Nadie esperaba la inédita multa que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en su acusación contra las tres principales cadenas de casino en Chile: Dreams, Enjoy y Marina del Sol.
La entidad apunta a la articulación de un cartel para manipular los resultados de las licitaciones de permisos de operación en 2020 y 2021 y solicita 171.354 unidades tributarias anuales (UTA) a beneficio fiscal, lo que equivale a alrededor de US$151.9 millones. Asimismo, pide el término a los permisos renovados de las sociedades en los años en los que se habría llevado a cabo el ilícito.
La acusación derivó en una serie de movimientos desde las cadenas apuntadas. Dreams salió de inmediato a defenderse y rechazó "toda mala praxis que contravenga los lineamientos del directorio, el cual siempre ha mandatado competir en las licitaciones y actuar ajustados al marco legal en todos sus procesos".
Mientras, Enjoy aseguró lamentar y rechazar "que la autodenuncia por parte de un tercero involucre a Enjoy S.A. en hechos de colusión en los cuales no ha tenido ninguna participación". Marina del Sol, por su parte, prescindió de una declaración de esta naturaleza, pues fue la empresa que autodenunció.
Con todo, desde las cadenas ya preparan sus defensas. El juicio podría ser largo y la inédita multa solicitada tanto a las empresas como a los altos ejecutivos involucrados anticipa una batalla legal de proporciones. Esta historia, que recién vive sus primeros capítulos, tiene a connotados empresarios como protagonistas. Y a los casinos con mucho en riesgo. No solo por las sanciones económicas, sino también por lo que implicaría perder las concesiones, algo que los casinos intentarán evitar.
Los protagonistas y las multas solicitadas
La FNE solicitó al TDLC una multa de 126.806 UTA ( alrededor de US$112 millones) para Dreams, mientras que para Enjoy, una sanción de 41.498 UTA (cerca de US$37 mil). Pero la multa no se pidió solo para las sociedades, sino que también para los ejecutivos invlocurados.
Para el ex gerente general de Dreams, Jaime Wilhelm, la entidad pidió 941 UTA (unos US$ 830 mil). El ingeniero comercial de la Universidad Católica con un MBA en la Solvay Brussels School of Economics and Management, de Bélgica, habría sido quien sugirió la conveniencia de que cada compañía renovara sus respectivos permisos. Y habría jugado un rol clave en los encuentros, según la acusación de la FNE.
Su casa fue allanada en 2022 y la FNE señaló que ya declaró.
De todos modos, la entidad aclaró que el otrora ejecutivo "borró selectivamente mensajes en conversaciones de WhatsApp que había sostenido con otros de los ejecutivos investigados el día antes que su domicilio fuera allanado".
La multa solicitada para el ex gerente de administración y finanzas de Dreams Claudio Tessada llega a las 130 UTA ( cerca de US$ 115 mil). En concreto, la acusación de la FNE apunta al también ingeniero comercial de la Universidad Católica por haber sido partícipe activo de la colusión. De hecho, es protagonista de uno de los episodios más gráficos. Recogió en una camioneta a Nicolás Imschenetzky y le preguntó si su teléfono estaba apagado, antes de ingresar a las oficinas de Dreams.
"Claudio Tessada reconoció haber recogido en su camioneta a Nicolás Imschenetzky y que aquello era necesario porque 'Claudio Fischer estaba preocupado justamente de esto de que estábamos a dos semanas de las licitaciones y no quería que lo vieran junto con Nicolás Imschenetzky'.
Por su parte, el propio Nicolás Imschenetzky relató que se estacionaron en el subterráneo del edificio, subieron a través del ascensor a las oficinas de Dreams en el piso 7, y que al ingresar a la sala de reuniones se encontró con Jaime Wilhelm, mientras que después de unos minutos ingresó Claudio Fischer", dice el requerimiento de la FNE.
Fischer es precisamente otro de los protagonistas de este caso. Controlador de Dreams y el más acaudalado de los acusados. El testimonio de Nicolás Imschenetzky ante la FNE lo ubica sellando el acuerdo colusivo. "Si ustedes no van a postular en ningún lado más, dejémoslo así", habría dicho Imschenetzky en uno de los encuentros. "Y ahí Claudio Fischer se para y dice ‘Bueno, ahora podemos estar más o menos todos tranquilos’ y me extiende la mano", dice en la declaración. La multa que se solicita para el empresario asciende a 761 UTA (cerca de US$674 mil).
Según constata El Mercurio, en la industria se reconoce que Fischer e Imschenetzky se juntaron a conversar. Descartan, sin embargo, que haya sido para coludirse. Con eso en cuenta, explican que se reunieron porque cuando Dreams y Enjoy estaban en proceso de fusión, la propia FNE definió que la empresa fusionada debía deshacerse del casino de Rinconada, "y Claudio le ofreció a Nicolás venderle ese casino, pero no hablaron de no competir".
Otro de los involucrados es Henry Comber, ingeniero civil y ex presidente del directorio de Enjoy. Según Imschenetzky el ejecutivo habría señalado en uno de los encuentros: "miren, a mí ni siquiera me miren, nosotros como Enjoy tenemos realmente problemas económicos serios, estamos terminando esta RJ (reorganización judicial) con suerte vamos a alcanzar a levantar las boletas de garantía para poder participar en las licitaciones de las plazas que tenemos que defender, entonces, nosotros de competir, ni hablar". La FNE pide para Comber una multa de 130 UTA ( cerca de US$115 mil).
Por último, está Nicolás Imschenetzky. Es el menor de los involucrados y quien aportó los antecedentes a las FNE. Se acogió a la delación compensada. Y, según recoge El Mercurio, entendidos en la materia aseguran que por ello no tendrá que defenderse en en juicio, ya que está eximido del pago de multas. "Ya aportó todo, pero si la FNE le pide antecedentes adicionales o declarar, él tiene que seguir colaborando, porque los beneficios de la delación se dan a cambio de colaborar", explicó al medio citado un cercano al empresario.
A su vez, si bien el TDLC tiene facultades para pedirles a testigos que comparezcan a declarar, y podría requerir al empresario, se espera que más bien sean las partes quienes convoquen a Imschenetzky a testificar.
Las defensas y posibles penas
Además de las multas y la pérdida de las concesiones, hay quienes en el mundo legal de la libre competencia señalan que las penas podrían ir más allá. "Dado que la FNE está pidiendo las multas más altas de la historia, y como una señal en esa dirección, es probable que busque querellarse contra las personas naturales, empresarios y ejecutivos, pidiendo penas de cárcel. Como algo ejemplarizador", comentó un abogado experto a El Mercurio.
Varios creen, eso sí, que el proceso durará años. Una vez que el TDLC da curso al requerimiento de la FNE, otorga 30 días hábiles para contestar, plazo que rige una vez que se notifica personalmente por parte del receptor, por lo que "probablemente las contestaciones y/o excepciones dilatorias llegarán en dos meses más", precisan especialistas al mismo medio. Y luego viene todo el período de pruebas, que demora años, en el tribunal. A ese plazo hay que sumar la Corte Suprema. "Cuatro años en el TDLC y un año en la Suprema", esostiene un experto.
Dada la magnitud de las penas, los acusados ya están armando su artillería legal. La defensa de Dreams y de su presidente, Claudio Fischer, está a cargo del estudio Pellegrini & Rencoret, liderado por Julio Pellegrini. Mientras, a Enjoy y a Henry Comber los asesora José Miguel Huerta, de Claro & Cía. Por último, a Marina del Sol y a su expresidente Nicolás Imschenetzky los representa legalmente Javier Velozo, socio del estudio de abogados Contreras Velozo.
Según recoge El Mercurio, hay quienes ya adelantan los argumentos que se intentarán plantear en el juicio. "Ir a apostar a un casino no es un bien básico ni está en la canasta familiar". Esto, como una manera de buscar reducir las multas. Asimismo, se tratará de señalar que es imposible causar daño al consumidor, "porque los precios están regulados y las tarifas fijadas por ley". Tampoco, señalan, se puede afectar la competencia, pues los casinos no compiten entre sí en una misma zona geográfica. No hay tres casinos en Puerto Varas, están delimitados por determinada distancia.
Por último, aseguraron las fuentes, no se afecta la licitación, "porque en ella están todos invitados, chilenos y extranjeros. No sacas nada con coordinarte entre tres, porque no son los únicos invitados a estos procesos. Esto no es como las farmacias, donde solo había tres competidores y se coludieron los tres".
Razones de la multa
Si bien el alto nivel de la multa sorprendió -considerando, por ejemplo, que en el caso de los gases medicinales, cuya colusión habría sido en pandemia, fue menor- la FNE explicó en su requerimiento las razones de su solicitud.
Señaló que no solo se alteraron los procesos de licitación, sino que también se afectó a los municipios. En concreto, la entidad expuso: "No solo se traduce en mayores ganancias para aquellas como consecuencia de los menores precios ofertados en cada caso, sino que además implicó la afectación de fondos públicos de las respectivas municipalidades en que se encuentran ubicados los casinos, perjuicio que podría perdurar por todos los años que restan hasta que expiren los permisos".
A eso, la FNE agregó la necesidad de que las multas tengan un efecto disuasorio y un valor de multa que llegue "al doble del beneficio económico, considerando la afectación de licitaciones públicas convocadas por el Estado".
Asimismo, consideró el intento de ocultar pruebas por algunos de los acusados -como borrar mensajes de WhatsApp-.
El problema financiero
De aplicarse la multa solicitada, los casinos se verían en un problema financiero no menor. En concreto, para Dreams se solicitan US$112 millones y para Enjoy US$37 millones. La solicitud es de tal magnitud que en el caso de la primera de las empresas duplica las ganancias en la última década, que llegaron a los cerca de US$57 millones en utilidades. En tanto, para Ejnoy podría ser incluso peor, pues en los últimos 10 años registra pérdidas por USS500 millones.
En los últimos años, los requerimientos de la FNE por colusión efectivamente han derivado en multas. Sin embargo, han sido rebajadas. Por ejemplo, en la colusión de los supermercados la FNE solicitó al TDLC una multa de 90.000 UTA en total. Sin embargo, finalmente el TDLC alcanzó las 29.568 UTA (cerca de US$13,1 millones). Cencosud debió pagar 11.532 UTA (alrededor de US$8,2 millones), SMU 6.876 UTA (alrededor de US$4,9 millones) y Walmart 11.160 UTA (alrededor de US$ 7,9 millones).
Mientras, en la colusión de los pollos, en tanto, la entidad fiscalizadora solicitó al Tribunal una multa de 110.000 UTA, que finalmente quedó en 72.000 UTA (casi US$58 millones).
