A una semana de realizado el Plebiscito, que terminó con un amplio triunfo al Apruebo para cambiar la Constitución, el economista y ex ministro de Hacienda de Augusto Pinochet, Rolf Lüders, analiza con Emol el histórico proceso.
En esta entrevista, el académico de la Universidad Católica analiza el proceso que comenzó para reformar la Carta Magna, las incertidumbres que eso genera, aunque recalca que el modelo económico en Chile iba a cambiar con o sin una nueva Constitución.
-¿Qué le pareció lo ocurrido el 25 de octubre tras el amplio triunfo del Apruebo y la Convención Constituyente?
"El resultado del Plebiscito fue el previsible, a pesar de que el margen de diferencia fue algo mayor de lo que anticipaba. El apoyo a la moción de Apruebo fue transversal y contó con el favor de alguno de los principales líderes políticos, desde el partido Comunista hasta Renovación Nacional. La mayoría de ellos parece esperar que el proceso constitucional sea un medio que permita la reunificación nacional en torno a un escrito que nos permita restablecer el desarrollo. Sin duda existe tal oportunidad, pero en un medio tan polarizado como el actual, existe también la probabilidad de que experimentemos un largo período de alta conflictividad que culmine con una implosión social, similar a la experimentada por Venezuela, por ejemplo".
-¿Es optimista respecto a este proceso, o más pesimista con lo que pueda resultar?
"No estoy ni optimista ni pesimista, sino estoy preocupado. Se trata de un proceso altamente incierto, porque hay muy poca información. Sabemos que una gran mayoría de los que votaron desea una nueva Constitución, pero no sabemos los motivos concretos por los cuáles la desean y menos aún que piensa al respecto la otra mitad de la población. Por declaraciones en la prensa hechas por personas no afiliadas políticamente -la inmensa mayoría de la población- pareciera que esperan que la nueva Constitución generará, como por arte de magia, una sociedad más inclusiva, entre otras cosas, con mejores pensiones, más y una mejor distribuida atención de salud y provisión de educación, y una mucho mejor infraestructura municipal en la mayor parte del territorio. Sin embargo, éstas son todas materias de políticas públicas y no de un cambio constitucional, por lo que -a menos que se modifiquen estas últimas políticas a la brevedad posible- la desilusión con el proceso puede ser grave y de consecuencias insospechadas".
-The Financial Times, al abordar el caso chileno, señaló la semana pasada que los países que suelen cambiar la Constitución están entre los menos prósperos. ¿Comparte ese análisis?
"No soy un experto en materia constitucional, pero por lo que he leído el Financial Times tiene toda la razón. En la escuela de leyes de la Universidad de Chicago existe un grupo de profesores dedicado a la recopilación y análisis de todas las constituciones y sus reformas. Según entiendo, uno de los resultados más claros de sus estudios es que -frente a cambios constitucionales- las reformas tienden a ser más exitosas que las nuevas cartas magnas. Esto no significa que una nueva Constitución no puede proveer las reglas básicas del juego de un Chile que sea exitoso en su desarrollo, sino que es menos probable que eso suceda, que sí lo hubiésemos intentado por el camino de la reforma constitucional. Pero no hay que llorar sobre leche derramada".
-Desde una mirada económica, ¿qué puntos considera usted que es esencial mantener de la Constitución vigente para la nueva Carta Fundamental?
"Es otro hecho empírico que -en líneas generales- mientras más detalles y más derechos incluyan las constituciones, más se cambian y menos desarrollados tienden a ser los países que las han adoptado. Sólo se trata de una correlación y lo más probable es que se explique porque en los países civilmente más desarrollados los valores básicos son ampliamente compartidos y no requieren estar formalmente especificados. El caso de Inglaterra es paradigmático en ese sentido. Dicho eso, lo ideal -en una sociedad de libertades y con el grado de desarrollo nuestro- es que la nueva Constitución permita que las políticas públicas establezcan los más variados sistemas económicos de mercado, que por cierto deben incluir lo que se conoce como las social-democracias y las economías sociales de mercado, y excluir las economías centralmente manejadas. Si me apuran, diría que los principales derechos económicos a preservar constitucionalmente son los de y a la propiedad y aquél de la libertad de empresa".
-¿Cree que este proceso implique cambios importantes en, por ejemplo, el modelo económico y de desarrollo del país, o la autonomía del Banco Central?
"Creo que lo más probable es que la autonomía del Banco Central -que ha sido una institución fundamental en la estabilidad macro-económica alcanzada por el país en las últimas décadas- se mantenga prácticamente inalterada. En cambio, el modelo económico va a cambiar, tal como habría cambiado sin la nueva Constitución. Me explico. Los modelos son abstracciones de la realidad que se dan dentro de sistemas económicos. El sistema imperante en Chile -el que nos ha permitido crecer y desarrollarnos- es uno de libre mercado, en que el Estado juega un rol clave para lograr que el país alcance el máximo de bienestar posible. Y dado ese marco, el modelo está definido por las políticas públicas vigentes. Mi esperanza es que la nueva Constitución no impida la existencia de este sistema, a pesar de que no me cabe duda que es necesario reformar varias de nuestras políticas públicas para lograr los grados de inclusión y justicia deseados. Un buen número de esos cambios en las políticas públicas pueden ser funcionales para un mayor crecimiento económico".
"Al final de cuentas, lo importante es que, en democracia, nos pongamos de acuerdo en algún modelo que, en un marco de libertad individual, nos permita crecer y desarrollarnos".
Rolf Lüders
-En la misma línea, qué aspectos económicos serían interesantes de discutir para agregar a una nueva Constitución y que la actual no aborda?
"Coherentemente con lo que expresé en la respuesta a una de las preguntas anteriores, yo no le agregaría disposición alguna en materia económica a las que actualmente tiene la Constitución. Claro, en materia de derechos sociales es posible que éstos se deseen ampliar como una expresión de anhelo. No puede ser más que eso, dado que lo que se pueda hacer en la práctica depende de los recursos que el país pueda destinar a esos fines, lo que a su vez es una función del nivel del PIB. En ese sentido, no puedo dejar de mencionar que tengo la sensación de que muchos ciudadanos creen que el nivel actual del PIB y su crecimiento están de alguna manera asegurados. La realidad es muy distinta. Fue la adopción de los principios de una economía social de mercado que ha permitido nuestro crecimiento económico, tal como lo ha hecho en los demás países en que se han aplicado".
-¿Qué nivel de incertidumbre genera esto en los mercados e inversionistas y cómo espera que se comporten durante este proceso constitucional? ¿En qué puntos durante esta discusión cree que estarán especialmente atentos?
"Hay muchos tipos de inversiones e inversionistas. Si Ud. se refiere a aquellos que están pensando en expandir la capacidad productiva del país, lo que les interesa es la rentabilidad a plazo de sus inversiones y esa depende, entre otras cosas, de la seguridad que tienen sus inversiones, de las expectativas de crecimiento de los negocios, y de la estabilidad de las reglas del juego, incluyendo la tributación. Para esos inversionistas el proceso constitucional es clave y la incertidumbre existente -en parte asociada a lo sanitario- es fatal. Como el proceso constitucional será largo, todo lo que se pueda hacer para otorgar certezas es muy importante".
-Distintas voces, como la del alcalde de Las Condes -y posible aspirante presidencial-, Joaquín Lavín, han puesto sobre la mesa la idea de que Chile avance hacia un modelo "socialdemócrata". ¿Cómo ve usted aquello?
"Unos van, otros vienen. Hace ya algunas décadas que la social-democracia y el social-cristianismo han acercado posiciones y ambas doctrinas -en lo económico- son partidarias de economías de libre mercado, en que el Estado juega un importante papel -para unos algo más y para otros algo menos- para alcanzar el máximo de bienestar social posible. En lo fundamental -a mi parecer- ambos no difieren en lo doctrinario de nuestro sistema, si bien en el caso chileno el rol de los privados en la provisión -pero no el financiamiento- de los servicios sociales es más marcado. Al final de cuentas, lo importante es que, en democracia, nos pongamos de acuerdo en algún modelo que, en un marco de libertad individual, nos permita crecer y desarrollarnos".
-¿Cómo ve la imagen país en este momento y cuánto pondera esa visión para un análisis?
"Muchas personas en el extranjero con las que he conversado o intercambiado corros no entienden al Chile del último año. No comprenden que un país que ha sido extremadamente exitoso en materia de crecimiento, de desarrollo social, y en que en los últimos diez años la desigualdad ha disminuido muy significativamente con tendencia a seguir haciéndolo, pueda tener los movimientos destructivos que hemos sufrido y terminar desechando la base de una institucionalidad que ha probado ser efectiva en hacer posible el desarrollo del país. Algunos hablan del suicidio de Chile. A mí esto último me parece absolutamente exagerado, a pesar de que reconozco que hay motivo para preocuparse. Y desde luego, dicha imagen nos perjudica, dado que desincentiva la inversión extranjera".
-El mismo Lavín habla de la necesidad de Gobiernos de "convivencia nacional", integrados tanto por personajes de la derecha como de izquierda. ¿Le parecen viables ideas como esa?
"Arreglos de convivencia nacional, como los que propone Joaquín Lavín, los hemos tenido en Chile en el pasado y son relativamente comunes en Europa. A veces resultan, otras veces no. Se me ocurre -no soy cientista político- que eso depende mucho de la institucionalidad política del país. En el caso nuestro, con un régimen presidencial fuerte, partidos políticos muy débiles, y un parlamento absolutamente disgregado, se me ocurre que no funcionaría. Nos iríamos de una crisis de gabinete a otra. El proceso constitucional abre la posibilidad de modificar nuestras instituciones políticas, que en mi opinión al menos, son las responsables de la crisis actual".
-¿Ve similitudes entre lo que ocurre ahora en Chile con otros procesos de la historia del país?
"Quizás sea posible encontrar alguna similitud con el período de la 'cuestión social', a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En ese entonces, también en un período de globalización, nuestra economía de mercado abierta al comercio internacional y la disponibilidad de un recurso natural muy valorado (el salitre), le permitió al país crecer a tasas relativamente elevadas. Sin embargo, y principalmente, por la migración del campo a ciudades como Valparaíso y Santiago, y a las calicheras del norte, se generó importante hacinamiento, lo que gatilló la mencionada cuestión. Los cambios que se realizaron entonces para responder a ese problema, que incluyeron en lo comercial, el comienzo de políticas proteccionistas, y en lo social, importantes erogaciones y medidas, iniciaron nuestro largo proceso de baja relativa de crecimiento económico, tendencia que -agravada por los efectos de dos guerras mundiales y sobre todo la Gran Depresión- no se revirtió hasta los años 1980".
