Jorge Riesco, presidente de Sonami y los vicepresidentes Patricio Céspedes y Cristián Argandoña
El Mercurio
La propuesta del Gobierno para acelerar la construcción de cárceles bajo un mecanismo de "fast track" gatilló reacciones y desde la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) señalaron que la urgencia para cárceles debe replicarse en proyectos mineros y de desarrollo.
Fue durante el domingo que el ministro de Justicia, Luis Cordero, anunció en el programa Mesa Central de Canal 13 que existe un acuerdo con la oposición para agilizar la construcción de nuevas prisiones y la ampliación de algunas existentes.
Según detalló, este plan se pondría en marcha después de las elecciones municipales y de gobernadores regionales de octubre.
"No hay otra manera de avanzar a resolver este problema sino que con una ley que permita construir rápidamente, y
cuando digo fast track, digo excluir de permisología la construcción de cárceles. No tenemos otra manera de avanzar en esto", señaló Cordero, quien destacó la importancia de un acuerdo transversal para llevar adelante esta iniciativa.
"Hasta ahora el acuerdo es transversal... hay acuerdo para cárceles", añadió Cordero.
Ante este anuncio, el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Cristián Argandoña, expresó su preocupación en una carta a El Mercurio, donde cuestiona el desequilibrio entre la rapidez con que se abordan temas de seguridad y la falta de urgencia en otros sectores, particularmente en el económico.
"La reciente noticia sobre la aceleración de proyectos para construir cárceles bajo un sistema fast track, y sin pasar por la tramitación de permisos, genera preguntas que no podemos eludir. Mientras se acuerdan medidas para acelerar iniciativas en seguridad, que son plenamente justificadas, dada la importancia del tema, ¿por qué podría no haber consenso en la clase política para destrabar proyectos que impulsan la economía?", afirmó Argandoña.
El vicepresidente de Sonami destacó que la industria minera y otros sectores estratégicos siguen enfrentando barreras normativas que retrasan inversiones y la creación de empleo.
"La industria minera y otros sectores clave para el desarrollo del país enfrentan obstáculos normativos que frenan inversiones y generación de empleo. Mientras se avanza con celeridad en soluciones carcelarias, el crecimiento económico podría recibir también la misma urgencia en las políticas públicas", agregó.
Argandoña finalizó su carta subrayando la necesidad de un enfoque más equilibrado en la formulación de políticas públicas.
"Si queremos un Chile próspero, no podemos seguir postergando decisiones que favorecen el desarrollo. Así como se actuó rápido en seguridad, necesitamos un fast track para proyectos productivos que son vitales para el futuro del país", concluyó.
