Una dura disputa inmobiliaria se vive en Estación Central. Esto porque seis proyectos de departamentos se encuentran paralizados. Las familias están a la espera de sus viviendas y la empresa -Grupo Biba- exige que los edificios sean recibidos por la municipalidad. Se trata de un desacuerdo que tendrá que resolver la Seremi de Vivienda de la Región Metropolitana.
Los proyectos en cuestión equivalen a 4.000 departamentos, según información publicada por El Mercurio. De ellos, 1.209 están terminados y a la espera de ser entregados desde 2021. Tres de ellos son proyectos terminados, y los otros tres están en etapas más tempranas de avance, aunque con los mismos problemas de tramitación.
En cada uno de los casos, no obstante, existió una modificación de los permisos de edificación, y a raíz de eso, la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la comuna no ha dado las autorizaciones. La institución edilicia alude a "incumplimientos normativos" por parte del
Grupo Biba, vinculado a Francisco Bascuñán, Armando Ide, Daniel Bossoney y Marcelo Aste; que tiene los proyectos Scotto, Recreo y Amengual, todos en Estación Central.
En un inserto, la compañía señaló que la Contraloría General de la República (CGR) les ha dado la razón en que "las modificaciones de permiso para los proyectos Federico Scotto y Amengual se encuentran ajustadas a derecho y al permiso de edificación". Y aseguran que la municipalidad "se ha negado a acatar".
Se trata de edificios de viviendas sociales, residenciales y uno mixto entre hotel y residencial, apunta el medio citado. Las consecuencias de lo que ocurre serían, según la compañía, viviendas sin entregar a familias que ya habían comprado departamentos y accedido a créditos hipotecarios; el despido de 4.500 trabajadores; y efectos económicos sobre la empresa.
Sus estimaciones apuntan a US$150 millones la inversión total paralizada, y el costo que han significado los bienes sin vender, intereses y lucro cesante representa otros US$80 millones.
"Hay personas que tienen sus promesas de compra, hay bancos que han cambiado las condiciones, lo que suma incertidumbre sobre si las respetarán dado el retraso en la entrega, ya que los precios han cambiado desde 2021", señalaron desde la inmobiliaria a El Mercurio.
"La Contraloría declaró que los edificios que estaban pendientes debían ser recibidos", dijo el abogado del grupo, David Cademartori. Asimiso, apuntó que este ya es el tercer dictamen desde CGR, y habiendo conversado con la municipalidad la semana pasada, la DOM le habría "confirmado expresamente que ellos van a desacatar el dictamen".
La posición de la Municipalidad y el rol de la Seremi
Desde la Municipalidad de Estación Central respondieron señalaron a El Mercurio que el inserto "contiene varias imprecisiones, ya que las edificaciones que no tienen recepción final es porque, o no la han solicitado, o tienen incumplimientos normativos".
Asimismo, sostuvieron: "La municipalidad revisará las solicitudes actuales y futuras a la luz de lo señalado por CGR en su último dictamen".
Los proyectos en cuestión comenzaron su desarrollo entre 2014 y 2015. Según explicó el abogado de Grupo Biba, los edificios se construyeron en base a normativas que les permitían tener una altura libre, vale decir, la cantidad de pisos que quisieran, y que se podrían adosar al deslinde en un 100%.
Pero del proyecto inicial se hicieron modificaciones por parte de las inmobiliarias, de modo que necesitaron permisos nuevos, que consideraban cambios en la altura y en la distribución del adosamiento, comentó Cademartori. "Son esas modificaciones las que la municipalidad no ha querido aceptar, pero los cambios en la estructura ya se realizaron".
Según la Seremi de Vivienda, Carolina Casanova, "existen cuatro proyectos ingresados por el municipio respecto de la legalidad de la recepción final". Con ello en cuenta, explica que ingresaron una consulta a la Contraloría, porque "teníamos un permiso original que era ilegal y que está en estos cuatro casos (...). Estos fueron entregados con una ilegalidad normativa urbanística por la Dirección de Obras Municipales de Estación Central entre 2016 y 2018".
"El permiso original no se condice con lo que se ejecutó, y en este terreno gris tuvimos que consultarle a la Contraloría, porque en estricto rigor, la ley que habilitaba construir edificios con este tipo de agrupamientos no existe", sostiene la autoridad.
En la misma línea, explica que la institución a su cargo analiza si, de acuerdo a las normas urbanísticas específicas que le indicó Contraloría en su dictamen, la envergadura de la modificación de cuatro proyectos es más permisiva, y si esas modificaciones se desvían de lo inicial. "Como seremi no dictamos resoluciones de reemplazo, lo que decimos es qué debe hacer la Dirección de Obras, y ella obrará en consecuencia de eso", asegura.
En relación al tiempo que puede tardar esta resolución, Casanova indica que hoy trabajan en el análisis exhaustivo para resolverlo cuanto antes: "Estoy trabajando para que sea este año, ese es mi objetivo (...). No queremos dejar en incertidumbre ni a la inmobiliaria, ni a las familias, ni a Estación Central".
"Convenio ilegal"
Desde Biba alegan que "es sorprendente que la municipalidad no quiera acatar un dictamen de la Contraloría, ya que por ley orgánica constitucional los funcionarios están obligados a eso. Que la municipalidad no haya querido aceptarlo, al margen de la discusión jurídica, es un tema político".
Al respecto, en el inserto, la empresa denunció ser "víctima" de un convenio entre Estación Central y Recoleta, acuerdo que ya habría sido "declarado ilegal por la Contraloría General".
Cademartori profundiza en que esta fue una colaboración que incluyó traspaso de funcionarios de confianza entre ambos municipios, que se materializó alrededor de 2021, entre el entonces alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y el recién asumido alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, reelegido la semana pasada.
Como contexto, agrega, interpusieron una denuncia por responsabilidad funcionaria contra la Municipalidad de Estación Central por este "convenio ilegal promovido desde la Municipalidad de Recoleta". A partir de dicho convenio habrían designado a un director de obras, Juan Hernández, quien "paralizó resoluciones manifiestamente injustas", y que fue removido tras el dictamen de Contraloría.
