"Soy el único que paga", dice un usuario del Metro que, cuando alrededor de las 20:00 horas, algunas veces a la semana, usa su tarjeta Bip para cruzar el torniquete de la estación Los Domínicos, es testigo de cómo varios saltan la barrera sin siquiera hacer una mueca. Ese comportamiento es común en el transporte público y se extiende, por su puesto, al sistema de buses, el cual el segundo semestre de 2023 registró un índice de evasión de 39,8% en la Región Metropolitana.
La evasión en el Transantiago es solo uno de los índices que da cuenta de la deteriorada conducta de pago de los chilenos. Y es que en el último tiempo son varios los registros que evidencian lo que ocurre a nivel país.
Por un lado, el impago de tres cuotas o más de créditos de consumo alcanzó el máximo en una década en enero de 2024. En el primer mes del año, el indicador de morosidad superior a 90 días o más llegó al 2,99% de la cartera total de consumo. Entre marzo de 2014, primer mes que se entregó este indicador, y enero de 2024, el promedio en los impagos fue de 2,08%.
Otros de los indicadores que generan preocupación son los de la morosidad en el CAE, que pasó de tener un 29% de egresados morosos en 2017 a un 54% en 2023; y el de la deuda alimenticia, que acumula 188.600 deudores, con una deuda total de $77.620, afectando a más de 225 mil niños.
A todo esto se suma el alza en los reportes de fraudes, que, a juicio de las instituciones financieras, serían, en realidad, autofraudes, que se estarían aprovechando de una ley flexible para exigir restitución de dinero. En el Congreso ya trabajan en modificaciones.
Por último, aparece un dato reciente: y es que el número de morosos superó los 4 millones al cierre de 2023, según el Informe de Deuda Morosa que elaboran la Universidad San Sebastián y Equifax. El documento detalla, además, que la deuda promedio aumentó a $2,1 millones en un año.
La pregunta, frente a la elocuencia de todos estos indicadores, es por qué se evidencia en el país este comportamiento que, mirado al menos desde la superficie, deja al descubierto una reticencia al pago, en términos globales. Los expertos contestan que detrás hay una lógica de incentivos que opera mal y que también existe la posibilidad de que las instituciones financieras hayan prestado dinero a quienes, en condiciones normales, no hubiesen calificado.
También, dicen, han influido ciertas promesas políticas, en particular en relación a los deudores del CAE.
Las razones: incentivos y situación macroeconómica
Para algunos las razones tras lo que evidencian los datos tienen que ver con incentivos. Juan Nagel, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes señala que "cuando una persona decide dejar de hacer un pago, sopesa el costo de no hacer el pago con el potencial beneficio. En el caso de la evasión del pago del transporte público, por ejemplo, hay un evidente beneficio que proviene de no pagar, pero también de comportarse como la manada". Además -agrega- "como las sanciones son casi nulas, no hay costo alguno de no pagar".
Dice, también, que "en el caso del CAE opera una lógica similar, y que la
expectativa de un 'perdonazo' ha hecho que sea poco atractivo estar al día".
En relación a sí las promesas políticas pudieron haber influido en la morosidad del CAE, el académico recalca que "pueden provenir del discurso y de las expectativas de que las deudas del CAE se perdonen, pero parte también viene del aumento en la morosidad en los demás créditos. Cuando el crecimiento económico es menor al esperado al momento de obtener un crédito, muchas familias privilegiarán pagar créditos con altas penalidades por morosidad (hipotecarios, de consumo, etc.) por sobre un crédito como el CAE, en el cual el Estado actúa como aval".
Esteban Viani, economista de la U.Autónoma, en tanto, hace hincapié en la situación macroeconómica. ¿A qué se debe el aumento de la morosidad?, se pregunta. Y responde: "En primer lugar, yo diría que es la recesión económica, la caída de los salarios reales y la pérdida del empleo". Explica, en esa línea, que "tenemos que recordar que tenemos tasas de desempleo bastante altas y, por otro lado, también hubo tasas de interés que estuvieron altas. Por lo tanto, esa conjugación de crédito caro más recesión económica, es una gran responsable de esto".
En relación a la situación del CAE, indica que "es perfectamente entendible, dado los incentivos que se presentaron, que los deudores o la gente que no necesariamente está morosa pero que sí tiene que pagar su educación, no lo haga porque lo van a perdonar. Ven un incentivo y se enfrentan a la siguiente disyuntiva: 'pago y, por lo cierto, pierdo poder adquisitivo, o no pago y el gobierno de turno me va a condonar la deuda'".
El profesor de Ingeniería Industrial de la U. de Chile, Luis Llanos, también destaca la situación macroeconómica. "El origen de esto -explica- pareciera estar en las condiciones económicas; básicamente una liquidez que objetivamente ha empeorado, dado que han quedado atrás los retiros y ayuda que se hicieron en la pandemia; la situación de empleo se ha detoriorado; y también tenemos tasas de interés que se han mantenido altas por un tiempo".
"En esta caso -continúa- esto disminuye las posibilidades de pago. Sin embargo, no es posible aún considerar un cambio estructural en el comportamiento de pago de los chilenos".
Finalmente, recalca que la situación del CAE es "diferente". "Ante la incertidumbre de las reglas de pago, no debiera sorprendernos un comportamiento más pragmático de los deudores", explica.
La cuestión de los incentivos estaría, también, relacionada con el aumento en los autofraudes. Hernán Osorio, académico de la Escuela de Negocios de la UAI, comentó la semana pasa a El Mercurio que "de alguna forma nos dieron un espacio para el autofraude y la sociedad lo tomó y no se reprimió al momento de tomar ese espacio. Es gravísimo y hay que de alguna forma revertirlo".
¿Qué ocurrirá en el corto plazo?
"Cuando las tasas de pago aumentan, las instituciones financieras tenderán a restringir el crédito a cierto tipo de clientes. Por otra parte, en previsión de que las tasas de morosidad sean altas, las instituciones financieras buscarán protegerse mediante tasas de interés o administrativas más altas. El efecto será un encarecimiento del crédito para todos los consumidores", dice Juan Nagel, de la Universidad de los Andes.
Viani, en tanto, recalca que "primero que todo, nosotros necesitamos un PIB al 2,2%, que es nuestro crecimiento potencial y, segundo, aumentar el crecimiento potencial. ¿A partir de qué? A partir de mayor productividad, básicamente. Si eso no se logra, o en tanto eso no se logre, yo veo un panorama bastante oscuro".
Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la USS, por su parte, indicó a El Mercurio que un aspecto negativo para enfrentar el problema de morosidad son las eliminaciones de los registros de información que se han aprobado en el último tiempo, por ejemplo, en materia de deudas de salud y de educación.
"Es completamente irresponsable, porque que no exista el registro no significa que no exista la morosidad, es decir, esas personas siguen con sus compromisos crediticios incumplidos y siguen con una calidad de vida que se deteriora", dijo al medio citado.
