El futuro de la pesca en Chile enfrenta por estos días intensas tempestades. Y es que el proyecto que impulsa el Ejecutivo -para reemplazar la denominada "Ley Longueira"- tiene en el centro de la polémica a un grupo de parlamentarios de oposición, por presentar indicaciones con contenido de un informe de una pesquera industrial; y al subsecretario de Pesca Julio Salas, por llamar a las empresas del sector a capturar recursos fuera de la zona económica exclusiva, lo que lo puso como el blanco de las críticas.
Las polémicas por "Copy-Paste"
Según reveló Ciper la semana pasada, los diputados Sergio Bobadilla (UDI), Cristhian Moreira (UDI) y Bernardo Berger (ind-RN) presentaron indicaciones al proyecto del Gobierno con un "copy-paste" de un informe que la gremial empresarial Sonapesca entregó a la Comisión de Pesca, donde se encuentra la iniciativa.
Así -indica el medio citado- de las 276 modificaciones presentadas por los parlamentarios, 211 son exactamente iguales al texto de Sonapesca, mientras que 41 tienen leves diferencias de redacción.
La publicación generó reacciones inmediatas. Esto, justamente porque uno de los aspectos cuestionados de la legislación que el Gobierno quiere dejar atrás -la ley de pesca de 2013- es el ligado a la influencia de las pesqueras con los parlamentarios.
Moreira y Berger, ante los cuestionamientos, retiraron su apoyo a las indicaciones. Y la Comisión decidió suspender la discusión hasta que se aclare el asunto.
Bobadilla, en tanto, señaló que "hemos actuado con total y abosulta transparencia (...) Recogimos de Sonapesca porque creemos que es un estudio jurídico técnico y no político, el cual nos presentaron".
El domingo Sonapesca salió a enfrentar la polémica. Publicó un inserto en medios escritos donde se defendió, aseverando que no ha entregado indicaciones a parlamentarios y que el informe del gremio se ingresó en mayo pasado a la Cámara y fue enviado al Ejecutivo.
Los cuestionamientos, en todo caso, no han cesado. Ayer el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC) -en conversación con La Tercera- se preguntó: "¿Cuál es la red que está funcionando acá detrás de todo esto? Yo creo que esas son las cosas que en esta ley por lo menos tienen que ser muy claras, porque nosotros dijimos que la Ley Longueira de las siete familias era una ley corrupta".
Días antes había sido el presidente de la Comisión de Pesca, Jorge Brito (FA) quien había lanzado los dardos, al pedir al diputado Bobadilla abrir su cuenta bancaria.
"Le hemos pedido al diputado Bobadilla que abra su cuenta bancaria y los correos electrónicos. Tiene coincidencia en un 91% de sus indicaciones con la minuta pública de Sonapesca", expresó el parlamentario.
Arremetida judicial
Entre los parlamentarios, algunos creen que las indicaciones presentadas por Bobadilla merecen una investigación penal.
El diputado Matías Ramírez (PC), de hecho, dijo a La Tercera que ingresará una denuncia penal con el objetivo de que se investiguen los antecedentes y se determine su hubo delitos o no.
"La idea es que se sumen quienes estén interesados, eso lo estamos viendo", expresó.
A ese llamado -también según el medio citado- acudió el diputado Brito, quien señaló que "nos sumaremos a todas las instancias que permitan garantizar que no se manche la nueva Ley de Pesca, en especial por parte de quienes nunca han querido que reemplacemos la Ley Longueira".
Cuestionamientos al subsecretario
Ayer el subsecretario de Pesca, Julio Salas -integrante de Convergencia Social, el partido del Presidente Gabriel Boric- hizo un polémico llamado en Radio Pauta a la industria pesquera, a capturar fuera de las 200 millas marinas chilenas, que comprenden la zona económica exclusiva.
"Una mala práctica que está establecida y formalizada en la ‘ley Longueira’, en la ley vigente, es que nuestra industria le disputa los recursos a la pesca artesanal. Lo que uno esperaría es que nuestra industria les dispute los recursos a las otras industrias que realizan faenas pesqueras", explicó la autoridad.
Agregó, en esa línea, que "nosotros tenemos cero toneladas de capturas fuera de las 200 millas y hay barcos que navegan 10.000 millas para pescar frente a nuestras costas; flotas españolas, chinas, coreanas... Evidentemente, sacar los pescados que están afuera de tu patio es más barato que irlos a buscar a 200 millas".
"Si somos la décima potencia pesquera del mundo -aseveró además- uno esperaría que tuviéramos una flota que fuera capaz de competir también con las grandes potencias".
Las declaraciones no dejaron indiferente a algunos en la industria. PacificBlu -ligada a las familias Sarquis, Santa Cruz y Stengel- señaló a El Mercurio que "nos preocupa que el subsecretario haga este tipo de afirmaciones que se alejan de la realidad operacional y no tienen ningún sustento técnico. Lamentamos también el camino que ha escogido el subsecretario y el Ejecutivo de elegir el desprestigiar a la industria con el objetivo de sacar adelante una mala propuesta de ley".
Agregó, así, que "operamos fuera de las cinco millas de reserva artesanal, disposición que lleva muchos años en la ley, que se fiscaliza y que acatamos".
Marcel Moenne, gerente general de la compañía. explicó además que no disputan recursos a los artesanales, ya que la regulación define el fraccionamiento hasta 2032, y que hay "cuotas, áreas de operación y de exclusión y vedas que permiten que ambos sectores se desarrollen y complementen para mantener y darles continuidad operacional a las plantas de proceso".
"En el caso de la merluza común, la pesquería en la que PacificBlu realiza capturas, tiene un área de operación limitada por su hábitat y que está relacionada con la plataforma continental. En el caso de Chile, esta plataforma va desde las ocho a las 30 millas de distancia de la costa... No tiene ninguna viabilidad operacional que salgamos a capturar este recurso más allá de las 200 millas y como señala el subsecretario, mostrando un desconocimiento preocupante de cómo opera y funciona el sector", precisó el ejecutivo.
En tanto, Pablo Galilea ex diputado y ex subsecretario de Pesca de Sebastián Piñera, sostuvo que "es absurdo que refleja el desconocimiento de cómo opera la industria pesquera, la pesca en general y la economía. No tiene ninguna lógica".
Añadió, asimismo, que "si quiere hacer cambios dentro de la zona económica exclusiva, resulta más lógico ampliar las cinco millas de la pesca artesanal y no mandar a la industria afuera de las 200 millas”. Pero añadió que “la pesca artesanal no tiene posibilidad de pescar más allá de las cinco millas, dadas las embarcaciones que tiene".
¿Ley corrupta?
Durante su entrevista en Radio Pauta, el subsecretario Julio Salas no tuvo reparos para poner sobre la mesa lo que piensa de la ley vigente.
"Fue aprobada con vicios de corrupción indiscutibles", explicó. Ello, en alusión a a los pagos recibidos por parlamentarios de parte de una empresa (Corpesca). Se trata de una mirada transversal en el Frente Amplio, que Galilea pone en cuenstión.
"Es majadero hablar de ley corrupta", dijo la ex autoridad a El Mercurio. Sostuvo su afirmación recordando que dicha iniciativa se aprobó "con amplia mayoría y de todos los partidos".
"Puede haber sido manchada por hechos puntuales, pero ello no habla del Parlamento democráticamente elegido. Además, han pasado dos gobiernos y, medio, más de 10 años, y no se han hecho cambios", subrayó.
Marcel Moenne, en tanto, aseveró que "nos parece legítimo el debate por mejorar la actual regulación pesquera, pero respetando los derechos pesqueros vigentes. Sin embargo, otra cosa muy distinta es pretender castigar a todo un sector productivo por un caso ya sancionado por la justicia y con una propuesta regulatoria que tendrá graves consecuencias económicas y sociales".
