Las miradas se volvieron a centrar sobre Enel Distribución tras las declaraciones de la embajadora de Italia en Chile, Valeria Biagiotti, quien manifestó su preocupación por el trato que la empresa ha recibido por parte del Gobierno chileno, tras la crisis gatillada por los masivos y extensos cortes de suministro eléctrico a inicios de agosto.
"Hubo una diferencia de trato con respecto a otras empresas que se encontraron en la misma situación que Enel Distribución", dijo la diplomática en entrevista con el Diario Financiero (DF). Se trata de una compañía, resaltó, controlada por el Estado italiano, el cual cuenta con el 23% de la propiedad, por lo que "también están en juego los intereses del Estado" de este país, considerando que el Gobierno de Gabriel Boric decidió abrir un proceso para terminar con la concesión de Enel Distribución.
Por lo mismo, Biagiotti subrayó que la igualdad de trato es fundamental en un país con un sistema jurídico avanzado como Chile. "Esperamos recibir pronto el razonamiento que subyace a las decisiones de las instituciones chilenas", dijo.
Las declaraciones de Biagiotti generaron una respuesta del ministro de Energía, Diego Pardow, quien defendió las acciones del Ejecutivo. En una entrevista con Mega, Pardow explicó que la apertura del proceso de caducidad contra Enel se debió a la "distinta reacción que tuvieron las distintas distribuidoras en el terreno" durante las emergencias.
El secretario de Estado subrayó que el enfoque del Gobierno ha sido siempre "poner a las personas en el centro" y que Enel enfrentó "innumerables problemas en la organización de la respuesta ante la emergencia".
Pardow también enfatizó que, a diferencia de otras distribuidoras, Enel aún no ha cumplido con los descuentos por corte de servicio a los clientes afectados. "Los únicos lugares en todo el país donde estos descuentos no se están practicando son en las 33 comunas que corresponden a la distribuidora Enel", puntualizó, haciendo un llamado a la empresa para recomponer su relación con la ciudadanía.
Reacciones parlamentarias
Las declaraciones de la embajadora italiana también provocaron reacciones entre los parlamentarios, y en especial de la denominada "bancada eléctrica", un grupo de congresistas de diferentes sectores políticos que se unió con el objetivo de que no aumente el precio de la electricidad a la clase media.
En ese sentido, la diputada Marlene Pérez (UDI) criticó la postura de Enel, señalando que la empresa debería enfocarse en cumplir con sus obligaciones en lugar de preocuparse por el trato del Gobierno.
"Aquí hubo una negligencia enorme por parte de Enel, que mantuvo a miles de familias sin electricidad durante casi dos semanas", declaró Pérez, quien añadió que "el trato que tuvo el Gobierno con ellos es lo menos que debería importarles".
Por su parte, la diputada Erika Olivera (Demócratas) lamentó las palabras de Biagiotti y cuestionó la supuesta diferencia de trato. "Creo que la embajadora se equivoca cuando dice que Enel tuvo un trato distinto a las otras compañías y si tiene antecedentes de ello, debería aportarlos para una investigación", afirmó Olivera.
La diputada también criticó el desempeño de Enel durante la emergencia, calificándolo como el peor entre las empresas eléctricas que operan en la Región Metropolitana.
El diputado Rubén Oyarzo (IND) sostuvo que "probablemente ella no sufrió las consecuencias del gigantesco corte de energía eléctrica que se vivió en el país".
"Y por mucho que ella quiera defender los intereses de Enel, es esta la empresa la que tiene la mayor responsabilidad en haber afectado a millones de personas por no haber previsto los equipos y cuadrillas suficientes para enfrentar un fenómeno meteorológico que fue anunciado con anticipación", añadió.
En esa línea, el Oyarzo enfatizó que "en esto Chile debe hacerse respetar, y ninguna presión de ningún país puede impedir que se apliquen las sanciones que corresponden en el marco de la legislación vigente".
"Enel no puede estar sobre la ley, y esta amenaza velada no debe impedir que se siga adelante con el proceso de revocación de la concesión", concluyó.
Por otra parte, la diputada Yovana Ahumada (IND) apuntó su críticas al Gobierna, destacando que no deberían existir diferencias en la exigencia de calidad de servicio entre las distintas empresas distribuidoras.
"Acá no hay usuarios vecinos de primera o segunda categoría. Acá yo creo que tiene que haber exigencias para todos y además cumplirse la ley", subrayó Ahumada, quien también pidió revisar la concesión de otras empresas que no han cumplido con los estándares de servicio.
