Fue el miércoles cuando la
Siderúrgica Huachipato (empresa del grupo CAP y principal industria productora de acero en Chile, ubicada en Talcahuano, región del Biobío) informó la suspensión -de forma indefinida- de sus operaciones, tras considerar "insuficientes" las medidas adoptadas para revertir "el impacto de la competencia desleal" de empresas que operan en China.
La compañía solicitó a la Comisión Antidistorsiones investigar la existencia de "dumping" en artículos de acero chino y, en caso de acreditarlo, aplicar sobretasas arancelarias.
La entidad, tras tres meses de investigación, aseguró que existe "evidencia suficiente" para sostener la existencia de "dumping" -que los productos se estaban vendiendo a precios inferiores al costo- y recomendó al Gobierno sobretasas arancelarias transitorias -por tres meses mientras que se extiende la investigación- con un promedio de 15,3% a tres empresas que operan en China. Esto, sin embargo, no dejó conforme a la acerera, pues pedía un 25% para las barras de acero para la molienda, y de un 33% a las bolas, y para todas las empresas que traen acero desde el gigante asiático.
"Fuimos claros en el nivel de distorsión provocado por el acero chino y en que las medidas solicitadas eran la única manera de nivelar la cancha y viabilizar la operación de CSH. Valoramos que la autoridad haya reconocido la existencia de distorsiones y de una competencia desleal, pero lamentablemente la comisión estableció sobretasas menores a las solicitadas", señaló César Garrido, gerente general de la compañía.
Lo cierto, es que en medio de toda la crisis que atraviesa la empresa y que mantiene "los ánimos muy bajos" en los trabajadores -según han comentado los mismos líderes de los sindicatos 1 y 2, Héctor Medina y Fernando Orellana, al diario El Sur- han aparecido una serie de conceptos y actores que son claves para entender la situación.
Por ejemplo, ¿qué es la Comisión Antidistorsiones? De acuerdo con la Biblioteca del Congreso Nacional, es la encargada de investigar la existencia de distorsiones en el precio de mercaderías importadas. Además, está encargada de "conocer las denuncias sobre distorsiones en los precios de las mercancías (dumping y subsidios) que se transan en los mercados internacionales y determinar si éstas ocasionan un perjuicio significativo, actual o inminente a la producción nacional, así como de investigar la existencia de aumentos de importaciones de un producto en tal cantidad, en términos absolutos o en relación con la producción nacional y realizadas en condiciones tales que causen o amenacen causar un daño grave a la rama de la producción nacional que produce productos similares o directamente competidores".
"La comisión actúa en base a denuncias, pudiendo también realizar de oficio investigaciones en los casos que disponga de antecedentes que así lo justifiquen. De dar por establecida la existencia de distorsiones en el precio de la mercancía y que éstas ocasionan un perjuicio significativo, actual o inminente, en la producción nacional afectada, recomendará la adopción de alguna de las medidas consideradas en la ley, como la fijación de sobretasas o de derechos antidumping y derechos compensatorios".
Siguiendo esa línea, y según Aduanas, las sobretasas arancelarias son tributos aduaneros "que gravan a ciertas mercancías y cuya finalidad fundamental es proteger la industria nacional cuando existen denuncias de dumping de otros países". También se les conoce como derechos compensatorios o antidumping, y generalmente es un porcentaje que se aplica sobre el valor aduanero por un período determinado.
Ahora, el dumping, según expuso a Emol Rodrigo Saens, economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, "es cuando una o más empresas venden sus productos a un precio artificialmente bajo, el que a veces puede ser significativamente menor que su costo de producción".
El objetivo de esa práctica, afirmó, "es deshacerse de excedentes de producción, ganar participación de mercado o sencillamente destruir la competencia local". Y, para abordarlo, "muchos países tienen leyes lo prohíben y permiten la imposición de aranceles compensatorios sobre los productos que son objeto de dumping, como lo es en este caso el acero chileno".
ProChile del Ministerio de Relaciones Exteriores agrega, en tanto, que el "dumping es condenable cuando causa o amenaza causar un daño importante a una rama de producción existente o si se retrasa de manera importante la creación de una rama de producción nacional".
En el caso de lo que ocurre con las empresas con operaciones en Chilaentonces, se habla de "dumping", porque el país asiático exporta productos que vende más baratos afuera de lo que se venderían en su propio territorio. De este modo, se imposibilitaría a las empresas competir, pues no pueden bajar sus precios al del acero de origen chino.
Agorechi: "Trae pobreza y desesperanza"
La determinación de paralización de Huachipato ha provocado, por ejemplo, que empresas como la norteamericana MolyCop (que pidió a la comisión sobretasas provisorias para bolas de acero), anunciara la continuidad de sus operaciones, pero con la compra de materia prima en el extranjero.
El gerente general Gustavo Alcázar explicó a través de un comunicado que "MolyCop opera desde los territorios, en donde tiene sus instalaciones, con una política de compra que preferencia la adquisición local de insumos. Sin embargo, la decisión de CAP la obliga a recurrir a otros proveedores de calidad fuera de Chile con el fin de mantener sus operaciones con normalidad".
"Esta decisión (de CAP) también tiene costos para Chile, porque el encadenamiento productivo que se genera entre barras y bolas producidas en Chile tienen un alto valor estratégico que no estará disponible una vez que Huachipato detenga sus operaciones", indicó.
La Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi) también se refirió al anuncio de cierre indefinido a través de una misiva. "El efecto del cierre de una empresa o la afectación de un sector productivo trae pobreza, desesperanza y una pérdida de competitividad que no pone solo en riesgo el desarrollo de las localidades afectadas, sino que es un verdadero retroceso a la calidad de vida de estas", precisaron.
Otro actor que ha alzado la voz en esta situación es Julio Bertrand, presidente de la siderúrgica. En conversación Radio ADN expresó que "nunca hemos estado solicitando aquí un subsidio", ya que "es contradictorio con la correcta asignación de los factores para hacer de Chile un país más industrial y mejor. Nosotros lo que estamos solicitando es que se empareje la cancha".
En esa línea, y consultado si es que, a su juicio, se puede modificar la recomendación de la Comisión Antidistorsiones, dijo que "por supuesto que sí". "Sí es reversible, porque de hecho la Comisión Antidistorsiones lo que ha hecho de forma provisoria es recomendar, pero todavía no se publicaba nada en el Diario Oficial, todavía el Presidente de la República no define cuánto es el 'dumping'. Y a pesar de que lo definiera, por reglamento, debería estudiar y poner tasa definitiva hacia el mes de septiembre".
Quien también apuntó los dardos al Gobierno fue el alcalde de Talcahuano, Henry Campos (UDI). "Se viene hablando hace tiempo de esta situación y de la aplicación de medidas antidistorsión (...) Yo creo que no se hizo el mayor de los esfuerzos", aseguró en entrevista con Radio Universo.
En ese contexto, Campos también abordó la gestión del ministro de Economía, Nicolás Grau: "Cuando me llama en la noche para decirme que van a tomar acciones para salvar a Huachipato es que no le creyeron a la empresa, no le creyeron que menos del 20 y 24% de tasas no iban a funcionar, es decir, no me deja nada más que entender que no le creyeron a la compañía, no le creyeron los trabajadores".
"No quiero sonar pesimista con el Gobierno, pero creo que no le prestó la atención necesaria a la Siderúrgica Huachipato", agregó.
Ahora, desde el Gobierno la principal figura ha sido el ministro Grau, quien previo al anuncio de paralización de la empresa, valoró la decisión de la Comisión Antidistorsiones. "Han hecho su trabajo", señaló, argumentando que "la deliberación es eminentemente técnica, pero respalda la postura que planteaban las empresas perjudicadas en relación a la existencia de de 'dumping'".
El presidente Gabriel Boric también ha abordado la situación. El jueves en el marco de la inauguración de la planta desaladora de la minera Los Pelambres de Puerto Punta Chungo, en la región de Coquimbo, el Mandatario expresó su preocupación y comprometió el esfuerzo del Ejecutivo para tratar de revertir el posible cierre.
"Nos preocupa lo que está pasando con CAP en Talcahuano, que es una preocupación firme del Gobierno. El ministro (Nicolás) Grau está encargado. Es algo que, para que sepan, va más allá de la voluntad o no del Gobierno, porque tiene que ver con cuestiones internacionales", comenzó señalando Boric. No obstante, enfatizó que "desde el Gobierno estamos poniendo todo el énfasis y (estamos) en un diálogo con la empresa para poder evitar justamente el cierre de la misma".
El sábado se conoció una entrevista que dio el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en El País, donde se refería a la situación con la acerera. En concreto, se le preguntó sobre las herramientas independientes que tiene el Gobierno para evitar que cierre la planta e indicó que la administración "tiene instrumentos de política que pueden incidir sobre el acceso al crédito u otro tipo de circunstancias, pero no puede hacer responsable de la gestión de una empresa privada".
¿Qué puede hacer el Gobierno ante esta situación, entonces? A ojos de Saens, para mantener operativa la compañía, en lo inmediato, "no se me ocurre otra forma que subir la sobre tasa arancelaria a un 25%, aunque solo de manera transitoria mientras dure el dumping, para así no imponer mayores costos de largo plazo a los usuarios del acero".
Impacto en el empleo
Otra de las grandes preocupaciones de este hecho es el empleo, pues de tener un cierre definitivo, se verían afectados más de 20 mil puestos directos e indirectos.
En conversación con Estadio Nacional de TVN, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, fue consultada por esta problemática y afirmó, en primer lugar, que "la labor del Gobierno es apoyar la actividad productiva del país en general y, por cierto, que las personas puedan mantener sus fuentes de trabajo. En esa tarea estará el ministro Grau, continuando la conversación con la empresa".
Ahora bien, de todas maneras expuso que "sin duda, hay una responsabilidad de la empresa bastante importante, porque ellos son los dueños de la empresa. Lo que aquí ha estado pasando lleva más de una década (...) Hoy día la situación ya está como está y nosotros estamos para apoyar lo que pueda pasar en el Biobío con los trabajadores".
Respecto a si pueden asegurar los puestos que estarían en amenaza por el cierre de la acerera, indicó que "los trabajadores son contratados por un empresario privado, no por el Estado ni por el Gobierno", pero lo que "nosotros podemos asegurar es que hay un compromiso del Presidente de la República para hacer todo lo posible por apoyarlos".
Cabe mencionar que los dirigentes de los sindicatos 1 y 2 de Huachipato, acordaron reunirse en una asamblea abierta para todos el jueves 28, para ver cómo se va a enfrentar el futuro de la empresa. "Vamos a insistir, nosotros ya lo hemos dicho, hasta el último día para que se revierta este porcentaje que se dio equivocado", afirmó Orellana a El Sur.
Idea de sobretasa del 50% y la respuesta de Hacienda
Personeros de distintos colores políticos de la región del Biobío anunciaron el viernes un proyecto de ley que promueve una reforma constitucional para establecer una sobretasa arancelaria, por tres años y del 50%, al acero proveniente de China para ir "en defensa de la industria nacional, regional y los trabajadores".
El objetivo, según indicaron, es "incorporar un artículo transitorio nuevo en la Constitución política de la República estableciendo medidas de protección para la industria siderúrgica chilena, implementando un arancel especial temporal al acero chino".
Lo que pretenden es que "durante los tres años siguientes a la publicación de la presente reforma constitucional, toda importación de productos de acero como alambrones, acero de refuerzo para la construcción, barras y bolas de molienda de minerales, de origen de la República Popular China, este gravada con arancel del 50%".
La iniciativa es promovida por los diputados Joanna Pérez (Demócratas), Marlene Pérez (IND-UDI), Roberto Arroyo (Social Cristiano), Félix González (Ecologista Verde), Leonidas Romero (IND-RN), y el senador Gastón Saavedra (PS), junto a los dirigentes de los sindicatos 1 y 2 de Huachipato, el gobernador regional Rodrigo Díaz, y alcaldes de la zona.
Pérez reconoció que "este proyecto es un aumento de un 50%" y "quizás es excesivo, sí, pero tendremos que ponernos de acuerdo desde el Congreso con el Gobierno, con la Comisión y con los antecedentes que pueda aportar la empresa y el mercado. Creo que hay mucho más por hacer".
Marcel abordó esta idea durante la mañana en Mesa Central de T13, asegurando que "es totalmente incompatible con todas las normas internacionales y lo que nos puede generar son sanciones que afectan al conjunto de la economía".
Empresas investigadas
Por último, y no menos importante, hay que mencionar las empresas investigadas por la Comisión Antidistorsiones, las cuales -según fuentes al interior de algunas de esas firmas- existe un ambiente de alta incertidumbre por no conocer el detalle sobre cuáles serán las firmas que se verán afectadas por estas sobretasas, ni tampoco el nivel de estas.
Según consignó El Mercurio, son nueve las compañías productoras que fueron requeridas en la indagación por importación de barras y bolas de acero chino, entre las cuales hay dos chilenas que están asociadas con firmas chinas.
En el caso de las barras aparece Baowu JFE Special Steel, conformada por la china Baowu Steel Group (Baosteel) y la japonesa JFE Steel. Esta es manejada por Beijing y es considerada como la siderúrgica más grande del mundo, ya que produjo 132 millones de toneladas de acero.
Del mismo país está Zenith Steel Group, una empresa privada que actualmente cuenta con más de 15 mil empleados.
Otras compañías que figuran son HSS Group, con base en Hong Kong, y Maggotteaux, una firma de origen chileno que cuenta con un joint venture (asociación estratégica de carácter temporal) con la china XingCheng Magotteaux.
En el ámbito de las bolas de acero, fueron investigadas Changshu Feifan Metal Work, y Changshu Longte, compañía fundada en 1993 como empresa municipal.
A esas se les suma Goldpro y ME Elecmetal. Esta última es una empresa nacional que actualmente tiene un joint venture con Longteng Special Steel Co.
