"El gerente está para manejar conflictos y para resolver problemas. Y el gerente no ha logrado resolver el conflicto ni resolver los problemas", dijo ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en referencia a Patricio Román, quien en noviembre de 2023 asumió dicho puesto en Puerto Coronel, que lleva más de 50 días con un bloqueo de los trabajadores eventuales, lo que ha generado pérdidas de US$75 millones, según algunas estimaciones superficiales, pero que no dan del todo cuenta de la magnitud del daño que está provocando la situación en diversos ámbitos.
Y es que la llegada de Román a Puerto Coronel trajo consigo cambios drásticos, que no gustaron a varios de los trabajadores. Además de un conflicto judicial con la gerencia anterior.
En ese contexto, comenzó la movilización, que está por llegar a los dos meses. Y que no parece estar cerca de solucionarse.
Quién es Patricio Román y cómo se desató el conflicto
Patricio Román es ingeniero civil industrial y MBA de la Pontificia Católica de Chile. Su trayectoria ha estado ligada por años a la indsutria logística portuaria. De hecho, antes de asumir en Puerto Coronel, se desempeñó durante 12 años como gerente en Medlog Chile, compañía que presta servicios a navieras y clientes finales.
Antes, había trabajado en el área logística de la naviera Mediterranean Shipping Company y en CMPC Celulosa.
Su llegada a Puerto Coronel desató de inmediato tensiones. Y es que una de sus primeras medidas fue presentar una querella criminal contra el ex presidente de la empresa, Eduardo Hartwig, el ex gerente general, Javier Anwandter, el ex ejecutivo Víctor Olivares y el empresario Héctor Romero (hermano del diputado Leonidas Romero).
¿De qué los acusó? De falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, apropiación indebida y administración desleal. En la querella se describen pagos irregulares al alcalde de Coronel, Boris Chamorro, al concejal Eduardo Araya y a los dirigentes de sindicatos de trabajadores eventuales Raúl Cabezas, Guillermo Jaque, Miguel Concha, David Guerrero, Tomás Soto y Luis Rojas.
La querella fue acogida a trámite el 20 de marzo. Y el 23 comenzaron las movilizaciones en el puerto -aludiendo a medidas de política de alcohol y drogas-, siendo bloqueado tres días después.
Los eventuales sobornos y la ampliación de una de las cuatro querellas presentadas por Puerto Coronel apuntan a que dentro de los pagos a los sindicatos -hasta $12 millones- estarían las condiciones para que sean estos organismos los que definan quiénes trabajan en turnos eventuales y quiénes no.
En la querella se apunta al "poder con que cuentan algunos dirigentes, quienes, de facto, se han atribuido por sí y ante sí amplios márgenes de discrecionalidad para decidir quién trabaja y quién no, imponiendo a la Compañía sus particulares y antojadizos intereses, entorpeciendo la administración de Puerto Coronel y privándola de definir el personal en función de criterios objetivos y meritocráticos".
Antes de que se acogiera la medida, sin embargo, hubo una serie de hitos que terminaron por desencadenar el bloqueo.
Y es que la presentación de la querella trajo consigo acciones inmediatas. El 10 de enero, la PDI llevó a cabo allanamientos en varios domicilios y en el edificio del municipio de Coronel. Los operativos incluyeron diversas dependencias municipales. Entre los investigados, por supuesto, estuvo el alcalde Boris Chamorro.
En febrero, llegó otra acción que generó molestia: la nueva política de alcohol y droga. La empresa activó el procedimiento de sanciones establecido en su reglamento por un accidente protagonizado por un trabajador eventual bajo los efectos del consumo de drogas.
De acuerdo con la empresa, la medida fue aprobada "previamente ya en septiembre de 2023 tras numerosas rondas de discusión con todos los sectores involucrados; representantes de la compañía, trabajadores, comités de disciplina, sindicatos y personal no sindicalizado".
La nueva política intensificó los controles internos en el puerto relacionados con el consumo de alcohol y drogas durante las operaciones. Esto, según la firma, con "el fin de garantizar un entorno laboral libre de sustancias que puedan comprometer la seguridad del trabajo".
Sin embargo, los testeos habrían generado malestar al interior de ciertas facciones de trabajadores portuarios eventuales, quienes, según Puerto Coronel, "se oponían a la efectiva implementación de la política, así como también a la aplicación de sanciones para los infractores de la misma".
El periodo de bloqueo
Así, llegó el 20 de marzo. Inmediatamente después, el 23, dirigentes de trabajadores eventuales involucrados, según Puerto Coronel, en pagos irregulares, convocaron a una movilización como respuesta a las medidas disciplinarias por alcohol y drogas. Esta movilización se conoció como "ruedas cuadradas" e implicó ralentizar las operaciones. Tras eso, hubo también -según denunció la compañía- ataques a la oficina del Puerto.
El 1 de abril la empresa se querelló por desórdenes contra dirigentes y trabajadores eventuales. Así, el conflicto siguió escalando; y Patricio Román no dio su brazo a torcer. Pero el 15 del mismo mes los trabajadores movilizados decidieron profundizar su acción y bloqueraon los accesos.
Desde esa fecha, se interpuesto más querellas y ha habido algunos procesos de diálogo, que no han llegado a puerto. Entre medio, se han levantado barricadas incendiarias y se profundizó el malestar de los trabajadores eventuales.
Puerto Coronel -y otras compañías- han pedido al Gobierno intervenir. A su juicio, el Ejecutivo no ha hecho todo lo posible. Hoy viajó el ministro de Transportes, Juan Carlos Muños, para intentar destrabar el conflicto.