Inevitablemente, la débil situación económica que atraviesa el país ha permeado la discusión del Presupuesto 2025. Esto, ante la inquietud de que no se logre recaudar lo que el Ministerio de Hacienda calcula. En un comienzo, la cartera liderada por Mario Marcel propuso un crecimiento del gasto de 2,7%.
Pero la cifra fue vista con distancia, particularmente por la oposición. Tras la cifra del Imacec, que fue de 0% en septiembre, las máquinas de ambos lados se pusieron en marcha y llegaron a un acuerdo que se selló ayer, para reducir el gasto del próximo año en US$600 millones.
En lo concreto, el acuerdo contiene 5 puntos centrales. Una de las preocupaciones parlamentarias estaba ligada a las proyecciones de los ingresos fiscales. Y es justamente eso lo que aborda el primer apartado. Se pactó contar con la asistencia técnica de un organismo internacional especializado, que pueda revisar y actualizar los modelos que busquen anticipar las entradas para el fisco.
El segundo punto es el que aborda el ajuste presupuestario. El Presupuesto de 2025 se reducirá aproximadamente US$600 millones ($543.539 millones), con lo que el aumento del gasto quedará en 2%. Según el acuerdo, el ajuste se realizará, "en la forma de una rebaja de los subtítulos correspondientes a gastos operacionales y transferencias de capital en un porcentaje parejo, más el Tesoro Publico".
Esta rebaja -considerando la crisis por la que atraviesan algunos sectores- "excluirá a los servicios de salud, las policías de Carabineros e Investigaciones, Gendarmería de Chile, sistema escolar, concesiones y subsidios de vivienda".
El tercer eje, que está relacionado con la actualización de ingresos, gastos y balance fiscal, establece que en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al primer trimestre de 2025, se actualizará la proyección de ingresos efectivos y estructurales del gobierno central, considerando la recaudación efectiva de 2024.
El cuarto eje tiene relación con el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). Este corresponde a una fuente adicional de financiamiento para los gobiernos, que suele utilizarse para situaciones excepcionales o cambios drásticos en la economía. Algunos economistas lo describen como un "colchón". La discusión en torno a este mecanismo se ha dado por el hecho de que, desde 2022, ha caído un 51% -desde US$7.514 millones a US$3.700 millones- y el Ejecutivo, con autorización del Congreso al discutir el presupuesto 2024, ha llevado adelante tres retiros durante este año.
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) -que asesora al Ministerio de Hacienda- propuso no permitir que se use el próximo año, si es que no existen las condiciones que lo justifican.
Con esto en cuenta, en el acuerdo se establece una recapitalización del este fondo. Además, se pactó que ante eventuales retiros desde el FEES se deberá solicitar autorización al Congreso, cuando los giros superen en el acumulado del año el 0,3% del PIB.
Por último, en el eje transaprencia, se señala que en cada informe de ejecución mensual se deberá incluir, a partir de enero de 2025, la variación de los fondos soberanos, así como la ejecución de gastos "bajo la línea".
PC no queda conforme
Las primeras negociaciones para reducir el gasto no fueron vista con buenos ojos por el oficialismo. "Quiero manifestar mi preocupación por que se busque hacer recortes en personal y terminen pagando el plato roto las personas", dijo a El Mercurio ayer la diputada Gael Yeomans (FA). Hasta ese momento, la caída del gasto llegaba a los US$500 millones.
Pero el acuerdo al que finalmente se llegó ha sido recibido positivamente por las líneas del Gobierno. Para el diputado Jaime Naranjo (PS) -de la Comisión Mixta de Presupuesto- permite pasar "de un ánimo de confrontación que partió la discusión presupuestaria a un espíritu de acuerdos que siempre es bueno tener en este tipo de materias tan delicadas".
Destaca, además, que no se afecten sectores y recursos clave, como salud, educación, vivienda, seguridad y obras públicas. Esto, "va a permitir continuar pagando la deuda social que tiene el país", explica.
El diputado Jaime Sáez (FA) también tiene una mirada positiva. "Permite viabilizar la discusión presupuestaria en sus siguientes trámites", destaca. Y apunta: "Es relevante el planteamiento sobre una nueva metodología para estimar los ingresos fiscales, con la asesoría externa que se va a encargar a un organismo internacional".
Desde el PC quedaron menos conformes. El diputado Boris Barrera asegura que "a nosotros nos preocupa. Primero por afecta el funcionamiento del Estado. Y cuando afecta el funcionamiento del Estado está afectando indirectamente a la calidad de vida de todos los chilenos".
Agrega, además, que "lo que más preocupa es la actitud que ha tenido la derecha al enfrentar este Presupuesto. Debido a la configuración que hay en la Comisión Mixta -que no es una mayoría la que tienen-, pero con la cantidad de parlamentarios logran un empate. Y el empate en la Cámara hace que se rechace cualquier cosa que queramos votar".
El recorte, destaca además, "dice relación con la exigencia que le hace la derecha después de esuchar al CFA, que dicho sea de paso, hay que decirlo, llevaron casi como asesor de RN al vicepresidente del CFA". "Nos preocupa de gran manera", sostiene.
