Un impactante caso de posible colusión se destapó esta semana, luego de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) denunciara a las empresas Indura y Linde por coludirse en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales entre noviembre de 2019 y enero de 2021. Con ello, habrían ofertado licitaciones hasta un 41% más caras al sector hospitalario, en plena pandemia.
Los gestores de la colusión habrían sido los ex gerentes generales de las compañías Marcelo Torres (Indura) y Sergio Nevelli (Linde), quienes habrían llevado adelante un "acuerdo de caballeros" para mantener a sus clientes y elevar el precio de los contratos.
La pregunta que muchos se hacen, en relación a su responsabilidad, es qué sanciones arriesgan.
De 3 a 10 años
Andrés Bustos, académico Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la USS, señala que los delitos de colusión, como fijar precios, limitar producción o dividir zonas de mercado, pueden tener sanciones penales.
En esa línea, señala que "las penas van desde 3 años y un día, a 5 años y de 5 años a 10. Y eso va a operar siempre y cuando exista una resolución, una condena desde el punto de vista del Tribunal de Libre Competencia y si el Fiscal Nacional Económico, una vez que exista esa condena, se querella para que se investigue penalmente".
Tanto en el procedimiento que se debe seguir como en la dureza de la condena los especialistas coinciden. Así, Gonzalo García, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, señala que el delito de colusión "amenaza con una pena de 3 años y un día a 10 años. Sin embargo, para ser perseguido requiere que la FNE se querelle por este delito".
El especialista subraya, en ese sentido, que "esta querella se podrá interponer una vez que la existencia del acuerdo haya sido establecida por sentencia definitiva ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, sin que sea admisible denuncia o cualquier otra querella".
Por último, Javier Castro, abogado penalista y académico de la facultad de derecho de la U. Autónoma indica que "las penas que arriesgan los involucrados, solo personas naturales dentro de las empresas, se mueven entre 3 años y un día a 10 años de privación de libertad".
"Eventualmente -añade- se les aplicaría inhabilitación temporal para ejercer cargos de director o gerente de sociedad anónima o de empresas del Estado o de asociación gremial o profesional. Todo ello por el delito de colusión".
"Las empresas, mejor dicho, las personas jurídicas (Indura y Linde) , no responden penalmente, pues la legislación sobre delitos económicos, que se aplicaría al caso, entró en vigor después de los hechos que se mencionan", concluye.
La responsabilidad en el caso caería, principalmente, sobre el ex gerente general de Indura, Marcelo Torres Bruce, ya que los ex ejecutivos de Linde Chile - Sergio Novolli y Davis Lori- estarían exentos de responsabilidad, debido a que la compañía a la que representaron se acogió al beneficio de la delación compensada.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que personas naturales se exponen a una sanción tan alta por delito de colusión. Y es que en 2021 la FNE presentó un requerimiento por colusión en contra de tres empresas de transporte de valores: Brink’s, Prosegur, Loomis. En ese caso, sus altos ejecutivos también arriesgan dicha pena.
