Un paro en 15 ciudades del país llevarán a cabo este jueves los funcionarios del sector público en medio de las negociaciones entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público por el reajuste salarial.
La idea de la movilización es presionar para viabilizar las demandas de los trabajadores del Estado y que el Ejecutivo "cumpla sus compromisos", pero el principal objetivo es imponer su visión respecto a lo relacionado con los trabajadores a contrata.
El debate en esta materia surgió luego de que la Contraloría sorprendiera a inicios de noviembre con la dictación de una nueva jurisprudencia administrativa, que estableció que el principio de confianza legítima -de continuidad en el cargo- de los trabajadores a contrata del sector fiscal ya no será una materia de revisión del ente fiscalizador, sino de los tribunales de justicia.
Durante la gestión del anterior contralor, Jorge Bermúdez, se determinó por parte del organismo que la confianza legítima se podía argumentar ante la Contraloría luego de dos renovaciones sucesivas. Pero esto cambio en los últimos años en los casos judicializados que escalaron hasta la Cuarta Sala de la Corte Suprema. Esta resolvió que dicho principio podía ser planteado recién tras cinco años.
Así, este nuevo criterio de la contralora Dorothy Pérez dejó en manos de los tribunales de justicia estas reclamaciones, lo que generó la ira de los funcionarios públicos, quienes reclaman que esta medida los deja en la "indefensión" y urgen que el criterio se modifique.
Según señaló la semana pasada David Acuña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) al anunciar al paro, este tiene como objetivo "la estabilidad laboral, la estabilidad salarias, pero sobre todo el peligro que hoy día se genera ante la renovación del contrato de muchos, de cientos, de miles de trabajadores públicos que hoy día ven lamentablemente en riesgo sus puestos de trabajo".
"Nunca más vamos a retroceder en derechos para los trabajadores, es por esto por lo que el inicio de nuestras negociaciones (con el Gobierno) serán con movilización en las calles", subrayó.
La movilización comenzará a eso de las 11.00 horas. En Santiago, se llevará a cabo una marcha que iniciará en Santa Rosa con la Alameda.
La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, ha expuesto una visión más bien crítica respecto a este paro.
Ayer comentó que las negociaciones con el sector público comenzaran formalmente el viernes, por lo que sostuvo que "la convocatoria de un paro antes de sentarse a conversar, la verdad es que no le encuentro mucho sentido, toda vez que estas conversaciones recién se van a empezar a producir y cada vez que se paraliza existe por otra lado una ciudadanía que no puede realizar sus trámites o recibir los servicios adecuados".
Oficialismo presiona
Paralelamente, y en línea con lo que solicitan los funcionarios públicos, un grupo de diputados del oficialismo generó una presión adicional al Ejecutivo, al ingresar un proyecto de ley que busca abordar esta materia que ya ha dirimido la Corte Suprema.
Nueve diputados del bloque PS, FA y PC, liderados por el presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara, Luis Cuello (PC), ingresaron una moción que busca por la vía de un proyecto de ley interpretativo abordar la aplicación del principio de confianza legítima.
La propuesta busca reducir a dos años el plazo para la renovación automática de las contratas, periodo que es menor a los cinco años que determinó la reciente jurisprudencia del máximo tribunal.
Por ahora, el Gobierno se abstenido de ir contra el último dictamen de la contralora Pérez y avanzar en alguna modificación legal.
