La decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta de revocar el rechazo del Comité de Ministros al proyecto minero-portuario Dominga equivale solo a un capítulo más de un guion que lleva casi una década y media. Y que ha derivado en dolores de cabeza al menos para tres gobiernos y en permanentes recriminaciones entre grupos ambientalistas y empresarios.
La historia de remonta a 2010, cuando Andes Iron, de la familia Délano, compró el 100% de Dominga a Minera Activa, de LarrainVial, por más de US$100 millones. Tres años después, la iniciativa ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.
2017 fue uno de los años clave para la iniciativa. Comenzó, en febrero, con la recomendación de aprobar la iniciativa por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Aunque pocos días después, la Comisión Regional de Evaluación Ambiental (Coeava) de Coquimbo envió una calificación desfavorable. En la votación se registró un empate, pero el voto en contra del intendente de la época inclinó la balanza en contra de Dominga.
En mayo, Andes Iron tomó cartas en el asunto y apeló a la decisión del Consejo, ante el Comité de Ministros, que ratificó el rechazo regional. Este episodio generó una crisis en el gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet, que terminó con la renuncia de los ministros Rodrigo Valdés, de Hacienda; y Luis Felipe Céspedes, de Economía.
En específico, los titulares de ambas carteras dieron un paso al costado -al cual se sumó el entonces subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco- por las diferencias con el Ejecutivo en relación a la iniciativa. La crisis tomó forma cuando el segundo de Hacienda aludió a "decisiones apresuradas" en el rechazo de Dominga.
Esto fue apoyado por Céspedes, quien al votar en el Comité se abstuvo, argumentando no contar con tiempo para tomar una decisión con fundamentos. Más tarde, Valdés dijo que "algunos no tienen al crecimiento dentro de las prioridades más altas", con lo que quedó clara la posición del equipo económico.
En noviembre del mismo año, Andes Iron presentó una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental, para revertir el rechazo a Dominga. La instancia admitió y el recurso.
En medio de todo eso, los candidatos presidenciales de la época se veían en la obligación de pronunciarse acerca del proyecto. En abanderado Alejandro Guillier, por ejemplo, de la Nueva Mayoría, calificó como "una brutalidad" y un "escándalo" que los secretarios de Estado hayan dicho no a la iniciativa.
Mientras, quien terminaría regresando a La Moneda -Sebastián Piñera- afirmó que el rechazo a Dominga no respondía a una preocupación por el "medio ambiente", sino que a un tema de "otra naturaleza".
Llegó 2018 y la tramitación de Dominga continuó. En abril de ese año el Tribunal Ambiental de Antofagasta falló a favor de la iniciativa y mandató retrotraer el proyecto, tras la publicación del Informe de Evaluación Consolidado (ICE). Luego, en junio, detractores presentaron seis recursos de casación ante la Corte Suprema, que en 2019 devuelve la causa al Primer Tribunal Ambiental.
En 2021 el Tribunal Ambiental anuló la votación del Comité de Ministros. Y ordenó retrotraer la decisión a la Coeva de Coquimbo. Junto con ello, entregó una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable. Llegó, así, enero de 2023. Fue aquí cuando los actuales ministros -liderados por la titular de Medio Ambiente, Maisa Rojas- rechazaron el proyecto, resolución que terminó siendo calificada como "ilegal" por el Tribunal.
Cabe destacar que el Presidente Gabriel Boric -como candidato- siempre se mostró contrario al proyecto Dominga.
"Destruiría uno de los ecosistemas marinos más importantes que hay en América Latina. (...) tenemos que avanzar en un nuevo tipo de desarrollo, que conviva armoniosamente con nuestro medio ambiente, que respete a los ecosistemas y no que los destruya", escribió en una de sus publicaciones en agosto de 2021. "Desarrollo sí, pero no a costa del futuro. ¡No a Dominga!", agregó.
Su posición estuvo en línea con las de otros candidatos presidenciales que se ubicaban en la oposición en 2021, como Yasna Provoste, de la DC, quien señaló que la iniciativa "afecta de manera irreversible una de las zonas de mayor valor ecológico del país"; o la de la precandidata Paula Narváez (PS), quien sostuvo: "Esto no es progreso, es el comienzo de una nueva zona de sacrificio".
Lo que viene
En lo inmediato, el Comité de Ministros debe volver a votar el proyecto en un plazo de 15 días, atendiendo a los parámetros de la sentencias, según estableció el tribunal. En todo caso, el procedimiento podría dilatarse. Es que si se presentan recursos en contra del fallo los secretarios de Estados tendrán que esperar a que eso se resuelva.
Esto podría ocurrir, toda vez que organizaciones ambientales ya han manifestado su preocupación en torno a la sentencia. Greenpeace, por ejemplo, indicó que "en conjunto con otras organizaciones ambientales agrupadas en la Alianza Humboldt, la ciudadanía y las comunidades, seguiremos trabajando para mantener a salvo esta zona, y exigir el cumplimiento de nuestra legislación y estándares ambientales".
Alejandra Donoso, directora de Defensoría Ambiental, en tanto, fue más directa, y anticipó que presentarán "las acciones correspondientes ante la Corte Suprema para solicitarle que revise la decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que lamentablemente no se ajusta a derecho". ONG Fima también presentaría un recurso.
Desde el Gobierno, en tanto, han reaccionado con cautela. Esto, considerando que el Tribunal Ambiental de Antofagasta fue duro en sus críticas: calificó de "ilegal" la resolución, señaló que se infringieron "los principios de imparcialidad y confianza legítima" y que la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, debió haberse inhabilitado, como lo había hecho el ministro de economía, Nicolás Grau, en otra ocasión.
En ese contexto, la titular aludida se limitó a declarar que "respetamos las decisiones de otro Poder del Estado. Hay que considerar que esta es una decisión que aún puede ser revisada por la Corte Suprema y que no podemos referirnos al fondo del asunto por ser un proceso pendiente".
Mientras el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseveró que "esto lo que muestra es que la institucionalidad de todas maneras funciona". En tanto, el titular de Economía defendió al Comité, señalando que "nosotros siempre, el 99% de las votaciones que hemos hecho el Comité de Ministros, hemos votado de acuerdo a lo que sugiere el SEA. En esta (Dominga) también fue así".
"Preocupante demora"
Dominga se ha convertido, de algún modo, en uno de los símbolos de la permisología. Es por eso que la decisión de hoy, que anuló por "ilegal" la resolución del Comité de Ministros contra el proyecto, generó respaldo desde el mundo empresarial e incitó a muchos a hablar de reformar.
"Más que en términos de judicializacion, lo preocupante es una vez más la significativa demora en al aprobación de proyectos, lo que da cuenta de la urgente necesidad de reformar el sistema y revisar la mantención del factor político", dice Rosa Fernanda Gómez, académica de derecho administrativo de la Universidad de los Andes.
Agrega, asimismo, que "hay una reforma en ciernes, la cual es bastante ambiciosa. Con todo, una reforma debiera estar orientada a simplificar los procesos y fortalecer la obligación de coordinación entre los diversos servicios públicos involucrados".
