Un duro cruce agitó las aguas luego de que la Comisión de Pesca culminara la votación particular y despachara el proyecto que fija un nuevo fraccionamiento entre el sector pesquero artesanal e industrial.
Su aprobación abrió un intenso debate entre distintos actores del sector, quienes utilizaron la tribuna de cartas a El Mercurio para expresar sus posturas.
Las declaraciones cruzadas enfrentó a pescadores industriales, respaldados por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), con representante de la pesca artesanal, evidenciando diferencias profundas sobre el futuro del recurso jurel y las implicancias económicas y laborales que conlleva.
Por un lado,
Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), junto a su vicepresidenta,
Susana Jiménez, advirtieron sobre los riesgos que el proyecto traería para la industria.
En una carta titulada "Fraccionamiento de la pesca", señalaron que "el país requiere condiciones habilitantes para recuperar la senda de crecimiento económico", y entre esas condiciones mencionaron "señales de certeza jurídica para la inversión".
A su juicio, el proyecto "cambia drásticamente las reglas del juego" y afecta los compromisos asumidos por el Estado de Chile hace una década.
Mewes y Jiménez enfatizaron que el fraccionamiento del jurel podría dejar en "total desprotección" un recurso clave para el consumo humano, poniendo en peligro "los puestos de trabajo de miles de familias" y afectando a una industria alimentaria fundamental para Chile.
Además, subrayaron que "mayor incerteza jurídica" en este ámbito generaría efectos negativos para el clima de negocios, lo que -a su juicio- impactaría la inversión y el crecimiento económico en general.
En respuesta a estas afirmaciones, Hernán Cortés, vocero de la Alianza por la Defensa de la Pesca Artesanal, cuestionó las posiciones de Mewes y Jiménez, destacando que el proyecto de fraccionamiento no solo es necesario, sino también beneficioso para el sector artesanal.
"Lamentamos observar una vez más la soberbia de la cúpula empresarial", señaló Cortés en su carta, y enfatizó que "la mayor generación de empleo en Chile corresponde a las medianas y pequeñas empresas, que en este sector somos los pescadores artesanales".
Cortés también desafió la visión de los industriales sobre el clima de negocios, invitándolos a visitar las caletas de Chile y conocer el entusiasmo de los pescadores artesanales ante el nuevo fraccionamiento.
"Un mayor fraccionamiento de pesca para artesanales significa más progreso y más empleos para Chile", argumentó, y recordó que la indicación para fraccionar el jurel fue aprobada por una amplia mayoría en el Congreso.
Sin embargo, Cortés recibió la respuesta de los representantes del sector industrial.
Por la misma vía, Juan Carlos González, presidente del Sindicato Interempresas de Patrones de Pesca Industrial del Biobío, junto a Eric Riffo y Hugo Roa, presidentes de sindicatos del sector, manifestaron que "hablar de pesca no es sencillo", y criticaron la postura de Cortés, a quien acusaron de desconocer el impacto del fraccionamiento en la industria del Biobío.
González y sus colegas defendieron la calidad del empleo en el sector industrial, afirmando que "el empleo industrial es formal y de calidad", mientras que el empleo artesanal "es todo lo contrario".
Según ellos, el fraccionamiento propuesto afectaría gravemente a la región del Biobío, que perdería "el 77% de lo que se fracciona en favor del sector artesanal". Además, señalaron que el 80% de la captura industrial de jurel se destina a la producción de alimentos para personas.
Por último, destacaron que la infraestructura necesaria para garantizar la trazabilidad y la calidad del jurel procesado es inexistente en el sector artesanal, lo que afectaría el abastecimiento y la calidad de los productos pesqueros.
"Regiones como Valparaíso, Maule, Ñuble, La Araucanía y Los Lagos tampoco tienen la infraestructura para procesar el jurel de manera adecuada", afirmaron.
