"Ínfimas", "una burla", "insultantes", son parte de los calificativos que se han expresado luego de que la semana pasada comenzaran a llegar los correos eléctricos de parte de las Isapres a los buzones de los afiliados, para informar los plazos y montos de cobros en exceso que las aseguradoras empezarán a devolver a partir de diciembre.
Todo, en el marco de la controvertida ley corta que el Congreso aprobó en mayo y viabilizó el cumplimiento del fallo por tabla de factores con el que la Corte Suprema remeció a la industria.
Así, luego de que la ley corta pusiera fin a los excedentes y permitiera un alza extraordinaria de los planes de salud, inició un nuevo capítulo de esta normativa: la devolución, para la cual las Isapres tienen un plazo de 13 años, lo que se traduce -en muchos casos- en cuotas de devoluciones mensuales que no superan los $1.000, lo que ha generado la indignación de buena parte de los cotizantes del sistema.
Desde el mundo político, las críticas apuntan principalmente al superintendente de Salud, Víctor Torres, dado que fue esa entidad la que aprobó los planes de pago de las Isapres y la cual cumplió un rol fundamental en la confección de la ley.
"Era peor aún el escenario si es que no hubiese existido la ley", defendió Torres este lunes en entrevista con el Canal 24 Horas.
"Esta fue la fórmula posible. Si la ley no cumplía con la posibilidad de darle sostenibilidad al sistema, las Isapres hubiesen caído todas en intervención y hoy día estaríamos en el peor de los mundos, porque nosotros como superintendencia no tenía la capacidad para poder intervenir seis o siete Isapres de manera conjunta. Habría habido problemas en la continuidad de las prestaciones y además no se habría podido pagar la deuda", añadió.
Torres recordó que la ley establecía plazos y mecanismos para la devolución de la deuda por parte de las Isapres -que en total suma unos US$1.200 millones- los cuales fueron "evaluados por un Consejo Consultivo y finalmente por los organismos técnicos de la superintendencia entendiendo que la ley establecía esta fórmula".
Ahora bien, a juicio del regulador, as Isapres tienen la posibilidad de mejorar estas condiciones de pago, recordando, por ejemplo, el caso de Colmena, la cual pagará su deuda en 10 años y no en el máximo de 13 que establece la ley.
"Creo que (las Isapres) tienen que encontrar algunas alternativas que les permita mejorar estas condiciones, porque nada se los impide, siempre y cuando haya caja para ello, y para eso puede haber aumento de capital. Hay una serie de elementos que creo que las Isapres tienen que tratar de buscar para solucionar esto", dijo el superintendente.
"La ley dice hasta 13 años, no puede ser peor que eso, pero sí puede ser mejor", subrayó.
En cuanto a los reparos provenientes desde el Congreso, Torres señaló que "el punto que quiero tratar de entender de la crítica de los parlamentarios es que nadie pudo imaginar cómo iba a ser la bajada individual, porque nadie podría saber anticipadamente cuál era el máximo de deuda con cada una de las personas y en cuántas cuotas la iba a ofertas la Isapre".
"Hay montos que de verdad son bastante complejos y nadie imaginó que iban a haber montos de esa envergadura, por lo tanto, creemos que aquí las Isapres tienen que hacer un esfuerzo para poder mejorar aquello", insistió la autoridad.
