Luego de un breve debate entre los parlamentarios en cuanto a si correspondía o no a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados votar en particular el proyecto de salario mínimo del Ejecutivo -luego de que la comisión de Trabajo rechazara la idea de legislar en la mañana-, la secretaria general de la Corporación zanjó el tema y estableció que sí se debía revisar.
Dicho eso, inició el debate en la comisión de Hacienda, desde donde revisaron punto por punto lo propuesto por Ejecutivo, rechazando algunos y aprobando otros, para luego despachar la iniciativa a Sala, donde votarían mañana en general el proyecto.
La instancia rechazó por seis votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones el reajuste de 3,2% -para aumentar el salario mínimo en $10.500 hasta los $337 mil mensuales- planteado por el Gobierno. Pero sí aprobó subir de $40 mil a $50 mil el monto máximo del subsidio del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), además de establecer un mínimo de $5 mil y aumentar el tope de ingresos para que más trabajadores puedan acceder al beneficio.
Sin embargo, los diputados, de forma transversal, criticaron que actualmente el Ingreso Mínimo Garantizado -que comenzó a operar a inicios de 2020- se esté entregando a poco más de 200 mil trabajadores, cuando el universo de beneficiarios asciende a cerca de 850 mil. Razón por la que plantearon sus dudas respecto a la efectividad del mecanismo de acceso al subsidio.
Hoy, para acceder al IGM, son los propios trabajadores que ganen el sueldo mínimo los que tienen que postular, y si bien desde el Gobierno argumentaron que se trata de un trámite sencillo y expedito, los parlamentarios optaron por un cambio de fórmula, aprobando una indicación presentada por el diputado Marcelo Schilling (PS).
La idea, explicó Schilling, es que el "trámite no quede en manos del trabajador, sino que de la empresa, la cual está obligada (según la indicación) a informar a la Subsecretaría de Servicios Sociales la nómina de trabajadores que están con el salario mínimo, por lo tanto aptos para recibir el subsidio estatal".
Por su parte, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, expresó algunos reparos a la indicación, asegurando tener dudas respecto a si el Estado tiene la capacidad de procesar la información que los empleadores pudieran entregar.
Por eso, señaló que "el Ejecutivo va a procurar en la Sala aclarar algunos de los aspectos que han quedado sobre el impacto que esto tiene", aunque de todas formas destacó que se haya "valorado" la idea de fortalecer el IMG como mecanismo para aumentar los ingresos de los trabajadores.
