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Comisión zanja polémica y rechaza las dos solicitudes para entregar 600 mil hectáreas a comunidades en Aysén

Ambos requerimientos, que se hicieron en el marco de la "ley Lafkenche", fueron desestimados por amplio margen de los 36 miembros de la instancia.

29 de Febrero de 2024 | 19:50 | Redactado por Ignacio Guerra, Emol
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La comisión votó por cerca de cuatro horas.

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La Comisión Regional de Uso de Borde Costero -compuesto por 34 integrantes- finalmente rechazó las dos solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), que pedían la entrega de más de 600 mil hectáreas de mar a administración de comunidades indígenas. Esto, en el marco de la "ley Lafkenche".

En principio, se desestimó el requerimiento que realizó la comunidad Pu Wapi (27 personas, 23 familias) de la comuna de Guaitecas, que pedía la "ECMPO Cisnes" por una superficie de 227.272 hectáreas. Obtuvo 32 votos en contra y sólo dos a favor.

Y luego se rechazó la solicitud del "ECMPO Islas Huinchas", que abarca una superficie total de 393.945 hectáreas y que fue requerida por la comunidad indígena Antuen Rain (11 personas, 9 familias). Logró 29 votos en contra, dos a favor, dos a favor con modificación y una abstención.

La votación generaba alta expectación en la región ya que diversos sectores económicos, en especial los vinculados a la acuicultura y salmonicultura, alertaban de un eventual riesgo para la industria en caso de que las solicitudes fuesen aprobadas.

De hecho, el desarrollo de la comisión fue seguido en vivo por sindicatos y trabajadores de la pesca, quienes aplaudieron y celebraron cada uno de los votos en contra de los requerimientos de las comunidades.

Según advirtieron en la antesala de la votación, las solicitudes "comprenderían el área donde hoy se ubican más de 300 concesiones (acuícolas), que representan el 45% de la capacidad nacional de engorda de salmones".

Además, acusaron que la entrega de esa gran cantidad de hectáreas resultaba "desproporcionado" en relación a la cantidad de personas que componen las comunidades.

La comisión que zanjó la polémica fue compuesta por diversas autoridades de la región, entre las que se encuentran la gobernadora de Aysén, Andrea Macías (PS); el delegado presidencial provincial, Jorge Díaz Guzmán; y el delegado presidencial regional, Rodrigo Araya Morales (RD); además de otros representantes del Gobierno en la Región.

La instancia, además, contó con la presencia de una serie de alcaldes, como los de Aysén, Chile Chico, Cisnes, Cochrane y Tortel; de secretarios regionales de distintos ministerios, como los de Turismo y Vivienda; y por representantes del sector pesquero, acuícola, turístico, portuario y de pueblos originarios.
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