Los whistleblowers (o denunciantes de interés público, en español) son individuos insertos en organizaciones que revelan información sobre la comisión de delitos, abusos o despilfarros de recursos, entre otros. Esto con el objetivo de que dichas infracciones sean investigadas y sancionadas. Esta figura ha crecido tanto en la última década que incluso hay casos de trabajadores que han protagonizado algunas de las historias de mayor relevancia internacional.
Algunos ejemplos famosos son el del analista militar Daniel Ellsberg, quien reveló información reservada a la prensa acerca de la guerra de Vietnam (un caso conocido como los Pentagon Papers); otro caso es el del consultor tecnológico Edward Snowden, quien reveló información sobre una campaña ilegal de vigilancia masiva de ciudadanos por parte de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés).
Por último, destaca la historia del ejecutivo de la industria tabacalera Jeffrey Wigand, quien reveló información privada acerca de los efectos nocivos de los productos sobre la salud de las personas, y denunció que las empresas del sector conocían esta información y la ocultaban a sus clientes. Este último caso incluso llegó al cine, con la película The Insider, protagonizada por el actor australiano Russell Crowe.
De esta manera, la figura del whistleblower se ha consagrado en el derecho internacional, como por ejemplo en el Tratado de Anticorrupción de las Naciones Unidas; mientras que en el derecho comparado, destacan las legislaciones de EE.UU., el Reino Unido y la Unión Europea. Estos estatutos se encargan de brindar protección integral a los denunciantes. A diferencia de lo que ocurre en esos lugares, en América Latina no existe una cultura del trabajador denunciante.
Jorge Martínez Rivera, abogado de la Universidad de Chile y fundador de Whistleblower Chile —organización que busca generar conciencia acerca de este tema—, explica que, a nivel local, se requiere una regulación integral que proteja a los denunciantes, propiciando un entorno de seguridad y respaldo para la revelación de irregularidades. “Estas personas juegan un papel crucial en la sociedad moderna al exponer fraudes, corrupción y otras malas prácticas que, de otro modo, podrían permanecer ocultas. Proteger a los informantes es fundamental para cualquier sociedad que aspire a ser justa y transparente”, afirma el experto.
El problema, a ojos del abogado, radica en la indefensión legal de los denunciantes. A pesar de que el marco regulatorio en Chile está en evolución, con algunos esfuerzos legislativos, los whistleblowers siguen siendo víctimas de represalias.
“Actualmente, el país carece de una legislación específica y robusta que proteja a los denunciantes, lo que desalienta a muchos de exponer irregularidades (...) Los denunciantes pueden ayudar a identificar y corregir prácticas corruptas, fraudes y otras actividades ilícitas”.
Jorge Martínez Rivera, abogado de la Universidad de Chile y fundador de Whistleblower Chile
En Chile, los trabajadores que alertan sobre comportamientos ilícitos o poco éticos en sus organizaciones pueden sufrir consecuencias como la desvinculación o la falta de oportunidades laborales (listas negras) en sus respectivos campos de desarrollo, e incluso se ven obligados a migrar por la carga social que supone haber expuesto a sus empleadores. En Europa, Estados Unidos y Reino Unido, el marco legal no solo prohíbe las represalias, sino que establece mecanismos específicos para la protección de aquellas personas que realicen denuncias de interés público.
Ley Karin
Martínez, quien también se desempeña como académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, advierte que se debe distinguir entre la figura del whistleblower, que alerta sobre una situación de interés público, y la figura del trabajador que denuncia sobre condiciones laborales que solo afectan a las partes involucradas. En ese sentido, el experto señala que la Ley Karin no protege debidamente a los trabajadores denunciantes, porque fue ideada para conflictos laborales.
En este sentido, el abogado también analiza los alcances de la Ley Karin en esta materia. “Un aspecto positivo de esta normativa es que considera la prevención del acoso. Sin embargo, desde su origen no está bien planteada, ya que deja desprotegidos a aquellos trabajadores que informan sobre malas prácticas de interés público en sus organizaciones, tal como fue el caso de Karin, que comenzó con una denuncia de falta de probidad y posteriormente derivó en una represalia”, señala.
En el contexto de la globalización y la creciente complejidad de las organizaciones, los whistleblowers se han convertido en una herramienta para la vigilancia y la rendición de cuentas. “Sin una protección adecuada, muchos potenciales denunciantes podrían optar por el silencio, permitiendo que las malas prácticas continúen ocultas. Además, es clave fomentar una cultura organizacional que valore la transparencia y la integridad, donde los empleados se sientan incentivados a denunciar irregularidades sin temor a represalias”, concluye el abogado.
