Casi cinco años de tramitación legislativa en torno al proyecto que crea un royalty para la gran minería del cobre culminaron este miércoles, luego de que la Sala de la Cámara despachara a ley la iniciativa que forma parte de los ejes de la reforma tributaria del Gobierno.
La aprobación se dio en medio de una intensa sesión, que contó con intervenciones tanto opositoras como oficialistas, y que concluyó con una celebración en pleno hemiciclo en la que los diputados incluso entonaron el himno nacional.
En concreto, el royalty establece un nuevo esquema tributario para los explotadores mineros que produzcan más de 50.000 toneladas métricas de cobre fino al año que considera un impuesto ad valorem de 1% sobre las ventas anuales de metal rojo -en los casos en que las firmas obtengan un resultado operacional negativo, no procederá el pago de este-.
Además, se aplicarán tasas de entre 8% y 26% según margen operacional minero, y considerará la depreciación y los gastos de puesta en marcha en el cálculo de los costos. Eso sí, para aquellas mineras pequeñas y medianas -es decir, que produzcan menos de 50.000 toneladas métricas de cobre fino- se mantiene la misma carga tributaria vigente
Junto con ello, se fijó una carga tributaria potencial máxima de 46,5% para aquellas faenas sobre 80.000 toneladas, y de 45,5% para operaciones entre 50.000 y 80.000 toneladas.
Esta nueva estructura impositiva empezará a regir a partir del 2024 y, en régimen, espera recaudar 0,45% del PIB. Esto es, aproximadamente US$1.350 millones, de los cuales US$450 millones serán distribuidos directamente para impulsar el desarrollo productivo de las regiones y comunas en todo el país.
A su vez, se introdujeron incentivos a la expansión de proyectos mineros, ya que el impuesto específico para estos explotadores se determinará utilizando un promedio de su producción durante los últimos seis años, quedando transitoriamente con tasas más bajas que otros de similar producción. Otra de las grandes innovaciones de este proyecto es que, por ley, se crearán tres fondos de beneficio comunal y regional que suman US$450 millones.
"Finalmente va a poder la luz, con una fórmula que, a nuestro entender, combina bien el objetivo de aumentar la participación del país en la renta económica de la actividad minera. Y por otro lado, mantener un clima favorable a las inversiones en el sector", dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, este jueves en conversación con Radio ADN.
Los inicios del royalty
El royalty comenzó su debate en el Congreso como una moción parlamentaria que fue ingresada el 12 de septiembre de 2018 por los ex diputados Natalia Castillo (IND-FA), Marcelo Schilling (PS), Pablo Vidal (RD), y Pedro Velásquez (IND), además de los actuales legisladores Daniella Cicardini (PS), Jaime Mulet (FRVS), Catalina Pérez (RD), y los senadores del FRVS Alejandra Sepúlveda y Esteban Velásquez.
En ese entonces, la iniciativa buscaba establecer "una compensación en favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio, equivalente al 3% del valor nominal de los minerales extraídos", la que debía "destinarse a obras de desarrollo en las comunas en donde se encuentren los yacimientos respectivos de donde se extraiga el mineral, que permitan mitigar los efectos ambientales que produzca la actividad minera".
Se mencionaba que la compensación debía ser pagada anualmente por el explotador minero respectivo, y que la compensación no sería exigible para aquellos explotadores mineros que extraigan, en el caso del cobre, cantidades anuales no superiores a 12.000 toneladas métricas de cobre fino, y en el caso del litio, cantidades anuales no superiores a 50.000 de litio metálico.
Tras su presentación, el royalty fue aprobado en la comisión de Minería y Energía de la Cámara, pero luego fue rechazada en la comisión de Hacienda de dicha instancia parlamentaria. Y pese a contar con un informe negativo, a fines de marzo de 2021 el royalty fue aprobado por la Sala, lo que llevó al gobierno de Sebastián Piñera a hacer uso de la reserva de constitucionalidad, dado que el proyecto creaba un impuesto, facultad que, según la Carta Fundamental, corresponde al Ejecutivo.
"Finalmente va a poder la luz, con una fórmula que, a nuestro entender, combina bien el objetivo de aumentar la participación del país en la renta económica de la actividad minera. Y por otro lado, mantener un clima favorable a las inversiones en el sector"
Mario Marcel, ministro de Hacienda
que es exclusiva del Presidente de la República", aseguró el ministro de Hacienda de ese entonces,
Rodrigo Cerda.
En aquel momento, el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, presentó una simulación realizada por Cochilco, respecto a cómo operaría el nuevo sistema tributario con el nivel de precio del cobre de esa fecha -US$ 4,5 la libra-, en una empresa ficticia que producía unas 150 mil toneladas del metal anuales, entre otras consideraciones.
Los resultados del ejercicio arrojaron que la empresa estándar tendría en un año normal de operación una carga tributaria de 82,3% en Chile, mientras que el resto de las jurisdicciones en comparación enfrentarían una carga tributaria de 40,7% en Perú, 44,6% en Australia del Sur, 40,1% en Columbia Británica y 41,6% en México.
En ese escenario, sin la aplicación del royalty, la carga tributaria de Chile llegaba a 40,3% bajo las mismas condiciones. "Algo no está bien en un proyecto que busca elevar esa carga a 82%. Con este proyecto, las compañías tendrían que tributar el doble en Chile que en los otros países líderes de la industria. Con este impuesto no es que estemos un poco arriba o abajo, estamos completamente fuera de rango", aseguró Jobet.
Indicaciones del actual Gobierno
No obstante, el debate por royalty siguió su curso en el Parlamento, hasta que en mayo de 2021 el proyecto llegó al Senado, donde permaneció hasta mayo de este año. En ese lapso, el Gobierno presentó una serie de indicaciones para destrabar la discusión, entre las que destacaba un ajuste que incluyó el Ejecutivo al tope máximo establecido en la iniciativa.
Según indicaba el texto, sumando todos los tributos, la carga no podría superar el 48% (royalty, primera categoría, entre otros), una cifra menor a la propuesta original del 50% hecha por Hacienda.
Sin embargo, dicho guarismo fue modificado en tres ocasiones por el Gobierno, en su esfuerzo por aunar posiciones entre los parlamentarios. De esta manera, el tope se redujo de 48% a 47%, hasta que finalmente se llegó a un consenso para dejarlo en un 46,5% para los productores que superen las 80 mil toneladas métricas de cobre fino, y en 45,5% para aquellos cuya producción sea menor al nivel antes mencionado.
Con esto, el royalty fue despachado por la comisión de Hacienda del Senado el 9 de mayo recién pasado, y un día después fue respaldado en Sala, lo que le permitió avanzar hacia su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputadas, instancia que también lo visó favorablemente.
