Una nueva reunión sostuvo el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF), en medio de la discusión del proyecto que busca permitir un cuarto retiro del 10% desde los fondos previsionales.
Esta vez el encuentro estuvo centrado en abordar las posibles consecuencias que tendría el retiro de rentas vitalicias, punto que fue incorporado a través de indicaciones en la Cámara de Diputados.
Los miembros del CEF analizaron estimaciones presentadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Concluyeron que podrían generarse "riesgos adicionales y potencialmente graves para la estabilidad financiera".
Esto debido a la "posible afectación de la solvencia de dichas compañías y los potenciales riesgos para el pago de pensiones a 700 mil jubilados con rentas vitalicias, además del riesgo para los pagos a 2,5 millones de personas con seguros de vida, a 7 millones de personas con seguros complementarios de salud y a toda la fuerza laboral que cotiza para su seguridad social y cuenta con un Seguro de Invalidez y Sobrevivencia".
De acuerdo a las proyecciones presentadas por la CMF, "el potencial impacto de las nuevas condiciones aprobadas por la Cámara de Diputadas y Diputados para realizar los anticipos, podría alcanzar hasta un 60% del patrimonio de las CSV que venden rentas vitalicias. Frente al escenario anterior, un número relevante de firmas podría incurrir en incumplimiento de las exigencias normativas de solvencia y enfrentar problemas de liquidez para cumplir con sus obligaciones".
Cuatro posibles motivos
En la instancia los integrantes del CEF concluyeron que estas consecuencias se deberían a cuatro motivos.
En primer lugar, porque si bien los pensionados podrían anticipar hasta un 10% de sus ahorros, la pensión sólo se ajustaría a la baja en un máximo de 5%.
Segundo, porque la rebaja del 5% se mantendría hasta que se restituya el monto anticipado, afectando el principio de mutualización del riesgo.
En tercer lugar, por el cambio de la base de cálculo del anticipo desde la reserva técnica a la prima originalmente traspasada.
Y por último, según lo aprobado por la Cámara, porque las nuevas condiciones aplicarían de manera retroactiva al anticipo de la Ley N°21.330.
"En base a estos factores, la CMF estima que, de cada 150 UF que obtendrían los pensionados bajo las nuevas condiciones, sólo la mitad podría catalogarse como anticipo, mientras que la mitad restante –equivalente a aproximadamente 75 UF- serían de cargo al patrimonio de las compañías", acotó el CEF en un comunicado.
Agregó que, sin embargo, "los asegurados de rentas vitalicias también podrían enfrentar un costo relevante si las CSV no pueden cumplir sus obligaciones, dado que la garantía estatal solo cubre un porcentaje de la pensión (el 75% del exceso por sobre la Pensión Básica Solidaria, con un tope de 45 UF), merma que se debe sumar a la caída en pensión por solicitar un anticipo".
"Más allá de estos efectos inmediatos, el CEF advierte de las graves consecuencias que este proyecto de ley generaría al desarrollo de la industria de seguros –tanto de seguros generales como de seguros de vida– y al funcionamiento del mercado de capitales, los que serían sustanciales y duraderos, generando seguros, créditos y productos financieros más costosos para la ciudadanía", concluye.
