El caso de los audios en los que se hace alusión a pagos irregulares a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) reabrió la discusión acerca de una iniciativa que ingresó en mayo al Congreso y que ha tenido escasos avances: el proyecto de ley de Inteligencia Económica Contra el Delito.
Y es que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha enfatizado en varias ocasiones, durante los últimos días, la necesidad de que la iniciativa salga adelante, ya que, a su juicio, fortalecería la persecución de delitos relacionados a la corrupción, como el escándalo de los audios. Incluso, reprochó al Congreso su poca capacidad "preventiva".
"Qué diferencia haría, probablemente, si es que hubiéramos aprobado dentro de tres o cuatro meses el proyecto de inteligencia económica que sigue sin votarse", criticó ayer el jefe de la billetera fiscal.
Desde la oposición, sin embargo, no se mostraron de a acuerdo con sus dichos. El presidente del Senado,
Juan Antonio Coloma (UDI), indicó a El Mercurio que la comisión de Seguridad "ha puesto en tabla el proyecto de inteligencia económica al menos cinco veces desde su presentación".
El senador Felipe Kast (Evópoli), presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara Alta, manifestó, en tanto, que "el que se ha demorado es el Gobierno, que no ha mandado las mejoras a un proyecto que está mal diseñado. Todos los expertos han planteado que necesitamos que se apruebe la ley de inteligencia que está en la Cámara".
En qué consiste el proyecto
¿De qué se trata la ley de Inteligencia Económica? ¿Cómo podría la iniciativa impedir que eventuales delitos -como los expuestos en los audios revelados por Ciper- se lleguen a concretar?
El proyecto contempla tres ejes: el fortalecimiento del ecosistema de inteligencia económica, la prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas y otorgar mayores facultades intrusivas y sancionatorias.
Dentro del primer eje, lo que plantea el proyecto del Ejecutivo es el trabajo conjunto entre distintos organismos e instituciones que permita recopilar, analizar y utilizar información relacionada con actividades económicas y financieras. Esto, con el objetivo de prevenir los delitos de este tipo.
En ese sentido, la iniciativa contempla además la creación de unidades de inteligencia y coordinación en materia de crimen organizado en el Ministerio de Hacienda. En particular, la idea es instituir este tipo de unidades dentro del Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) y coordinarlos con la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Para que todo lo anterior tenga éxito, el proyecto propone facilitar el levantamiento del secreto bancario en caso de existir indicios de conductas ilegales o ligadas a delitos.
En relación al segundo eje -orientado a la prevención y detección- la iniciativa busca establecer requisitos más estrictos en relación a algunas actividades económicas.
Así, de la iniciativa se desprende la obligación de iniciación de actividades para personas que operan en el comercio exterior y la fiscalización y revisión de antecedentes para quienes no presenten antecedentes patrimoniales plausibles.
Por último, el proyecto establece sanciones al transporte de mercaderías ilícitas y normas para permitir el bloqueo de medios de pago ante conductas sospechosas.
Requerirá un mayor nivel de capacitación
La profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de los Andes, Rosa Fernanda Gómez, dice encontrar "interesante" la iniciativa.
Según comenta, "exigirá mayores desafíos para los órganos involucrados, vinculados con la recopilación y sistematización de información".
En ese sentido, añade que "también demandará un uso más intensivo de medios tecnológicos y un mayor nivel de capacitación y conocimiento de los funcionarios que integren las unidades de inteligencia".
