El temporal que azotó a la zona centro-sur del país y que dejó sin suministro eléctrico a miles de personas durante varios días, puso en duda la eficiencia Y capacidad de reacción de las compañías de distribución eléctrica, como Enel y CGE.
Y es que, incluso hasta hoy, hay familias que no tienen luz. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) puso a Enel un plazo límite en relación a esto: 72 horas, a partir del domingo, para una reposición completa.
La situación ha abierto una serie de debates. Entre ellos, uno invetiable:
la posibilidad de que una empresa del Estado participe en el mercado de la distribución.
Idea criticada
Fue el mismo ministro de Energía, Diego Pardow, quien comentó esa posibilidad en entrevista con La Tercera. "Creo que la pregunta más atingente hoy es si no sería más seguro para la ciudadanía tener alguna parte de la distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal", señaló el titular de la cartera.
"A la luz de esta emergencia -agregó- creo que sí es más seguro. Pero es una pregunta que requiere hacerse con una mirada estratégica y pensando, además, que eso es un músculo que toma tiempo de desarrollar. Uno no puede esperar hacer una empresa que se encargue de un servicio tan importante como este de la noche a la mañana".
En esa línea, además, sostuvo que "hay muchas empresas de distribución en el mundo que son 100% públicas. En particular, he visto el trabajo de al menos dos que me parece que son particularmente interesantes en la manera de funcionar: la empresa de distribución eléctrica francesa y la empresa surcoreana de distribución de electricidad son empresas que innovan mucho".
Las declaraciones del ministro, sin embargo, no convencieron en el empresariado. Y tampoco dentro del propio Gobierno.
En representación de los primeros, el presidente de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC), Ricardo Mewes, aseveró en Radio Universo que "el Estado chileno y la falta de recursos que tiene, me parece que no veo que tenga cómo hacer las inversiones que se requieren para asumir una responsabilidad de esta naturaleza"
"¿Tendrá la capacidad el Estado para absorber todo lo que significan las inversiones que se requieren para suministrar a todo el país, o bien a una región como es la Metropolitana, el servicio de distribución? Hay otras necesidades que tiene el Estado chileno hoy día como para meterse en un negocio de distribución eléctrica", complementó.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, apuntó a lo mismo, en entrevista con Radio Duna. Aseveró, así, que "El Estado tiene recursos limitados. Cuando uno mira las decenas de miles de millones de dólares que se han invertido y que se están invirtiendo en la industria eléctrica (...) uno dice '¿habría tenido el Estado la capacidad para hacer todas esas inversiones?'"
"Yo lo veo complicado -se contestó a sí misma-. Por eso se ha recurrido en nuestro país al sistema de alianza público privada, porque con los presupuestos anuales del Estado no da el espacio para invertir todo lo que tenemos que invertir en infraestructura en nuestro país".
Sostuvo, en esa línea, que "pensar que el Estado va a tener recursos para afrontar todo eso, yo creo que es una 'volá', no hay posibilidad".
También desde el Ejecutivo, en horas de esta tarde, fue la propia ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien matizó la idea de Pardow. "El Estado no tiene musculatura actualmente para reemplazar la labor que hoy día las distribuidoras eléctricas hacen", señaló.
Las experiencias en Francia y Corea del Sur
Uno de los países que se suele mencionar al hablar de compañías eléctricas estatales es Venezuela. Allí, Corpoelec -del Estado- se encarga de la distribución. La experiencia, sin embargo, es negativa. Desde 2019 en el país caribeño persisten los cortes de electricidad, principalmente por falta de mantención.
Se trata, en todo caso, de un país en crisis, por lo que es necesario apuntar a otras experiencias. Un de ellas es la de Francia. Allí el Estado es el único accionista de Électricité de France (EDF), tras una nacionalización que concluyó el año pasado.
Su estatización, en todo caso, responde a una estrategia: el país galo quiere lanzar un programa de construcción de reactores nucleares EPR2, en las próximas décadas.
Cabe destacar que EDF sumó 10 mil millones de euros en ganancias en 2023. Esto, en contraste con lo que había ocurrido en año anterior, cuando registró mermas por 18 mil millones de euros.
Corea del Sur, el otro caso al que apuntó el ministro Pardow, también tiene sus particularidades. Allí se encuentra Korea Electric Power Corporation (Kepco), compañía en la cual el Estado tiene la mayoría de las acciones.
Kepco se encarga de la generación, transmisión y distribución de electricidad y alimenta a más del 90% del país. En el último tiempo, sin embargo, ha debido enfrentar algunas dificultades, que la llevaron a anunciar un congelamiento de precios para el segundo semestre.
"Medida poco eficiente"
El profesor de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, Luis Llanos, asegura que "si el objetivo es aumentar la confiabilidad del sistema y la capacidad de respuestas ante emergencias, me parece que una empresa estatal es una medida poco eficiente. Y si no tiene un subsidio para eso, tampoco sería efectiva".
En esa línea, sostiene que "para la prevención y mejora de la capacidad de respuesta el Estado ya tiene atribuciones y herramientos. Se puede hacer una analogía, por ejemplo, con el mercado financiero, es como si la Comisión para el Mercado Financiero dijera que para mejorar la confiabilidad del sistema fuese necesario tener un banco".
"El Estado tiene un banco -agrega- pero el rol del Banco del Estado es bancarizar y dar cobertura a sectores que quizás sean menos atractivos para los privados. En lo demás es un banco normal".
Concluye señalando, así, que "si las reglas del juego son las mismas nada hace pensar que tener una empresa de distribución estatal hubiese hecho diferencia en esta crisis. Es más, si la crisis afectase al área desconcecionada de la empresa estatal, me pregunto con qué celos veríamos a los reguladores y autoridades aplicar sanciones a la empresa que es también del Estado".
