Son dos las grandes dudas que una y otra vez se repiten entre los académicos al hablar acerca del proyecto de ley que propone eliminar el Crédito con Aval del Estado (CAE) e impulsar el nuevo Financiamiento Público para la Educación Superior (FES).
La primera, apunta a la cantidad de recursos públicos que se tendrán que destinar a la medida. Mientras, la segunda pone un énfasis en la posibilidad de que, para poder costear las carreras, deban fijarse los aranceles, lo que podría significar que las universidades reciban menos recursos de los que necesitan gastar.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró esta mañana que las especificaciones de la iniciativa se conocerían durante los próximos días. Y aseveró, también, que el costo de la iniciativa será "igual o menor a lo que hoy existe". Esto, por ahora, disipa pocas dudas. Y hay varios que no ven con claridad cómo se podrá implementar el nuevo mecanismo.
Dos dudas clave
¿Requerirá más o menos recursos? Esa es una de las preguntas que a muchos interesa responder. "Falta saber los detalles para estimar el costo fiscal de esto, que a todas luces será alto", comenta Santiago Montiel, investigador del Think tank Horizontal.
En la misma línea, José Francisco Lagos, del Instituto Res Pública, dice que la principal incógnita es "cómo se va a financiar este nuevo sistema, si será a través de impuestos generales o a través de un impuesto específico a los egresados, porque lo que es claro, es que el mecanismo no alcanza a financiar lo que realmente cuesta la educación superior".
A juicio de la economista y directora de evidencia de Pivotes, Elisa Cabezón, la propuesta aumenta el gasto público. En su cuenta de X señaló que implicará costos en condonar parte de la deuda actual, en el beneficio tributario a quienes pagaron y en el propio financiamiento del nuevo mecanismo.
"Son recursos públicos que se pueden usar en otras prioridades como seguridad, educación escolar, salud, pensiones...", escribió.
Pero el financiamiento no es lo que más parece preocupar. Al menos a quienes se desempeñan en universidades. Y es que entre ellos se repite la inquietud por la posibilidad de que -ante la exención del pago de aranceles para el 90% de menores ingresos de quienes estudien con este sistema- estos terminen fijados y constituyendo menos ingresos de lo que realmente cuestan las carreras en algunas universidades.
Pablo González, profesor de Ingeniería Industrial de la U. de Chile, y director del Centro de Sistemas Públicos (CSP) de la misma unidad académica, explica que el análisis debe tomar en cuenta lo que ocurre con la gratuidad, porque es parte del mismo esquema.
"Se sigue con un sistema que compra el mercado que se desarrolló, con algunas regulaciones adicionales que tienen que cumplir las instituciones, pero que finalmente son bajas. Y claramente hay una regulación de aranceles que paga lo que hacen algunas instituciones, pero no paga la calidad de otras instituciones", sostiene.
La economista Cecilia Cifuentes también pone un énfasis en lo que podría ocurrir con los aranceles. "Lo que está planteando el Gobierno es en la práctica una fijación de aranceles para las universidades, al establecer cuánto tiene que ser el costo para el 90% de los alumnos de menores ingresos".
En esa línea, sostiene que "hay un tema muy complejo, en términos del tipo de universidades que se está fomentando con esto: universidades de bajo costo y por lo tanto también de menor calidad". Explica, así, que es "tremendamente negativo para universidades no estatales de excelencia. Esas universidades van a tener que optar por bajar la calidad o simplemente no aceptar alumnos con CAE, porque no se van a poder financiar".
Andrés Barrios, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Uandes conincide. Y explica: "Fijar aranceles para el 90% de menores ingresos del país podría resultar en un sistema de educación superior más segregado en el que surjan instituciones especializadas en estudiantes del 10% de mayores ingresos y otras para el resto".
Mientras, Esteban Viani, académico y economista Universidad Autónoma señala que "la duda es respecto a si este arancel de referencia se va a recalcular, porque el problema sería que las universidades más caras pueden quedar fuera de este financiamiento y, por lo tanto, la calidad se le aseguraría a aquellos que pudieran pagarla, que esto iría totalmente en contra del sentido que el gobierno tiene al implementar esto".
En tanto, Santiago Montiel, de Horizontal, también recalca lo de los aranceles. "Nos preocupa la extensión del mecanismo de fijación de aranceles al FES; este mecanismo está desfinanciando el sistema de educación superior y extenderlo agrava el problema, en vez de solucionarlo", señala.
Rector UDD: "La fijación de aranceles está asfixiando"
El rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, dice tener dos dudas. Una, apunta a "por qué se pretende profundizar la lógica de la gratuidad si los rectores adscritos a esta se quejan de que el mecanismo de fijación de aranceles los está asfixiando cada vez más, porque no reflejan los verdaderos costos de las carreras".
"En su momento -explica- hubo quienes advertimos de los problemas que esa mala política pública iba a traer para la sustentabilidad del sistema como un todo y el tiempo nos dio la razón. Insistir con más de lo mismo, solo puede obedecer a un voluntarismo muy peligroso".
Otra, explica, "es si alguien cree de verdad que existe autonomía universitaria en un sistema como el planteado, en que prácticamente todo el financiamiento es estatal".
