Banco de China. Imagen referencial.
El Mercurio
Un tribunal de la ciudad china de Jinan, en la provincia de Shandong (este), condenó este martes a pena de muerte conmutada por cadena perpetua al expresidente del Banco de China, Liu Liange, por aceptar sobornos.
La corte señaló que Liu fue condenado a muerte con una suspensión de dos años. La pena de muerte conmutada es un procedimiento común en el sistema judicial chino, y significa que esta se suspenden -en este caso- por dos años, para luego evaluarse según la conducta del condenado.
Así, por ahora, Liu fue castigado con cadena perpetua, por
"aceptar sobornos por valor de más de 121 millones de yuanes (unos US$17 millones) entre 2010 y 2023", recogen medios locales.
Al margen, Liu fue privado de sus derechos políticos de por vida y todos sus bienes personales fueron confiscados. Todas sus ganancias ilegales serán recuperadas y entregadas al tesoro estatal.
En febrero de este año, la Fiscalía Suprema Popular del país asiático llevó a Liu a juicio por "abuso de poder para proporcionar ayuda financiera ilegalmente, incluyendo asistencia en financiamiento de préstamos, cooperación en proyectos y arreglo de personal".
La fiscalía también acusó al banquero de "emisión de préstamos en violación de regulaciones nacionales, con una cantidad especialmente alta, causando pérdidas particularmente graves".
En octubre del año pasado, las autoridades del gigante asiático ordenaron la detención de Liu, momento en el que fue expulsado del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante).
Liu es el banquero de mayor perfil en ser investigado hasta ahora por la Comisión Central para la Inspección de la Disciplina, el poderoso órgano anticorrupción del PCCh.
También es uno de los últimos nombres dentro de la campaña anticorrupción que las autoridades chinas llevan a cabo en varios sectores, incluyendo el financiero, y que se ha saldado hasta ahora con la imputación de numerosos funcionarios de organismos reguladores y de altos ejecutivos de empresas y bancos.
Tras su llegada al poder en 2012, el actual secretario general del PCCh y presidente del país, Xi Jinping, comenzó una perenne campaña anticorrupción en la que numerosos altos cargos chinos, tanto institucionales como de empresas estatales, han sido condenados por aceptar sobornos millonarios.
Si bien esta iniciativa, uno de los programas estrella de Xi, ha destapado importantes casos de corrupción en el seno del PCCh, algunos críticos han apuntado a que también podría estar siendo utilizada para acabar con la carrera política de algunos de sus rivales.
