Esta tarde, el Congreso Nacional despachó la ley de presupuesto para el año 2025, luego de que la Cámara de Diputados y el Senado respaldaran el informe de la comisión mixta encargada de resolver las diferencias entre ambas Cámaras.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró el proceso de tramitación del proyecto, reconociendo que nos encontramos en un contexto político complejo, marcado por elecciones y escándalos.
Sin embargo, anunció que el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional respecto a ciertos aspectos aprobados en la ley, y apuntó a que el presupuesto de la nación “no es una ley ómnibus, donde se pueda incluir cualquier cosa”.
En su intervención en el Senado, Marcel afirmó: "Vamos a recurrir al Tribunal Constitucional en aquellos casos en los que tengamos la convicción de que se aprobaron glosas que se encuentran fuera del marco constitucional de la ley de presupuestos".
El ministro aclaró que el objetivo del recurso no es debatir el contenido específico de cada glosa, sino cuestionar si estas fueron aprobadas respetando el marco constitucional en cuanto a las facultades parlamentarias y ejecutivas en la formación de la ley, así como en lo relativo al objeto de la ley de presupuestos, incluidas las glosas. "El criterio no es si estamos a favor o en contra de lo que se estableció respecto de la Ley Lafkenche, los test de drogas, o una multiplicidad de otros temas", agregó el secretario de Estado.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, descartó un posible retraso en la promulgación del proyecto, asegurando que se realizará antes del 1 de enero, tal como lo establece la ley. En caso de que persista la evaluación sobre los asuntos controversiales en el Tribunal Constitucional, agregó, el presupuesto podría promulgarse en dos actos.
Tramitación
Cabe recordar que en la comisión mixta se resolvieron 18 diferencias, entre ellas, la restitución de los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior, que habían estado en riesgo debido a los posibles abusos por parte del exsubsecretario Manuel Monsalve; finalmente, se estableció un control más riguroso sobre estos gastos.
Además, se redujeron los recursos en la partida correspondiente a la Secretaría General de Gobierno, destinándose $400 millones a la Secretaría de Comunicaciones.
Desde el oficialismo, se valoró la restitución de ciertos recursos que habían sido eliminados o restringidos, como los destinados a Sercotec, Senda y la Defensoría Penal Pública. También se destacó la modificación en la restricción para la compra de tierras en pueblos originarios y la reintegración de los fondos para el Indh.
En partidos como Renovación Nacional, la UDI y Evópoli se reconoció la voluntad del Gobierno para reducir el gasto público. De igual modo, destacaron el compromiso de adquirir una asesoría internacional para que se evalúe las proyecciones de ingresos y que, conforme a ello, se realicen los ajustes necesarios al gasto.
Por su parte, la bancada del Partido Republicano en la Cámara de Diputados mantuvo una postura crítica frente al proyecto. Los diputados criticaron los acuerdos alcanzados y consideraron que se debió avanzar en recortes presupuestarios más profundos.
