidores al aprovisionarse periódicamente en un solo lugar, han generado que la participación conjunta de las tres principales cadenas a nivel nacional ascienda a más del 92% del mercado al año 2011", recordó Agrecu.
De acuerdo a la investigación, Walmart tendría una participación de 36,4%; luego, Cencosud con 28,4%; y, finalmente, SMU con un 27,7% de participación"
"Es en ese contexto que las cadenas requeridas observaron y exigieron la aplicación de la regla para fijar un precio mínimo en la forma ya referida, y es por esto que el mercado afectado por la conducta infraccional lo constituye todo el territorio nacional", recordó Agrecu.
Por lo tanto, agregaron que "como Asociación de Consumidores creemos que la gravedad de la conducta por la que fueron condenadas las demandadas, la especial sensibilidad del producto involucrado y los beneficios económicos obtenidos durante el tiempo que fue ejecutada la conducta debe resarcir el daño causado a los consumidores de este país".
Respecto a la cifra, la agrupación manifestó que la considera " justa y representativa del perjuicio provocado debería ascender a un 10% de las ventas afectadas por la conducta anticompetitiva, en los periodos ya definidos en los autos que preceden este libelo".
"En consecuencia, corresponde a Cencosud UTA 44.354 ($26.810.396.256), a SMU UTA 26.446 ($15.985.654.944) y Walmart UTA 42.923 ($25.945.408.272). Esto asciende a la cifra de UTA 113.723 ($68.741.459.472), o la cifra que su señoría estime en justicia".
"Como daño moral consideramos que habiendo sido la colusión un acto que afectó a todos los chilenos, según se señala expresamente en la propia sentencia donde se indica que afectó a nivel nacional a más del 90% del mercado de pollos, la indemnización del daño moral debe verse incrementado en una suma en UF al día de hoy equivalente a $50.000 por cada consumidor, considerándose como tal a toda persona compradora mayor de 18 años, en atención a que los hechos que motivan la presente demanda buscan indemnizar los daños que son
consecuencia de un actuar concertado, pero que no ha tenido un efecto exclusivo en la mera determinación de un precio, conducta en sí misma grave y altamente repudiable", concluyó la asociación.
