Si mantener o no la autonomía del Banco Central, si consagrar un mecanismo de acusación constitucional a sus consejeros y si dejar su estatuto o sacarlo de la nueva Carta Magna. Todo eso se empezó a discutir este miércoles en la Comisión de Sistemas de Justicia, que dio un espacio a los constituyentes para que muestren sus posturas ante la seguidilla de audiencias que tuvieron sobre ese y otros temas.
Aún no hay un consenso específico ni se está debatiendo ninguna propuesta en particular, solo es un acercamiento preliminar al debate que se dará cuando la comisión aborde ese punto. De la conversación de esta última sesión, se desprende que prácticamente ninguno de los presentes está de acuerdo con mantener tal cual las características del Banco Central (BC) y los cambios que se estipulan al menos tienen que ver con su integración.
Quien inició la discusión fue
Andrés Cruz (Colectivo Socialista), quien defendió que el BC debería mantenerse en la Carta Fundamental como órgano autónomo y también mantenerse sus funciones, pero que se podría aumentar el número de consejeros.
Rodrigo Logan, en tanto, afirmó que el BC debería estar en la Constitución porque "beneficia a Chile", y Ruggero Cozzi (RN) advirtió que "la economía será el talón de Aquiles del próximo gobierno y en este tema del Banco Central, pido que seamos responsables, no demos señales equivocas (...) Chile no puede cometer errores institucionales, que generen desconfianza en los mercados, que espanten la inversión, que estanquen nuestro crecimiento y que se termine afectando el bolsillo y el costo de la vida de la gente".
La constituyente de Chile Libre, Ruth Hurtado, también estuvo en esa postura: según Hurtado, "es muy peligroso que la función del BC esté relacionada con los gobiernos de turno, es necesario mantener su institucionalidad como la conocemos hasta ahora, con algunos cambios tal vez, su integración, pero su función ha sido bastante buena, no hay críticas con respecto a la función".
Una acusación constitucional a sus consejeros
"No es una práctica habitual que las constituciones consagren el BC en la Carta Fundamental (...) pero si se considera que debiese estar dentro de la Constitución, debe existir un control. Este miedo que se arma respecto de las acusaciones constitucionales no tiene ninguna justificación si analizamos la historia de este instrumento en nuestro país", opinó Mauricio Daza (INN).
Ese punto, el de establecer un mecanismo de control como una acusación constitucional, fue uno de los más mencionados en la discusión.
"Sus autoridades deben estar sometidos a control político. No puede ser que no exista control", agregó Christian Viera (Ind. cercano al FA).
Al mismo tiempo,
Daniel Stingo sostuvo que "no discuto la autonomía, pero requiere fiscalización efectiva", aunque dijo que no es "amigo" de las acusaciones constitucionales.
"Es necesario que los bancos centrales tengan grados de autonomía, pero tenemos que intentar redefinir el carácter autónomo del Banco Central en el sentido de otorgar grados de independencia relativa y responsable. Cuando hablemos de responsabilidad es relevante pensar en mecanismos como una acusación constitucional o procesos de remoción iniciados por el Congreso respecto del presidente del banco", sumó Manuela Royo (MSC).
La constituyente Ingrid Villena (Pueblo Constituyente), remarcó que no existen mecanismos de control ciudadano y que se debería "fortalecer el sistema de control" del banco. En esa misma línea, su compañero de colectivo Daniel Bravo comentó que es necesario "repensar los mecanismos de responsabilidad de los consejeros y actualizar el mecanismo de remoción que es muy complejo y casi imposible de usar".
En tanto, Luis Mayol (RN) se mostró en desacuerdo con el mecanismo de acusación constitucional porque estas "son políticas", y opinó que "hay un control hoy que se podría mejorar, que sea absolutamente apolítico".
En esa misma postura está Tomás Laibe (Colectivo Socialista), quien explícitamente dijo que "no estoy de acuerdo con la acusación porque genera un tremendo riesgo para la acción del banco y si se establece como una norma común a los órganos autónomos, no debería corresponder al BC en cuanto a su mandato".
Las otras funciones
Otro de los temas que se discutieron en relación con el BC tiene que ver con las funciones que se le adjudican. En la actualidad, el mandato de esta institución es velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, pero algunos convencionales impulsan modificaciones a esa misión, para que incluya otros temas.
"Entendemos que sería prudente seguir manteniendo su autonomía porque no podemos desconocer su buen funcionamiento desde que se incorporó a la Constitución, pero hay críticas que señalan que debiera
promover el desarrollo económico, regularizar la valorización del empleo", dijo Villena.
Bravo, por ejemplo, comentó que estaba "abierto" a considerar otras funciones; mientras que Manuela Royo propuso que se deberían establecer objetivos institucionales más amplios dado el contexto "adverso", como la crisis climática. En ese contexto, Laibe también se mostró en desacuerdo pues "el BC no tiene instrumentos para eso", dijo.
"Hay que discutir otras funciones, como fomento de empleo o pymes y hacerlo sin miedo. Si le faltan herramientas, se les entregarán. El poder que tienen es muy grande y dejarlo solo en la política cambiaria, monetaria, inflacionaria es muy mezquino", añadió Stingo.
