Como jefe de Dipres en 2002: Marcel subestimó el impacto fiscal del recién creado CAE

En 2002, el gobierno de Ricardo Lagos propuso el el sistema de Crédito con Aval del Estado (CAE). En su tramitación legislativa debió acompañarlo de un documento -el informe financiero o IF- en que se proyectaba cuál sería el impacto que ese nuevo instrumento tendría para las cuentas fiscales.

Mario Marcel era el jefe de la Dirección de Presupuestos (Dipres), y por lo tanto, responsable del informe.

En un documento de tres páginas, con su firma, Marcel decía que "es posible realizar una simulación respecto al eventual impacto fiscal que tendrían las garantías estatales de estos créditos. Para el año 2003 y 2004, esta medida no tendrá costo fiscal, ya que durante el 2004, los alumnos que egresaron el 2003, tendrán derecho a 1 de gracia. En estado de régimen, alrededor del 2015, y suponiendo un escenario en que la cobertura de este sistema fuera de un 25% y la morosidad de los estudiantes respecto de sus créditos fuera de un 30%, el costo fiscal anual de honrar estas garantías sería de $12.593 millones de 2022". Se sumaba un componente de ahorro.

El Mercurio consultó directamente a la Dipres si acaso las proyecciones y supuestos contenidos en ese IF de 2002 estuvieron acertados. La entidad que dirige Javiera Martínez y que depende de Marcel, actual ministro de Hacienda, respondió que no se referirían al tema.

"Ese informe de 2002 quedó rápidamente obsoleto", dice Harald Beyer, académico de la Universidad Católica y ex ministro de Educación en el primer gobierno de Sebastián Piñera.

"Por un lado, la cobertura aumentó rápidamente y muy rápido hubo que instalar el subsidio a la tasa de interés que en ese informe no estaba incluido. Además, la mora fue más alta de lo que se esperaba, en parte porque al principio había muchos desertores (...). Por eso que el proyecto de 2012 que reemplazaba al CAE establecía, igual que el de ahora, una retención por parte del empleador de las cuotas. De haberse aprobado, estaríamos gastando bastante menos", agregó.

"Las proyecciones que se hicieron para el proyecto original del CAE no se cumplieron y el gasto fiscal ha superado con creces las estimaciones", comentó Gabriel Ugarte, investigador del CEP.

Ante una solicitud de El Mercurio, Matías Acevedo, investigador del CIES UDD y ex director de Presupuestos con Piñera II, calculó la desviación entre las proyecciones de IF de 2002 y cómo se materializó el costo fiscal (ver infografía).

"El Informe Financiero (de Marcel de 2002) tenía buenas intenciones, como aquella que los créditos los iba a comprar el Estado y luego los vendería en el mercado a través de bonos securitizados", indica Acevedo.

Cree que fue un error subestimar los riesgos asociados a esas potenciales operaciones de créditos securitizados. "No fue viable políticamente y el costo de eso fueron $481.036 millones anuales adicionales respecto del IF original", indica Acevedo.

"La activación real de las garantías fueron un 50% superior a las estimadas", agrega.

"Una parte de los errores de estimación se debieron a que no consideraron las restricciones políticas que hoy sí conocemos", concede Acevedo.

Una crítica creciente al IF de 2024 para el sistema FES, que el gobierno de Gabriel Boric propone para reemplazar al CAE, es que contiene supuestos de escasa claridad.

Ugarte dice que "para asegurar que este nuevo sistema sea sostenible fiscalmente, es importante conocer todos los supuestos que están detrás de las estimaciones del Ejecutivo, que en algunos casos parecen ser optimistas".

En un análisis del IF recién presentado, Harald Beyer se detiene en que "aparecen subiendo los ahorros por beca de arancel. Es difícil de entender. El ahorro por gratuidad es algo artificial, porque más allá de las proyecciones, no es evidente que hubiese comenzado a operar la gratuidad para el séptimo decil en ese momento. Ambos son desembolsos que no puedes recuperar y, por tanto, están sobre la línea". Dado que el CAE "es relativamente caro", es posible que con el FES se genere ahorro fiscal, pero sería "más modesto".

Los especialistas sugieren que Dipres incorpore escenarios de riesgo en su evaluación. Ese ejercicio permitiría un análisis más integral, dice Ugarte.

Acevedo lo ejemplifica: "Que la cobranza pase de los bancos al SII y Tesorería no es ninguna garantía; está sujeto igual a riesgos políticos".

A juicio de este ex-Dipres, "el IF actual está construido para cumplir la promesa de que sea fiscalmente neutro. Aprendamos del pasado, el riesgo de desvíos es alto y debemos estar conscientes de ello al legislar".